Las declaraciones de María Jesús Montero en Rota sobre el 'motín' de los alcaldes de la FEMP -a excepción de los socialistas- por el acuerdo firmado por el Gobierno para poner a disposición de Hacienda los ahorros obtenidos, el famoso superávit de los consistorios, no han dejado indiferente a nadie.
El acuerdo con la FEMP, ya convertido en real decreto ley, establece que los ayuntamientos podrán traspasar al Estado el remanente que tengan, en forma de préstamo, a cambio de recibir dinero de un fondo de 5.000 millones
Montero ha dicho no entender este malestar y ha enfatizado que el acuerdo se ha alcanzado con la Federación Española de Municipios y Provincias. Ha personificado las protestas únicamente en el PP, pese a que todos los partidos menos el PSOE rechazaron el acuerdo. Ha dicho que "la ofensiva del PP es un intento permanente de desgastar al Gobierno utilizando, en este caso, el municipalismo". También ha expresado su deseo de que el resto de partidos no sigan al PP en esta "bronca política". Se olvida la ministra que el resto de partidos también han mostrado su desacuerdo con lo firmado por Abel Caballero.
Pero si esta declaración política podía resultar llamativa, más lo ha sido la explicación del acuerdo. María Jesús Montero decía no entender las quejas del PP porque el acuerdo "va a costar al Gobierno 5.000 millones", del fondo que va a poner a disposición de los ayuntamientos a cambio de quedarse con su superávit.
No lo necesita
Por si eso fuera poco, ha dicho que el Gobierno no necesita el dinero de los ayuntamientos, esos 15.000 millones, no son vitales para un Gobierno que está, además, retrasando las devoluciones de IRPF a los asalariados, o de IVA a las empresas. Pues bien, Montero ha sacado pecho y ha dicho que el Gobierno está logrando financiarse muy cómodamente en los mercados financieros: "las emisiones se agotan enseguida y con tipos negativos", decía.
Se lo queda para ayudar a los consistorios
Montero estaba muy extrañada porque, según ha dicho, Hacienda lo que pretende al quedarse con los ahorros de los ayuntamientos es ayudarles a no incumplir la constitución: "La constitución, con la regla de gasto, prohíbe a los ayuntamientos a incurrir en déficit y si gastan ese superávit incurren en déficit".
Por eso, dice Montero, el acuerdo con la FEMP "rompe" la regla de gasto para permitirles hacer frente a los gastos que necesitan (mediante ese fondo de 5.000 millones).
Sánchez, dispuesto a negociar
Desde el Palacio de Marivent en su tradicional rueda de prensa tras despachar en el Rey, el presidente Pedro Sánchez también se ha referido al descontento de los alcaldes con el acuerdo cerrado por la FEMP y el Ejecutivo.
Sánchez se ha mostrado dispuesto a seguir negociando con los ayuntamientos y los grupos parlamentarios el decreto ley que recoge el acuerdo con la FEMP sobre la utilización de los remanentes y el uso del superávit, ante las críticas de distintos municipios y partidos políticos. Sánchez ha expresado la "voluntad de llegar a acuerdos" con los ayuntamientos, de los que ha dicho que tienen que ser "parte protagonista" de la reactivación del país tras la pandemia del coronavirus.
El Consejo de Ministros transformó en decreto ley el acuerdo con la agrupación municipalista, por lo que tiene que llevarlo al Congreso de los Diputados antes de 30 días hábiles, ya en septiembre. En esa votación, vistas las posiciones de los grupos de la oposición, e incluso de Unidas Podemos, tanto en la FEMP como en comparecencias públicas, el decreto ley está a día de hoy más cerca de ser derogado que refrendado.
No tiene mayoría
A un mes de su votación, una quincena de partidos que conforman el Congreso de los Diputados, que suman unos 190 diputados, por encima de la mayoría absoluta de la Cámara (176), han mostrado ya su disposición a rechazar este decreto.
"Antes se impedía el uso de cualquier céntimo y ahora se ha creado un fondo de 5.000 millones de euros", ha defendido Sánchez en relación a la creación de esta fórmula con la que los ayuntamientos que presten sus remanentes a Hacienda, recibirán este dinero al que hace referencia el jefe del Ejecutivo.