La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha parecido tener un gesto con las víctimas de los okupas y ha anunciado que emitirá una instrucción para los fiscales sobre cómo actuar ante los usurpadores. El contenido se conocerá esta semana, pero, igualmente, entre los abogados defensores de los propietarios, ya se sabe que es una pose de la exministra socialista y que no servirá de nada.
"Mientras no se reforme el Código Penal, la policía seguirá sin poder echarlos en el momento de la denuncia del propietario. Dolores Delgado ha querido hacerse la foto y punto. Que le pida contundencia a los Fiscales, con esa instrucción que va a emitir, es absurdo, porque los fiscales se basan en la ley. Más de dos años de cárcel no se le puede pedir a un okupa, según la legislación española, en base al delito de usurpación y allanamiento de morada. Es un paripé. Si el Gobierno no cambia la ley, sigue siendo una torpeza absoluta dictar una instrucción que diga a los fiscales que deben acusar por los delitos de ocupación. Esto ya lo hacen, insisto, los fiscales ya trabajan para defender la legalidad. Lo que necesitan son herramientas legales diferentes y efectivas para aplicarlas. La exministra no tiene que decirle a un profesional que haga su trabajo", recalca Alejandro García Cebrián, abogado especialista en la defensa de los derechos de los propietarios frente a los okupas.
El letrado explica a Libre Mercado que se trata de "un gesto puramente político de la exministra socialista", con el fin de intentar sofocar la opinión pública devastada por el abandono de las autoridades, quienes han convertido España en un oasis para okupas y un infierno para el propietario.
"Quizás en la instrucción se pida que se acerquen más a las penas máximas que a las mínimas, pero es que seguimos igual. Eso ya se venía haciendo. Las penas máximas son dos años y, si los okupas no tienen antecedentes, no entrarán en la cárcel. La nueva instrucción no va a generar ningún miedo a los okupas. Y lo que es evidente es que este Gobierno, a favor de la ocupación, seguirá sin proteger la vulneración flagrante de la propiedad privada que se está sufriendo en nuestro país", señala.
Patada en la puerta y más años de cárcel
"La solución para el calvario de la ocupación en España es muy sencilla. No se entiende que no se haya hecho todavía. Primeramente, la policía debería poder actuar en cuanto un propietario denuncie y demuestre en comisaría mediante un título de propiedad que la casa es suya y se la han okupado. En ese momento, los agentes darían esa ansiada patada en la puerta y se recuperaría la vivienda. Por otro lado, estaría el endurecimiento de las penas que deberían pasar a 3 y 5 años, en el delito de allanamiento y usurpación. Se podría subir la pena a través del delito de patrimonio, pero no ya por generar un efecto disuasorio, sino porque el acto delictivo que están cometiendo lo merece. Incluso se podría acompañar de tipos agravados para propietarios vulnerables y para okupas que cometan delitos mayores como el chantaje económico o cuando te presentan un contrato falso de alquiler. Hay que tener en cuenta que las mafias están ganando mucho dinero y no está penado el chantaje económico de los okupas al propietario. En España esto tampoco es un delito penal, forma parte del derecho civil. También con la usurpación con violencia y el allanamiento, las penas van al máximo de dos años, en ningún caso entran en la cárcel. Son condenas ínfimas y muchos se van sin la multa. Realmente es insólito y no creo que este Gobierno vaya a hacer nada al respecto", defiende Cebrián.
Mariano Rajoy se acercó en su momento con la ley del desahucio exprés, un cambio de normativa tibio y que solo hizo que se acortara el plazo del desalojo, de tres años a uno. En este caso, mientras el procedimiento se resuelve, el dueño del inmueble puede llegar a ser denunciado por el okupa si intentara recuperar su vivienda, pudiendo hasta ser detenido por la policía. Como ha llegado a ocurrir en muchos casos. Una situación surrealista que nadie logra entender puesto que el cambio legislativo solo implica la voluntad política.
"El derecho a la propiedad privada es que el que no se está preservando. Los movimientos pro-okupas solo hablan de derecho a la vivienda, ese derecho no existe, es un principio inspirador del ordenamiento jurídico, nada más. El que prima es el derecho a la propiedad privada, que es un derecho fundamental. La vivienda privada es sagrada. Estamos consintiendo un asalto a la vivienda, robo, daños, allanamiento de morada... Son muchos delitos, es una barbaridad", insiste el jurista.
Y, tal y como asevera Cebrián, Dolores Delgado no está por la labor de cambiar la ruinosa legislación que favorece los actos delictivos. De hecho, ha argumentado, durante su intervención en el acto de Apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo, que "las leyes actuales son suficientes para luchar contra el problema de la ocupación de viviendas".