El Gobierno de España ya tuvo que solicitar ayuda a empresas privadas para poder gestionar con efectividad la tramitación del fuerte aluvión de solicitudes de expedientes de regulación de empleo temporal con la entrada del estado de alarma. Una situación que, pese a que ha mejorado, todavía mantiene a cientos de españoles inmersos en estos procedimientos sin cobrar la prestación.
Pues bien, a ese problema el Gobierno suma ahora otro nuevo, el del Ingreso Mínimo Vital que, también durante el estado de alarma, anunció el Ejecutivo a bombo y platillo, adelantando su aprobación a los propios planes de Escrivá.
Este jueves era el ministro el que aparecía públicamente y hacía balance de los dos primeros meses de aplicación de la medida, julio y agosto. Decía el antiguo jefe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), que el IMV (Ingreso Mínimo Vital) lo recibirán en agosto unos 80.000 hogares (unas 200.000 personas beneficiadas). El problema es que el número de solicitudes roza el millón (830.000), lo que supone que el Ejecutivo sólo ha sido capaz de tramitar menos del 10% de ellas.
Un total de 750.000 solicitudes están actualmente sin resolver, según señaló el propio ministro aunque, igual que sucedió con los erte, atribuyó su atasco a que "un porcentaje muy alto" tenía errores en la solicitud y se está requiriendo documentación. Unas 56.000 están duplicadas, decía el ministro y casi 37.000 no cumplen con los requisitos para recibir la prestación.
Escrivá ha señalado que tanto la nómina de agosto como la de julio son "poco representativas" del total de beneficiarios que se prevén, ya que será en septiembre cuando terminen "muchos procesos de cribado". Por eso ha pedido esperar al mes de septiembre para valorar la efectividad de la medida.
El ministro ha detallado que se han resuelto aproximadamente 145.000 expedientes a fecha de hoy, de los que se han concedido y pagado 80.000. Asimismo, se han pagado unos 150 millones de euros en nóminas, lo que implica una media de 1.875 euros por nómina.
En septiembre, seguía Escrivá, "habrá que ver a dónde hemos llegado para, en una segunda etapa, trabajar en distintos ámbitos con aquellos que no han hecho la petición o no han podido hacerla para que tengan la prestación", ha agregado.
Aparte, cerca de un 40% de las solicitudes examinadas hasta el momento han llegado con la documentación incompleta (gran parte de ellos sin certificado de empadronamiento), lo que implica que la entidad comunique al solicitante la incidencia para que aporte la información requerida. En concreto, hay 25.800 solicitudes a las que se les ha pedido más información.
Tramitación
En las últimas semanas, el INSS ha desplegado diferentes iniciativas con el objetivo de mejorar el proceso de tramitación.
En primer lugar, ha desarrollado un protocolo de intercambio de información con las comunidades autónomas para el traspaso de datos de las solicitudes resueltas.
En segundo lugar, ha habilitado un procedimiento de cruce masivo de datos con la Agencia Tributaria. Y, en tercer lugar, ha llegado a acuerdos con cerca de 150 ayuntamientos para que estos aporten directamente la información referida al padrón municipal necesaria para tramitar el IMV, lo que agilizará gran parte del proceso y evitará desplazamientos de los solicitantes.
Entre el 10 y el 17 de agosto, se han examinado 8.062 expedientes, de los que 4.875 se han resuelto (un 10% más que la semana anterior). El ritmo de tramitación se ha ido incrementando progresivamente durante el proceso de puesta en marcha de la ayuda y es más rápido que el de otras prestaciones similares previas.
No obstante, Escrivá ha reconocido que "es evidente que hay que reforzar plantillas", y ha manifestado que el Gobierno tiene por delante un "reto" de convocar oposiciones porque "como se ha visto con los ertes, la Seguridad Social es absolutamente decisiva para el incremento del estado del bienestar".