LD (Agencias) El secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, ha confirmado que el Servicio de Defensa de la Competencia ha encontrado “practicas contrarias a la competencia” por parte de las tres eléctricas durante los días 19, 20 y 21 de noviembre del año pasado, tal y como denunció la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Según De Guindos, el expediente abierto a estas tres compañías ya ha sido remitido al Tribunal de Defensa de la Competencia para la posible imposición de sanciones.
La investigación, que la CNE remitió al Servicio a mediados de noviembre, afecta a las filiales de generación de Endesa en Cataluña y Andalucía, a la filial de generación de Iberdrola y a la central térmica de Aceca (Toledo), participada por Iberdrola y Unión Fenosa. El pasado mes de abril, el Servicio de Defensa de la Competencia pidió a las eléctricas que presentaran sus alegaciones. La patronal eléctrica Unesa sostiene que la actuación de las compañías fue correcta en todo momento y que lo ocurrido se debe a disfunciones del sistema y a las circunstancias registradas en aquellas fechas.
A partir de ahora, el Tribunal de Defensa de la Competencia tiene un plazo máximo de un año para fijar la posible sanción a las compañías eléctricas. Fuentes de Iberdrola consultadas por Libertad Digital han rechazado pronunciarse sobre esta información hasta que no se haga pública la decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia.
La investigación, que la CNE remitió al Servicio a mediados de noviembre, afecta a las filiales de generación de Endesa en Cataluña y Andalucía, a la filial de generación de Iberdrola y a la central térmica de Aceca (Toledo), participada por Iberdrola y Unión Fenosa. El pasado mes de abril, el Servicio de Defensa de la Competencia pidió a las eléctricas que presentaran sus alegaciones. La patronal eléctrica Unesa sostiene que la actuación de las compañías fue correcta en todo momento y que lo ocurrido se debe a disfunciones del sistema y a las circunstancias registradas en aquellas fechas.
A partir de ahora, el Tribunal de Defensa de la Competencia tiene un plazo máximo de un año para fijar la posible sanción a las compañías eléctricas. Fuentes de Iberdrola consultadas por Libertad Digital han rechazado pronunciarse sobre esta información hasta que no se haga pública la decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia.