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El motín de alcaldes contra Caballero deja en el aire el plan de Montero para la financiación municipal

Almeida y otros regidores de casi todos los partidos se rebelan contra el plan de Hacienda que les obliga a entregar sus remanentes.

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Almeida y otros regidores de casi todos los partidos se rebelan contra el plan de Hacienda que les obliga a entregar sus remanentes.
Abel Caballero

En circunstancias normales sería muy difícil, sino imposible, poner de acuerdo a alcaldes del PP como los de Madrid y Zaragoza, José Luis Martínez Almeida y Jorge Azcón, con el izquierdista José María González Kichi, primer edil de Cádiz ahora escindido de Podemos, el de Lérida Miguel Pueyo, de ERC, o el de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández, del BNG, el de Bilbao, Juan Mari Aburto, del PNV, pasando por el de Granada, Luis Salvador, de Ciudadanos.

Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la inestimable colaboración de su correligionario Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), han obrado el milagro.

Los citados y otros, hasta diez, celebraban este viernes un encuentro telemático que se convertía en un auténtico motín contra la ajustada decisión de la FEMP del pasado lunes, salvada por el voto de calidad del presidente Caballero, para sacar adelante el plan de Hacienda de ayuda a los municipios por la pandemia de la covid-19, consistente en 5.000 millones (2.000 este año y 3.000 en 2021) de ayudas que, y aquí el origen del conflicto, saldrían directamente del remanente municipal y que se devolvería hasta el 100% durante la próxima década, aunque en el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta semana se ampliaba a quince años ese periodo.

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. | EFE

Otro de los regidores amotinados, el de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermudez, de Coalición Canaria, argumentaba que eso sería premiar a quienes no han hecho el pertinente aprovisionamiento en tiempos de vacas gordas. "Se debe de mantener la posibilidad de que la totalidad del superávit sea gastada por el ayuntamiento que generó ese superávit, el ayuntamiento que rebajó su déficit, el ayuntamiento que a final de cuentas, realizó un esfuerzo para que ahora ese esfuerzo caiga en manos del Gobierno de España, que ha hecho exactamente lo contrario: aumentar el déficit" se quejaba tras el encuentro con su homólogos.

Azcón, por su parte, uno de los líderes del motín y portavoz de la FEMP, pedía a la ministra Montero una reunión para que "oiga de nuestra propia voz que estamos en contra" de un plan que, a juicio del representante de una de las ciudades más pobladas de España, "no representa al municipalismo". Poco después, entrevistado en Es la Tarde de esRadio, el alcalde de Zaragoza aseguraba que "hay muchos alcaldes socialistas que entienden que lo que nos está planteando el ministerio de Hacienda es injusto".

Y en el caso de Almeida, el alcalde de la capital arremetía directamente contra Abel Caballero: "Tiene que ser el presidente de la FEMP y no un alcalde del Partido Socialista. Queremos llegar a un acuerdo, queremos lo mejor para nuestros ciudadanos, pero lo que no podemos aceptar es la imposición y la incautación de nuestros fondos".

Ofensiva institucional del PP, problemas para el Gobierno

Los de Pablo Casado ya han anunciado que emprenderán mociones municipales contra ese decreto del Gobierno y que lo llevarán, incluso, al Tribunal Constitucional. Fuentes de la dirección del PP anuncian que solicitarán a los órganos competentes de la Federación de Municipios y Provincias la reprobación de Abel Caballero, "por traicionar al municipalismo" y pedirán la comparecencia en el Congreso de la ministra de Hacienda.

Según recoge el texto de la moción, Caballero no ha transmitido "con la debida diligencia ni transparencia, información adecuada sobre las negociaciones con Hacienda al resto de órganos de gobierno de la institución".

La rebelión de estas grandes ciudades, de muchos y muy distintos colores políticos, supone un problema de primera magnitud para el Gobierno, que puede verse en aprietos muy serios para sacar adelante el decreto. Los partidos que se oponen al plan, sumados a otros que no tienen poder municipal pero que podrían igualmente votar en contra, como Vox, sumarían eventualmente una holgada mayoría de rechazo.

Ni siquiera estaría cerrado el apoyo de Podemos, que no estaba representado en la reunión de este viernes ni en la votación del lunes en la FEMP, dado que el alcalde de Cádiz forma parte ahora de Adelante Andalucía, la escisión podemita encabezada por Teresa Rodríguez. Sin embargo, Izquierda Unida, que sí tiene representación en la FEMP, se abstuvo, evitando sumarse a los socialistas.

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