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Manuel Llamas

El plan de Pablo Iglesias para comprar millones de votos

Podemos pretende disparar el número de prestaciones por tres vías diferentes para lograr el ansiado voto cautivo, al más puro estilo peronista.

Manuel Llamas
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Podemos pretende disparar el número de prestaciones por tres vías diferentes para lograr el ansiado voto cautivo, al más puro estilo peronista.

De todos es sabido que uno de los grandes objetivos que tenía Pablo Iglesias a la hora de entrar en el Gobierno era hacerse con el codiciado control de la Seguridad Social. No es ninguna casualidad. Su objetivo no era otro que poder gestionar el pago de más de 10 millones de pensiones, siendo éste, además, un colectivo en el que su partido tiene poco predicamento. El objetivo, evidentemente, era contentar a los jubilados, uno de los grupos demográficos más nutridos del país, con falsas promesas de revalorizaciones imposibles para hacerse un hueco entre el electorado de mayor edad.

Tanto es así que la anterior cartera de Empleo, en la que se insertaba la Seguridad Social, fue una de las principales exigencias del líder morado a Pedro Sánchez para conformar la actual coalición de Gobierno. Lo que no se podía esperar entonces es que el presidente, en una hábil jugada tras cerrar el acuerdo con Podemos, dividiría el Ministerio en dos, Trabajo por un lado y Seguridad Social por otro, para que el ansiado organismo se mantuviera en manos del PSOE.

Esta treta, sin embargo, no ha impedido que Iglesias ponga en marcha su particular plan de compra masiva de votos. Su modelo no es original ni novedoso, puesto que se ha aplicado en numerosos países y en múltiples ocasiones a lo largo de la historia, pero sí constituye una peligrosa deriva en el actual contexto político al abrir de par en par las puertas del populismo en España. La estrategia consiste en generar una población cada vez más dependiente del Estado para, de este modo, captar votos.

No en vano, si los ingresos de una familia pasan a depender de la voluntad de un determinado partido, no sólo es mucho más fácil convencer a sus miembros de las bondades de tu proyecto, sino que, igualmente, resulta sencillo blandir la amenaza de que el oponente político te dejará sin sustento en caso de vencer en las urnas. Los ejemplos de Andalucía, Extremadura o Asturias, tradicionales feudos socialistas, donde una parte muy sustancial de la población depende del empleo público y el cobro de prestaciones de diversa índole, evidencian que el sistema clientelar funciona desde el punto de vista político, cosa distinta es que sea ruinoso para la economía y la prosperidad. Lo que pretende ahora el Gobierno de PSOE y Podemos, siendo Iglesias su principal impulsor, es implantar dicho modelo a nivel nacional.

El primer pilar ya está en funcionamiento. El Ingreso Mínimo Vital ha sido aprobado esta semana por unanimidad en el Congreso. Se trata de una nueva prestación a cargo de la Seguridad Social que, en la práctica, viene a sustituir a las rentas mínimas de inserción que las comunidades autónomas venían abonando desde hace lustros. Esta paga, situada entre los 460 y 1.015 euros al mes, se extenderá a cerca de 850.000 hogares, unos 2,3 millones de personas, y costará más de 3.000 millones de euros al año, según las estimaciones iniciales del Ejecutivo. Esto supone multiplicar casi por tres los 290.000 perceptores que, hoy por hoy, cobran la renta mínima, así como duplicar la factura presupuestaria destinada a su financiación.

El segundo pilar es el que acaba de anunciar la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consistente en reformular el subsidio de desempleo para aumentar de forma significativa tanto su cuantía como el número de beneficiarios. Actualmente, lo cobran unas 980.000 personas, pero la rebaja de los criterios de acceso que propone Podemos junto con el fuerte incremento del paro que traerá la crisis del coronavirus acabarán engordando este colectivo.

Y el tercer pilar será la reforma de las prestaciones de paro, ideada también para incrementar su cobro y duración, incluyendo, además, incentivos perversos a la hora de buscar empleo. La prestación contributiva del paro la reciben hoy 3,5 millones de personas, pero su número seguirá creciendo en los próximos meses.

En total, un mínimo de 7 millones de personas cuyo mantenimiento pretende arrogarse Podemos. Esta es la "justicia social" que quiere implantar la izquierda española, una gran red clientelar de gente dependiente de las paguitas del Estado y que, fruto de los desincentivos para trabajar y las enormes trabas impuestas a la creación de riqueza y empleo, tendrán que agradecer su maltrecha subsistencia a la bondad del amado líder con su voto, sin posibilidad de labrarse un futuro por sus propios medios.

Es lo mismo que lleva haciendo el peronismo en Argentina desde hace décadas, donde más del 40% de la población recibe dinero del Estado, o lo que hizo Hugo Chávez al llegar al poder en Venezuela con sus misiones y cartillas de racionamiento, con los desastrosos resultados por todos conocidos. El proyecto político de este Gobierno se resume en pobreza y sumisión.

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