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El Gobierno aprueba las acciones "de lealtad" y la identificación de accionistas

Los accionistas pueden otorgar un voto adicional por cada acción que se mantenga durante un mínimo de dos años.

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Los accionistas pueden otorgar un voto adicional por cada acción que se mantenga durante un mínimo de dos años.
María Jesús Montero, en una imagen de archivo | EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que modifica la Ley de Sociedades de Capital y busca fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas y facilitar el acceso a la financiación a estas empresas, con medidas como la introducción de acciones de lealtad, el derecho a identificar a los accionistas o la supresión de la obligación de elaborar informes financieros trimestrales.

Según ha informado la ministra portavoz María Jesús Montero, se trata de una transposición parcial de la directiva comunitaria 828/2017, que cuenta con el informe del Consejo de Estado y de la que ya fue informado el Consejo de Ministros en primera vuelta el pasado mes de marzo.

Su objetivo es mejorar el buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en la Unión Europea y aumentar sus posibilidades de financiación en el largo plazo, lo que "va a contribuir a sostener el crecimiento económico, así como la creación de empleo y de valor para el conjunto de las sociedades", ha asegurado Montero.

Para ello, el proyecto de ley, que será remitido a las Cortes Generales, introduce modificaciones en el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en España. Para reforzar la vinculación a largo plazo de los accionistas, el proyecto introduce las denominadas "acciones de lealtad", de manera que los accionistas pueden otorgar un voto adicional por cada acción que se mantenga durante un mínimo de dos años.

Otra medida que recoge es el derecho de las cotizadas a identificar a los accionistas. Igualmente, se obliga a las instituciones de inversión colectiva (IIC) a hacer pública su estrategia de inversión en las sociedades cotizadas, explicando cómo estas estrategias contribuyen a la sostenibilidad a largo plazo de las empresas.

Por primera vez se regula la figura de los asesores de voto o proxy advisors, entidades que prestan servicio de asesoramiento a inversores en relación con el ejercicio del derecho de voto derivado de la titularidad de acciones, estableciendo la obligación de publicar información acerca del código de conducta al que estén adheridos.

Por otra parte, se incrementa la transparencia de las operaciones vinculadas que pudieran dar lugar a conflictos de intereses, se regula con mayor detalle el contenido que tiene que incluir la política de remuneración de los miembros del consejo de administración y se suprime la obligación de elaborar informes financieros trimestrales a las sociedades cotizadas, ya que esta obligación "podría incentivar un enfoque cortoplacista en la toma de decisiones", según el Ministerio de Asuntos Económicos.

La nueva norma suprime —en línea con lo establecido en otros países europeos— la obligación de elaborar informes financieros trimestrales, ya que, a juicio del Gobierno, esta exigencia podría incentivar un enfoque cortoplacista en la toma de decisiones.

El proyecto de ley adapta a la normativa europea el umbral a partir del cual una emisión de valores requiere la elaboración de un folleto, límite que queda fijado en ocho millones de euros.

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