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Daniel Rodríguez Asensio

La pugna del gobierno de Sánchez contra el libre mercado

Asegurar los ahorros y depósitos de millones de ciudadanos en un momento de máxima gravedad no es prioritario, mientras que salir al rescate de empresas que no encuentran una solución viable parece indispensable.

Asegurar los ahorros y depósitos de millones de ciudadanos en un momento de máxima gravedad no es prioritario, mientras que salir al rescate de empresas que no encuentran una solución viable parece indispensable.
Pablo Iglesias y Nadia Calviño en el Congreso. | EFE

La economía española está sumida en un letargo peligroso e irresponsable por partes iguales. En esta semana nuestro país, además, ha perdido su principal baza para los próximos meses: la presidencia de Nadia Calviño en el Eurogrupo, con las consiguientes consecuencias en términos de negociación de los fondos de rescate europeos y a condicionalidad asociada.

Vaya por delante que me hubiera gustado que una española preparada, con experiencia y capacidad demostrada de gestión a nivel nacional e internacional liderara el Eurogrupo. Pero también hemos de entender las reticencias que levante en nuestros socios europeos, especialmente los más ortodoxos, todo lo que tenga que ver lo más mínimo con el que, probablemente, sea a día de hoy uno de los 3 gobiernos más irresponsables e incompetentes de la Unión Europea: el español.

Por eso, la elección de Paschal Donohoe es el enésimo fracaso del gobierno de España, y Nadia Calviño, una víctima colateral.

Nuestros representantes políticos llegaron tarde a la crisis sanitaria y a la económica ni tan siquiera se están presentando. Asisten impávidos a sucesivas rebajas de estimaciones de crecimiento y a ver cómo España ocupa las últimas posiciones de toda la OCDE y del mundo desarrollado también en empleo y deuda pública, como si no fuera con ellos.

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Tratan de vendernos, en definitiva, relatos construidos a su imagen y semejanza para tapar su incapacidad de gestionar la peor crisis económica que vivirá nuestro país en momentos de paz.

Alemania ha rebajado el IVA al 16% de forma temporal y ha rebajado también el IRPF Y ha reducido la factura fiscal en 42.000 millones de euros. Italia también lleva a cabo reducciones en la factura fiscal (IVA incluido) por valor de 17.100 millones de euros, además de dotar de planes de reactivación a sus sectores estratégicos, Reino Unido rebaja el IVA durante 6 meses al turismo y hostelería dentro de un plan de 30.000 millones de euros para reactivar su economía... ¿Y España?

¿Qué ha ocurrido en España?

Hagamos un breve repaso de lo que ha ocurrido durante el estado de alarma:

  • Hemos superado a Grecia como país con mayor desempleo, tanto a nivel general como en términos de desempleo juvenil, con una tasa que supera el 30%.

  • Hemos dado luz verde a la tasa Google, a la tasa Tobin y al impuesto para los envases de plástico de un solo uso.

  • Hemos dejado de lado a los empresarios y generadores de empleo.

  • Hemos aprobado el Ingreso Mínimo Vital, que supone una capa de gasto adicional y consolidable de, al menos, 3.000 millones de euros anuales y supone una cuantía duplicada (ya existe en las comunidades autónomas) y desincentivadora de la regeneración del empleo.

Dicho de otra manera: España es el país europeo que menos ayudas a empresas ha concedido y el único que no ha reducido la factura fiscal de ciudadanos y empresas.

Los sucesivos planes de ayuda a sectores estratégicos se han reducido a los 100.000 millones de euros en avales aprobados en el primer paquete de medidas. Una medida que, tal y como advertimos en esta columna, es positiva aunque insuficiente. La realidad, con las cifras de paro publicadas la semana pasada, es que la tasa de paro efectiva en nuestro país ronda el 30%, hay menos empresas que en el año 2009 y la evolución del mercado laboral, siendo optimista, está más cercana a la estabilización que a una clara recuperación.

La realidad empresarial es igual de dura que en los peores años de la anterior crisis. Tanto es así que los beneficios empresariales durante el primer trimestre del año han caído un 63%, según el Banco de España, con tan sólo 15 días de confinamiento.

Y, ante una situación límite, se ven las diferencias entre los creadores y los destructores de riqueza: mientras el 65% de los empresarios quieren bajar impuestos, el poder político y su ambición extractiva abogan por subirlos.

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Y lo hacen, además, en contra de las opiniones de los expertos independientes. El propio Banco de España ha señalado, hace tan sólo unos días:

  1. Que el problema de la recaudación en España se produce por la falta de actividad económica. La recaudación a las empresas está en niveles cercanos a la media europea, y el principal diferencial se encuentra en la recaudación por IRPF y en la cotización del trabajador, es decir, en una tasa de paro estructural muy elevada.
  2. Que los únicos impuestos con margen al alza son los indirectos, especialmente el IVA, en el que España tiene el tipo efectivo más bajo de toda la UE (8,5%), pero que hay que realizar esta reforma en un período de expansión económica y no ahora.
  3. Que una subida de impuestos ahogaría aún más a las empresas y familias y agravaría la crisis.

Dicho de otra manera: España es un país con impuestos elevados y la política económica del gobierno es una arma ideológica más, y no un mecanismo para ayudar a salir de la profunda recesión en la que estamos inmersos.

Comienzan los rescates

Tal es la hipocresía de los intervencionistas y liberticidas que habitan Moncloa, que el último conejo que se han sacado de la chistera ha sido un fondo de rescate para empresas de 10.000 millones de euros. Una idea que ha partido de los mismos que llevan años criticando el mal llamado rescate a la banca.

Y es que, al parecer, asegurar los ahorros y depósitos de millones de ciudadanos en un momento de máxima gravedad no es prioritario, pero salir al rescate de empresas que no encuentran una solución viable en mercados de financiación inundados de liquidez parece indispensable.

Una de las cosas que deberíamos haber aprendido de la salida de la última crisis de Estados Unidos es la necesidad de evolucionar y mejorar nuestro tejido productivo. Los mismos que claman por cambiar el modelo productivo del país son los que lo evitan salvando empresas que, antes o después, perecerán por su demostrada inoperatividad. Un buen ejemplo lo tenemos en Abengoa, que fue rescatada ya en 2016 y ahora está ultimando una nueva inyección de fondos. La última es Globalia, cuyo rescate también está negociando el Gobierno.

El inmovilismo y el status quo son enemigos acérrimos de la innovación y la prosperidad. Cualquier empresa solvente tiene mecanismos de supervivencia suficientes como para sobrevivir, incluso en una coyuntura tan mala como la actual. Mantener puestos de trabajo de forma artificial con cargo al contribuyente es la mejor manera de seguir cercenando la productividad del país y sacar del mercado laboral a todos esos trabajadores que, lejos de protegerlos, se les está cavando la tumba que, antes o después, porque las empresas rescatadas difícilmente serán rentables si no se transforman, tendrán que ocupar.

La libertad no es elegir qué empresa hay que mantener a flote desde una mesa de burócratas y a cuáles hay que dejar caer. Más bien, se trata de permitir que sean los propios empresarios y consumidores quienes elijan con sus actos.

Desafortunadamente, hemos adulterado muchos de los principios del libre mercado. Y subir impuestos en un momento crítico para pagar el rescate de los amiguetes del gobierno es un buen ejemplo de ello.

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