El arquitecto Manel Roger lleva más de 20 años haciendo edificios en Barcelona y nunca antes se había encontrado con unos okupas tan profesionalizados como los de ahora. "Hace años, nuestros problemas surgían antes de hacer el edificio nuevo. Se metían unos más violentos que otros y hacíamos pactos con ellos o entrábamos cuando ellos salían. Era muy incómodo, pero el edificio no estaba hecho. Ahora, el peor momento es cuando lo acabas. Nos han llegado a okupar el mismo día que entregábamos las llaves", relata. Los okupas están al acecho de las propiedades y esperan a que los constructores pongan el último adoquín para entrar. No quieren que a su inmueble gratuito le falte detalle.
Fue el pasado viernes cuando el arquitecto dio a conocer este testimonio. El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC) organizaron un evento telemático para analizar una problemática que no para de crecer en España y que ha convertido a Cataluña en la cuna de la okupación. Un juez, un abogado, un promotor… los que tratan día a día a los okupas coinciden: son mafias y no son vulnerables.
La okupación actual "no es primera necesidad y lo vemos, por ejemplo, cuando en una noche se llevan todos los muebles del piso piloto al ático, que es el que tiene las vistas a toda Barcelona", denuncia el arquitecto. El modus operandi siempre es el mismo: entra una persona que se encarga de reventar todas las puertas, cambia cerraduras y vende las llaves a un precio por piso similar al de una mensualidad de alquiler. El evento se centró en ese tipo de casos, que son los que más están aumentando, según sus ponentes, no en los impagos de la renta.
"Las personas a las que le venden las llaves saben perfectamente que están okupando, pero claro, por 1.200 euros tienen un pisazo durante tres años que le han quitado a los inquilinos o a los dueños", explica Roger. "Y cuando les sacas, te han destrozado el edificio. Es brutal, lo destrozan y se llevan todo: el aire acondicionado, los electrodomésticos…", denuncia. Mientras la vivienda no ha sido entregada al comprador, es la empresa promotora la responsable del inmueble y la que tiene que recuperarla.
Es por eso que el gerente de la inmobiliaria Gumper, Constantino Pérez, ha tenido que poner alarma a todos los pisos con los que trabaja. No la quita hasta que los entrega. El precio de hacerse con un piso okupado es muy similar al que da el arquitecto: 1.500 euros. Los okupas utilizan el chantaje con los dueños de la vivienda para embolsarse suculentas cantidades de dinero. "Si les pagas unos 3.000 euros para que se vayan, se suelen ir y se buscan otro piso. Hay gente que los paga, pero duele tener que pagar 3.000 euros a esta gentuza", declara.
¿Qué hacer si okupan mi casa?
Pero para que estos enemigos de la propiedad privada puedan campar a sus anchas, tiene que haber una Administración permisiva, como la que denuncia el presidente de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci), Ramón Riera. Este ponente no duda en apuntar directamente a gobiernos "populistas" como el de Ada Colau y a las asociaciones que la rodean y que les dan instrucciones a los delincuentes sobre cómo asaltar una vivienda. Por ello, Riera reclama más poder para las autoridades. "En Alemania, Italia, Francia o Reino Unido se ha dado más autoridad a las fuerzas policiales, que pueden actuar sin necesidad de autorización judicial, y están mucho mejor que en España", asegura.
Sobre qué debe hacer el propietario de un inmueble que ha sido okupado, Riera tiene claro que no hay que acudir a la vía penal "porque se ralentiza mucho más el proceso". El experto recomienda "llamar a la Policía inmediatamente si nos han okupado, a ver si ellos nos ayudan a sacarlos", pero no ir a la comisaría a denunciarlo "porque entra directamente por la vía penal". Riera cree que lo más rápido es contactar con "un abogado y un procurador e iniciar el proceso por la vía civil. Al final, tú lo que quieres es que los echen. Te da igual que les condenen por usurpación o que les condenen a pagar una multa porque no van a pagar". El proceso por la vía civil suele durar "entre 6 y 9 meses, el penal más". Los tiempos son eternos.
En este sentido, el abogado Albert Ferrer puso el énfasis en la necesidad de no llegar a ningún tipo de acuerdo con el okupa "que bendiga la situación, como darles dos días —o dos meses— más para que se vayan". También, señala que "no es lo mismo una primera vivienda, que una segunda residencia o un edificio nuevo. Si te has ido a comer dos horas en tu casa de la playa y te la han okupado, puedes acreditar allanamiento de morada, eso facilita la expulsión. Pero si llevas 6 meses sin ir, no".
"Llegan a los juzgados con el Iphone último modelo"
El juez Fernando Valdivia, que tiene una amplia experiencia en los tribunales con este tipo de delincuentes, también tumba el argumento de la vulnerabilidad. "Lo que yo vivo en mi juzgado no son personas con altos indices de vulnerabilidad, sino un clan mafioso. Sin embargo, suele ser la única alegación que realizan los abogados, en su mayoría de oficio, para proteger a este tipo de delincuentes", señala. "Muchos de los okupas llegan a los juzgados con el Iphone último modelo y están lustrosos, no pasan hambre. Es una forma de vivir, es una red que se está expandiendo", cuenta el magistrado. "Cuando les preguntas quién les ha dado las llaves del piso, hay un silencio siciliano", añade. Valdivia también ha denunciado "la cobardía de los políticos", con la okupación, ya que "no reconocen que no es un problema social".
La asesora jurídica, Montserrat Junyent, también coincide en que "el movimiento de la filosofía okupa de Europa" ha mutado hacia "la mafia". La experta apunta a que el principal problema de la vía penal es que "no sabemos quién es el ocupante", por eso, "empezamos a explorar la vía civil". Junyent aclara que "el derecho constitucional a la vivienda digna" no está por encima del derecho a la propiedad privada. "La vivienda digna no es una protección constitucional a la okupación, ni encuentra cobijo en los principios constitucionales a los que los movimientos siempre aluden. Es un derecho que debe ejercerse dentro de los límites de la Ley", señala la experta. En España hay más de 100.000 viviendas okupadas.