España es el país europeo que peor ha tratado al sector de la sanidad privada durante la pandemia del covid-19. Así se desprende de un informe divulgado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada en el que se critica la decisión de poner a dichos centros bajo el "mando único" del Ejecutivo, una decisión que ha terminado poniendo en jaque la supervivencia de 2.400 centros médicos y 60.000 empleos.
El informe del Instituto Coordenadas, al que ha tenido acceso Libre Mercado, ha sido realizado por un grupo de expertos en la materia. Su conclusión es demoledora: al someter a la sanidad privada al "mando único", sus centros médicos y profesionales se han visto obligados a rechazar a sus pacientes habituales o asociados.
Aunque este tipo de colaboración podría haber tenido sentido como válvula de escape para afrontar los "cuellos de botella" que enfrentó el sistema sanitario en las regiones más afectadas por la pandemia, la decisión de adoptar un paradigma tan rígido en todo el territorio nacional hizo que muchos de estos centros perdiesen casi todos sus ingresos y apenas atendiesen a un número muy reducido de enfermos por covid-19.
Los números que maneja el think tank señalan que los centros médicos han facturado un 85% menos durante los últimos meses, mientras que los hospitales privados se han dejado un 60% con respecto a las ventas del año anterior.
En el aire
En la medida en que no se les ha permitido acogerse a los ERTE por ser empresas de un sector considerado esencial, las mercantiles del ramo han terminado en una situación crítica que poco o nada tiene que ver con los países de nuestro entorno, donde la fórmula ensayada por socios como Alemania o Francia ha girado en torno a la plena colaboración público-privada.
El país teutón ha aprobado dos leyes orientadas a favorecer el papel complementario de la sanidad privada, ofreciendo compensaciones y descuentos fiscales a los centros que atiendan a enfermos por covid-19 o que reciban a pacientes de centros públicos saturados por la pandemia. Reino Unido ha hecho algo similar, con una ley de emergencia que también pone el foco en aumentar la capacidad sanitaria creando incentivos para su aumento. Francia, por su parte, ha apostado por un sistema de pagos basado en los ingresos del año anterior y vinculado también al número de pacientes de covid-19 atendidos por las clínicas y hospitales del sector privado.
Desde el Instituto Coordenadas estiman que la supervivencia de más de 2.400 centros médicos está en el aire debido a las decisiones del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No solo eso: hasta 60.000 profesionales sanitarios pueden perder su trabajo, amén de otros 120.000 afectados que también corren el riesgo de caer en las redes del paro al estar ocupados indirectamente por la demanda que soporta el sector de la salud privada.