El Gobierno prepara una lluvia de 10.000 millones de euros para rescatar a las "empresas estratégicas" que hayan quedado dañadas por el coronavirus. Como ya publicamos en Libre Mercado, esta medida supondrá un pésimo negocio para el bolsillo del contribuyente.
Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado las condiciones y requisitos para que las compañías puedan acceder a este mecanismo a cambio de que el Estado tome posiciones en sus negocios.
El fondo, que será temporal, fue aprobado el 3 de julio y va dirigido a empresas no financieras afectadas por la pandemia y consideradas estratégicas a nivel nacional o regional. A continuación, los detalles.
Los pasos a seguir
Según las condiciones de este mecanismo, el procedimiento tiene que iniciarlo la propia empresa afectada mediante solicitud por escrito al Gobierno. Nunca al revés. Además, la empresa debe acreditar:
- Que su domicilio y centros productivos están en España.
- Que no estuviera en crisis (ni en concurso voluntario ni en situación de insolvencia) a 31 de diciembre de 2019.
- Que está al corriente de sus obligaciones tributarias
- Que no ha sido condenada por cohecho, prevaricación o malversación fondos públicos.
- Acreditar que sin esta ayuda cesaría en su actividad y tendría graves dificultades para mantenerse a flote.
- Tiene que justificar que su cese tendría un impacto negativo en la economía y en el empleo regional y presentar un plan de viabilidad a medio y largo plazo con previsión de reembolso de la ayuda estatal.
Entre los aspectos que les impone el Gobierno, cabe destacar que estas empresas "no podrán llevar a cabo una política comercial agresiva ni asumir excesivos riesgos", al igual que tampoco podrán distribuir dividendos, ni los miembros del consejo de administración podrán cobrar primas o retribución variable.
Ayudas a partir de 25 millones de euros
El mecanismo de apoyo a estas empresas se articula bien mediante la concesión préstamos participativos, de deuda convertible o de participaciones sociales. El importe mínimo será de 25 millones por beneficiario, salvo casos justificados, mientras que en lo relativo al importe máximo, se fijará el que sea imprescindible, siempre y cuando no supere el patrimonio neto de la compañía a 31 de diciembre 2019.
También se ha aprobado la composición y el funcionamiento del Consejo Gestor del fondo, que se pondrá en marcha antes de 30 días. Según la ministra Montero, esta medida "refleja el compromiso del Gobierno para proteger y reforzar el tejido productivo".
El 'rescatador' arruinado
Será la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la que se encargue de entrar en el capital de empresas. Hay que recordar que la SEPI ya es una sociedad pública deficitaria. Tanto, que en 2019, registró unas pérdidas de 237,47 millones de euros, lo que representa un incremento del 4% con respecto a los números rojos de 228,14 millones de euros del ejercicio anterior.
A día de hoy, el grupo estatal apenas cuenta hoy con 17 empresas participadas mayoritariamente y de forma directa, entre las que destacan Correos, Navantia, Hunosa o la Agencia Efe. Entre las consolidadas por integración global, en las que tiene el 100% del capital, perdieron 355 millones de euros frente a los 544 millones en 2018, una dinámica de números rojos que se extiende a lo largo de su larga historia.
La primera compañía en negociar su rescate ha sido Globalia. El grupo turístico al que pertenecen Air Europa y Halcón Viajes ya ha pedido la ayuda económica, aunque en principio el Estado no entraría en su capital. La asturiana Duro Felguera también estaría estudiando solicitarlo.