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Toque a Torra: su ley de control de los alquileres es inconstitucional

El Consejo de Garantías Estatutarias cree que sobrepasa competencias y ataca la propiedad privada.

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El Consejo de Garantías Estatutarias cree que sobrepasa competencias y ataca la propiedad privada.
Joaquim Torra, presidente de la Generalidad | EFE

El proyecto de ley de la Generalidad para controlar los precios del alquiler en determinadas zonas de Cataluña sobrepasa las competencias de la Administración autonómica e incumple distintos preceptos del Estatuto regional y la Constitución Española. Así lo entiende el Consejo de Garantías Estatutarias, servicio jurídico del Parlamento catalán, que brinda así un duro varapalo a un proyecto que ya había despertado un gran revuelo dentro del sector inmobiliario.

El Consejo de Garantías Estatutarias parte de que es competencia del Estado fijar los derechos y obligaciones de los contratos de arrendamiento. Así, el servicio jurídico del Parlamento autonómico le recuerda al gobierno de Quim Torra que cualquier actuación de la Generalidad en materia de vivienda debe limitarse "a la planificación, ordenación, gestión, inspección y control de la vivienda de acuerdo alas necesidades sociales y al equilibrio territorial".

Otorgándose la posibilidad de limitar por ley los alquileres, el gobierno de Torra pretendía hacer un guiño a grupos radicales que reivindican la aprobación de este tipo de medidas. Sin embargo, el proyecto de ley no tardó en levantar ampollas entre el sector inmobiliario, que advirtió del efecto que tendría dicha medida. Y es que, en la medida en que se le está intentando restar rentabilidad al alquiler, se sientan las bases para que los propietarios de vivienda saquen sus inmuebles de dicho segmento del mercado y dediquen sus pisos al ámbito de la compra-venta.

Ataque a la propiedad privada

Pero el Consejo de Garantías Estatutarias va un paso más allá y apunta también que algunas de las medidas contenidas en la ley van directamente contra la protección de la propiedad privada codificada en el artículo 33 de la Constitución Española. De modo que, más allá de los incentivos perversos y del efecto "boomerang" que anticipaba el sector, los juristas del Parlamento también aprecian un asalto directo al derecho de propiedad de familias y empresas.

No es la primera vez que el gobierno de Torra intenta legislar sobre esta materia, puesto que el verano pasado llevó al Parlamento autonómico un decreto ley que pretendía introducir distintas limitaciones al precio del alquiler de la vivienda. Ya entonces, los servicios jurídicos de la cámara legislativa regional advirtieron de que las pretensiones del gobierno eran ilegales, lo que allanó el camino para que la oposición tumbase el decreto ley con su voto desfavorable.

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