Hace algunas semanas, la Comunidad de Madrid anunció un programa de más de 30 medidas orientadas a relanzar la economía tras la crisis del coronavirus. Entre los cambios anunciados figuran medidas llamadas a replantear el urbanismo a base de flexibilizarlo.
Como adelantó la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso en los micrófonos de esRadio, uno de los puntos más mediáticos del plan de recuperación fue el anuncio de la eliminación de licencias y su sustitución por declaraciones responsables. En la misma línea va otra propuesta que adelantó Libre Mercado y que consiste en permitir los cambios de uso semiautomáticos: bastará con la declaración pertinente para, por ejemplo, convertir una vivienda en oficina o un edificio hotelero en un bloque residencial.
Pero la CAM no es la única que ha decidido combatir la crisis con medidas de flexibilización económica: también la Junta de Andalucía ha anunciado diversos cambios normativos orientados a desregular los mercados y eliminar trabas o restricciones innecesarias. Un ejemplo lo tenemos en el llamado Bonillazo, un decreto ley que elimina de golpe 130 trabas burocráticas.
En el marco de la estrategia de mejora regulatoria, el gobierno de PP y Cs, aupado en el Parlamento regional por Vox, ha adoptado una reforma de calado que afecta a la legislación urbanística en la medida en que rectifica la Ley de Ordenación vigente en la comunidad sureña. Hasta ahora, edificar en suelo rural no urbanizable o en suelos de especial protección requería que los planes urbanísticos recogiesen expresamente los usos y actos posibles.
Sin embargo, desde la aprobación del decreto ley, la situación se ha invertido y, cuando se trata de suelo no urbanizable, solo queda vetado aquel desarrollo constructivo que el planeamiento vigente haya prohibido de forma expresa. Algo similar ocurre con el suelo no urbanizable de especial protección: se permitirá toda construcción y desarrollo, salvo el que vaya contra el nivel de conservación de cada zona.
Cambio de paradigma
La burocracia asociada a los informes medioambientales pasa ahora a mejor vida puesto que, al darse el "OK" a la construcción sin pasar por planes urbanísticos, ya no será preciso contar con esa evaluación que, en la práctica, ha servido para detener y frenar el desarrollo del sector inmobiliario en espacios donde su despliegue parecía más que sensato.
Es curioso que, desde la oposición política y mediática, se ha denunciado que esta medida "liberaliza el suelo" o supone "un urbanismo a la carta", puesto que fueron precisamente las voces de la izquierda las que afirmaron en la pasada crisis económica que la burbuja inmobiliaria había sido provocada por un exceso de libertad económica en dicho ámbito. En efecto, las críticas que ahora recibe la Junta demuestran que tales quejas no se sostenían en base a la realidad legislativa, que apenas doce años después empieza a ser modificada y revisada.
El gobierno que encabeza Juanma Moreno ha recordado que la ley urbanística vigente data del año 2007, al igual que los planes de desarrollo vinculados a tal norma. En este sentido, la Junta sostiene que el marco recientemente modificado suponía "una planificación obsoleta" que no se ajustaba "a las necesidades que demanda la realidad social y económica".
Así, el gobierno del cambio apunta en el decreto ley que ha permitido estos cambios que "mantener que los planes deben recoger expresamente los usos y actos del suelo en el suelo no urbanizable" no es más que "una incoherencia" propia de "una visión alejada del interés general que debe presidir la ordenación del territorio y el urbanismo como funciones públicas". Así, "la única solución inmediata aboca en prohibir sólo los usos y actos que así lo estén expresamente en el planeamiento y para el caso del suelo no urbanizable de especial protección, que sean incompatibles con el régimen de protección".
Según el texto aprobado por el gobierno regional, "la propuesta contribuye al desarrollo rural en el contexto de la crisis económica sobrevenida al brote de coronavirus sin comprometer los valores del suelo que se encuentran protegidos, al permitir la implantación de nuevas actividades productivas con capacidad para diversificar la economía y generar empleo en el medio rural".