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El Gobierno no habla de reformas de calado, pero sí de subir impuestos a cambio del dinero europeo

"Un crecimiento verde, digital, inclusivo, por la ciencia, la educación y la formación profesional", son las únicas "reformas" del Gobierno.

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"Un crecimiento verde, digital, inclusivo, por la ciencia, la educación y la formación profesional", son las únicas "reformas" del Gobierno.
María Jesús Montero, ayer martes | EFE

El Gobierno no quiere ni oír hablar de reformas. Tras el histórico acuerdo en Europa para inyectar 750.000 millones de deuda comunitaria entre los países más afectados por la pandemia, en el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias se niegan a admitir que España tenga que hacer cambios de calado antes de empezar a embolsarse los 140.000 millones que le ha asignado la UE.

El único "plan de reformas ambicioso" que contemplan los gobernantes del segundo territorio que más dinero va a recibir del Viejo Continente —después de Italia— es el que apuesta por "un crecimiento verde, digital, inclusivo, por la ciencia, la educación y la formación profesional". Estas fueron las palabras con las que respondió la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer martes, cuando los periodistas le preguntaron por las reformas que estaría dispuesto a adoptar el Ejecutivo a cambio de esa suculenta lluvia de millones.

Cuando el consenso de los analistas contempla para este año un desplome del PIB de España en torno al 11% —eso sin rebrotes—, una tasa de paro por encima del 20% y un déficit y una deuda en máximos históricos, puede resultar frívolo hablar de "crecimiento verde" o de "digitalización", pero lo cierto es que el acuerdo de la UE contempla estos dos puntos como "prioritarios". En sus 68 páginas, no mencionan a las reformas laborales o a las de pensiones, y a eso se está agarrando el Gobierno para evitar tener que hablar, y mucho menos preparar, sus futuros deberes.

El Semestre Europeo, la base

Lo que sí contempla el texto europeo es la obligatoriedad de que cada país presente un Plan de Inversiones y Reformas que afiance su recuperación y que será evaluado por la Comisión Europea, primero, y por el resto de países miembros, después. El resto de gobernantes darán su visto bueno a cada país por mayoría cualificada y también podrán aplicar el llamado "freno de emergencia".

Por tanto, el gran pacto europeo tiene la intención de hacer un control exhaustivo de estas ayudas, que se van a otorgar por partes y estarán sujetas a condicionalidad. Hasta el propio Pablo Iglesias ha reconocido que ese plan de reformas debe estar "siempre dentro del marco de las recomendaciones del Semestre Europeo (CSRs)".

Se esfuma el golpe a la reforma laboral

Cada seis meses, Bruselas publica una serie de recomendaciones específicas por país para sus políticas nacionales en materia presupuestaria y de reformas. En caso necesario, los Estados miembros reciben además recomendaciones encaminadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos. Para España, los toques de atención sistemáticos vienen siendo el elevado déficit, el gasto público o la necesidad de acometer una reforma en el sistema de pensiones. Al contrario, la flexibilización del mercado laboral que venía pidiendo repetidamente Bruselas ha pasado a un segundo plano, desde que el Gobierno de Rajoy acometiera en 2012 la reforma laboral que tanto gusta en el Viejo Continente.

Por tanto, ahora, no parecería muy sensato por parte del Ejecutivo de Sánchez pretender tumbar esta medida, tal y como recoge el programa de Gobierno firmado con Podemos. Si quieren conseguir el dinero de Europa, tendrán que evitar episodios como el esperpéntico pacto que sellaron con Bildu y con Podemos en plena pandemia para fulminar por completo la reforma laboral, que horas después tuvieron que rectificar. Esa decisión no sólo les costó un duro enfrentamiento con Nadia Calviño, también les restó bastante credibilidad entre sus socios europeos.

Aunque Montero jugara al despiste con este asunto en la rueda de prensa de ayer tras el Consejo de Ministros, parece obvio que la UE no consentirá la contrarreforma laboral que pretende llevar a cabo la izquierda más radical. "Para nada se ha hablado de eso" en Europa. "No se ha hablado de otras materias. Se puede haber visto pretensiones de distintos países, pero no se ha hablado" sobre la reforma laboral, insistió Montero enviando un mensaje, quizá, a Mark Rutte. "El Ejecutivo tiene su hoja de ruta", señaló la ministra poniéndose de perfil, como viene haciendo en los últimos meses.

En una línea parecida fue la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, preguntada por este asunto en otro acto, dijo que el fondo de rescate europeo está "desvinculado" de la reforma laboral de 2012, por lo que "no hay condicionalidades que tengan que ver con las agendas legislativas soberanas de los países". Más desafiantes fueron en Podemos, donde algunos de sus miembros, como Gerardo Pisarello, defendieron que, a día de hoy, el compromiso de derogar la reforma laboral "tiene más vigencia que nunca". En los últimos tiempos, PSOE y Podemos se han movido en la línea que va desde acabar con los aspectos "más lesivos" de la reforma de Báñez hasta derogarla entera. Ahora, parece que cualquiera de estas pretensiones tendrán que esperar.

Avanza subidas de impuestos

Lo que sí se mostró dispuesta a tocar Montero son los impuestos. Bajo el recurrente argumento de que España no recauda lo mismo que sus socios europeos, la responsable de Hacienda advirtió de que "haremos una tarea profunda de revisión de la fiscalidad para ver cuáles son las figuras que más se diferencian" con Europa. "Sería una contradicción pedir recursos y no ser capaces" de aumentar la recaudación revisando "nuestras figuras tributarias", señaló.

La subida del IRPF a las rentas altas, la de Sociedades, la subida del diésel, Patrimonio o Sucesiones están en la agenda de Montero desde hace tiempo, aunque las probabilidades de que el Gobierno se decida a incrementar el IVA —subiendo de categoría a productos reducidos o superreducidos— cada vez están más cerca. Además, Europa se lo ha sugerido en varias ocasiones.

"Se está trabajando en el impuesto digital y en la fiscalidad medioambiental", recordó Montero, pero estos dos puntos no serán suficientes para costear todo el gasto público que pretenden disparar. Desde hace varias semanas, la ministra lleva acudiendo al argumento de que España tiene capacidad de aumentar la fiscalidad "6 o 7 puntos del PIB" para ponerse a la par de Europa en ingresos. Llegar a esa cuantía supondría un sablazo fiscal de unos 65.000 millones de euros para los españoles.

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