El gobierno de Francia anunció la pasada semana su plan de choque contra el coronavirus. Con proyecciones que apuntan a una caída del PIB cercana al 11%, los planes del Elíseo pasan por inyectar alrededor de 100.000 millones de euros en la economía gala, articulados a través de inversiones, subsidios y rebajas fiscales.
Al contrario de lo que ocurre en España, nuestros vecinos franceses no tienen previsto revisar la presión fiscal al alza, sino que plantean su reducción a la baja. Así lo ha confirmado el primer ministro, Jean Castex, quien se comprometió a recuperar en menos de dos años todo el empleo perdido por la pandemia.
"En el pasado se han elevado los impuestos en momentos de crisis. No reproduciremos ese error. Aumentar los impuestos debilitaría nuestro crecimiento y enviaría señales negativas tanto a los hogares como a las empresas. Por tanto, no habrá un aumento de impuestos, sino un plan masivo y ambicioso basado en la competitividad, la cohesión social y la transición a una economía más sostenible", señaló Castex durante un acto en París que sirvió para presentar el plan de medidas del Ejecutivo.
Para poner en perspectiva el alcance de las medidas anunciadas, Castex recordó que los 100.000 millones anunciados en 2020 suponen "casi cuatro veces más que los estímulos movilizados en la crisis de 2008 y equivalen casi a un tercio del presupuesto anual de las Administraciones Públicas. Es, por lo tanto, el plan más grande y masivo que se ha anunciado hasta ahora en Europa".
Lejos de promover la idea de que la recuperación está en marcha, el presidente Emmanuel Macron ha reconocido que la salida de la recesión y el regreso a los niveles de producción anteriores a la pandemia no se producirá hasta 2022. El premier Castex ha insistido en este mensaje y su ministro de Economía, Bruno Le Maire, también ha declarado que "necesitamos tiempo para recuperar la riqueza perdida, pero lo vamos a lograr y Francia saldrá de la crisis más fuerte, más competitiva y con una economía más neutra en emisiones de carbono".
El 40% de la financiación necesaria para financiar estas actuaciones saldrá de los fondos aprobados por la Unión Europea para combatir la crisis de la covid-19. Aunque el desembolso de esos 40.000 millones no será inmediato, Francia aumentará inicialmente su endeudamiento público, que hoy ronda el 120% del PIB. No obstante, el gobierno estima que el impacto sobre la deuda no será significativo en el medio y largo plazo, puesto que el desbloqueo de los fondos comunitarios compensará las tensiones iniciales y el efecto sobre el crecimiento reducirá el peso relativo de la deuda.
Las ayudas directas a familias o personas en situación de vulnerabilidad son apenas el 1% del presupuesto, mientras que el resto de los fondos está vinculado a líneas de apoyo directo a las empresas o reducciones de la fiscalidad aplicada al sector privado. El énfasis de los planes anunciados por el gobierno galo está en facilitar un nuevo impulso para la industria y favorecer el paso a una economía menos contaminante y más eficiente.
Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de polémica, sobre todo porque al frente del plan Francia Relanza estará François Bayrou. Se trata del líder del partido centrista MoDem, un político regeneracionista que ocupó el ministerio de Justicia durante los primeros compases de la legislatura pero que tuvo que abandonar dicho cargo en medio de un escándalo sobre empleos ficticios que sigue pendiente de investigación por la Justicia.