Los arrendadores están sufriendo una enorme inseguridad jurídica. La política de Podemos, que demoniza a los propietarios que alquilan su vivienda, está haciendo mella en el mercado de alquiler, como ya avisaron las inmobiliarias. La crisis del coronavirus ha allanado el terreno para que Pablo Iglesias presionara al Gobierno, que no se ha opuesto, y aprobara medidas "que vulneran la Ley de Arrendamiento", según indica Jose Ramón Zurdo, presidente de la Agencia Negociadora del Alquiler.
La ampliación de la moratoria del pago del alquiler hasta el 30 de septiembre "es una mala noticia. Sobre todo para los que estaban sufriendo impagos desde la entrada en vigor del estado de alarma", indica Zurdo. Esta nueva prórroga ha sido la gota que colmó el vaso para los arrendadores. La Agencia apunta a que "no hace ninguna distinción sobre la situación de vulnerabilidad de los inquilinos afectando a todos los arrendamientos sean de inquilinos solventes como de los que no son".
Miedo
Entre los arrendadores solo hay ya malestar, miedo y preocupación. Saben que si su inquilino deja de pagar tienen las de perder. Porque no, la ley no está con el propietario, y cada vez lo está menos. La ideología de extrema izquierda ha logrado colar durante la pandemia tesis erróneas, como que el 85% de las viviendas en España pertenecen a grandes tenedores. Se han visto por ello autorizados a emitir propuestas que, finamente, terminarán dañando a todos, tanto a los inquilinos como a sus caseros.
De nuevo se genera otro incentivo perverso más. Si no hay una obligación de pagar, ¿por qué hacerlo?, se han preguntado muchos arrendatarios que, pudiendo responder al alquiler, han dejado de hacerlo. "Desde que se decretara el estado de alarma todo ha sido atacar a los propietarios. Se les prorrogan los procedimientos de desahucios, no pueden recuperar las viviendas en caso de necesidad, se prorrogan los contratos por seis meses de forma obligada... Muchos inquilinos no han querido mudarse y los malos pagadores o los que directamente no pagaban se han quedado. Los arrendadores dejan entonces de cobrar su renta. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de perjudicados son personas de clase media. Muchos de ellos alquilaban el piso de sus padres para poderles pagar la residencia de mayores. El blindaje a los inquilinos impide a muchos ancianos volver a sus casas. Ahora se han encontrado con que no pueden pagar la cuota porque los arrendatarios no les responden y, en vista de los decretos que se han aprobado, la ley está de parte de los que no cumplen. Así que el panorama es muy negro", expone José Ramón Zurdo a Libre Mercado.
Ancianos en residencias, hijos en el extranjero, familiares arruinados o hermanos en paro son algunos de los casos en situación de desamparo. Ahora no pueden regresar a sus hogares porque los propietarios, que son padres, abuelos, hijos, no han conseguido recuperar la vivienda y realojar a sus seres queridos. La excesiva protección al arrendatario ha generado toda clase de situaciones, cuanto menos injustas.
"Hay muchos inquilinos que no han querido acogerse a la moratoria. Además, tenemos muchos casos en los que los arrendadores se han visto obligados por el Gobierno a prorrogarles el contrato a inquilinos que eran morosos y llevaban meses sin pagar. Cuando ya tenían el procedimiento para el desalojo se han encontrado con esta prohibición en plena pandemia. El arrendador, encima de cornudo es apaleado", critica el presidente de la Agencia Negociadora del Alquiler.
Demandas contra el Gobierno
José Ramón Zurdo advierte de que los propietarios afectados están ya pensando en una demanda colectiva contra el Gobierno. "La Ley de Arrendamiento en España permite recuperar al propietario su vivienda en caso de necesidad y esto no se está cumpliendo. Por lo tanto se estaría vulnerando la legislación, con este tipo de medidas aprobadas por Pedro Sánchez. Los arrendadores están ya preparando querellas y demandas. Deben asociarse. Muchos tienen miedo, pero van a seguir adelante. No hay duda de que se interpondrán numerosas reclamaciones, cuyo objetivo será una gran demanda colectiva. Esto se va a dirimir en los tribunales".
Lorenzo Colino, presidente de Renta Garantizada, también cree que se ha perjudicado gravemente a los arrendadores. Si bien, en un principio, las medidas solo afectaban a los dueños de más de diez viviendas, ahora están afectando a todos los propietarios. "Ha habido mucha confusión entre inquilinos y propietarios con las medidas en materia del alquiler con la covid-19. Nosotros lo que hemos hecho es prorrogar los acuerdo que tenían entre ellos. Realmente, el decreto durante el estado de alarma solo afectaba a los propietarios de más de diez viviendas, pero finalmente sí se han visto afectados los pequeños propietarios. Se encuentran en una tesitura en la que no les conviene llevarse mal con el inquilino, por lo que les han bajado las rentas considerablemente y así evitan problemas futuros. Ven que tienen las de perder siempre, aunque también es cierto que hay inquilinos que lo han pasado verdaderamente mal", señala Colino.
"En cuanto a los propietarios de más de 10 viviendas, ellos creían que ya el 21 de junio cobrarían sus rentas de nuevo, pero ahora ven que no van a cobrar hasta el 30 de septiembre. El miedo que hay, al prorrogarse los ERTE hasta diciembre, es que también se produzca una prórroga en los alquileres hasta diciembre. Lo que se genera es una gran inseguridad jurídica para todos los propietarios. Están muy preocupados.
Control de rentas y okupas
Pero el infierno puede ser todavía mayor para los arrendadores envueltos en disputas con los inquilinos. El índice de precios del alquiler, presentado por Ábalos el 30 de junio, es la antesala de la limitación y el control de las rentas por parte del Estado. La guía todavía no es vinculante pero, según José Ramón Zurdo, lo será en breve. Las consecuencias serán altamente perjudiciales. "El arrendador que tenga alquilada una casa por 800 euros y el Gobierno le diga que vale 500, va a irse directo a la economía sumergida. Las casas pasarán a descuidarse, porque no habrá dinero para mantenerlas. Otros optarán por no alquilar. El panorama está inquieto. Es una situación desoladora y triste. La intervención dependerá de los ayuntamientos y si el consistorio de turno tiene necesidades económicas acudirá a esta herramienta para inyectar dinero en las arcas municipales. Los propietarios que alquilen no tendrán derecho a marcar la renta del alquiler de su vivienda".
Por último, el presidente de la Agencia Negociadora del Alquiler incluye, entre las grandes catástrofes en materia de vivienda, el gran problema de la okupación en España. "Podemos dice que el 85% de los arrendadores son grandes tenedores cuando es totalmente al revés. Pero les da igual, así con esa tesis pueden arrasar con todo y dar pábulo a sus intenciones políticas. Al final es la clase media la castigada, las familias trabajadoras. Es lo que sucede con los okupas, que además pueden recibir ayudas si se empadronan en la vivienda usurpada. Esto es la ley de la selva. Es lamentable", concluye.