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Funcionarios, autónomos y futuros pensionistas: el Gobierno apuñala a 9 millones de votantes en 24 horas

El Gobierno está barajando medidas que afectan a varios colectivos importantes y que, además, presume de abanderar.

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El Gobierno está barajando medidas que afectan a varios colectivos importantes y que, además, presume de abanderar.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la firma del Acuerdo Social en Defensa del Empleo | Europa Press

En menos de 24 horas, los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez han puesto en la diana a tres colectivos importantes. Se trata de los autónomos, los trabajadores de entre 50 y 60 años y los funcionarios. Todos ellos tienen un elevado peso en las urnas. En total, representan a 9,2 millones de votantes en España, por lo que es mucho lo que se juega el Ejecutivo socialista disgustándoles.

A primera hora de ayer jueves, saltaba una de las bombas. "El Gobierno se plantea congelar el sueldo de los funcionarios en 2021", publicaba El País. "No sería descabellado que se congelara el sueldo de los funcionarios o se subiera muy poco", señalaba un alto cargo del Ejecutivo socialista al diario de Prisa. La excusa para esta congelación estaría en la inflación, que actualmente está en terreno negativo. Con el IPC a la baja, el Gobierno podría justificarse poniendo de disculpa que los 2,6 millones de trabajadores públicos que hay en España no perderían poder adquisitivo si no se les sube el sueldo como hasta ahora. Y así ha sido.

Lejos de desmentir la información, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha dejado la puerta abierta a la congelación, preguntada por este asunto en Cope. "Ahora mismo estamos montando la arquitectura de los presupuestos y las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores", ha dicho. Calviño ha pronosticado un panorama de "inflación cero", recordando a su vez que funcionarios y pensionistas han tenido "ganancias de poder adquisitivo" en los últimos años, algo "importante y positivo", ya que sus rentas han subido por encima del IPC. En la misma línea ha ido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha insistido en que "durante los últimos años, los trabajadores del sector público han tenido una actualización de sus retribuciones que ha estado por encima del IPC". Montero ha añadido que "el Gobierno está trabajando" en el sueldo de los funcionarios, pero que es "a Función Pública a quién le corresponde tomar una decisión". Al contrario que sus compañeras de partido, la que sí que negó la mayor fue la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. "No. No está eso en la mesa", dijo. Otra vez más, no hay unanimidad entre los miembros del Gobierno.

Los funcionarios estallan

Como no es de extrañar, en el sindicato de funcionarios CSIF no daban crédito. "Nos parece lamentable la filtración que ha hecho el Gobierno sobre el futuro del salario de los empleados públicos", declaraba con tremendo enfado el presidente del CSIF, Miguel Borra. "Rechazamos la congelación del salario (…) somos los que estamos en primera línea contra la pandemia", añadía.

"Los empleados públicos, las personas que han garantizado la apertura de las escuelas, que nos atienden en los centros de salud y hospitales, que con tantas dificultades atienden prestaciones como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, no merecen una medida unilateral de este tipo, ni que se les trate con globos sonda. Exigimos la apertura de la negociación sindical de inmediato", señalaba CSIF en un comunicado.

Así, a la espera de la negociación de los PGE de 2021, donde debe figurar si hay subida de salario o no, no es de extrañar la indignación de uno de los colectivos que más presume de defender el PSOE. Este año, el Ejecutivo socialista mantuvo la subida del 2% —más algunas décimas adicionales— pactada por Rajoy, que supone un coste de 3.264 millones para el erario público.

Dejando a un lado que la congelación del sueldo de los empleados públicos tenga toda la lógica presupuestaria, teniendo en cuenta que España se enfrenta a la mayor crisis económica en periodo de paz, no deja de ser llamativo el color del partido que la ejecuta. Fue el Gobierno de Jose Luis Rodriguez Zapatero el que se atrevió a bajar el sueldo a los funcionarios en plena crisis —Rajoy lo mantuvo congelado y luego lo subió— y ahora, otro socialista estaría pensando en tocar sus retribuciones.

Golpe a las prejubilaciones

Y de los 2,6 millones de afiliados que hay en la Administración Pública, según los últimos datos de la Seguridad Social, pasamos a otro colectivo que el PSOE también suele abanderar: los jubilados, o mejor dicho, los futuros jubilados.

En este caso, fue el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el que hizo saltar todas las alarmas ante la Comisión del Pacto de Toledo. Desde que aterrizara en el Gobierno, Escrivá ha puesto en su punto de mira a las prejubilaciones y así lo confirmó el pasado miércoles. Como respuesta a la insostenibilidad del sistema de pensiones público, el ministro quiere evitar que los españoles se jubilen antes de tiempo acercando la edad de jubilación efectiva a la legal —algo lógico, por otra parte—. Para ello, pretende incentivar a los trabajadores a que alarguen su vida laboral con mejoras en sus pensiones... pero también castigar las jubilaciones anticipadas.

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Por tanto, aquí, cualquier trabajador que ahora tenga entre 50 y 59 años y que pretenda prejubilarse en nuestro país, tiene motivos para estar nervioso —hemos puesto el límite en los 60 años porque es probable que los mayores de esa edad puedan hacerlo antes de que la norma entre en vigor—. Y estamos hablando de una cantidad importante de la población. Según la EPA, a cierre de 2019, en España había 5,4 millones de personas activas en esta franja de edad. Si los planes de Escrivá prosperan, todas ellas deberán tener en cuenta que se encontrarán con muchas más barreras y con pensiones más bajas si pretenden retirarse antes de lo que marca la norma.

Si a esos 5,4 millones de personas le sumamos los 2,6 millones de funcionarios que hay en España, tenemos como resultado a 8 millones de personas sobre las que el Gobierno está estudiando grandes cambios. Y dirán ustedes, ¿pero entre los 5,4 millones de personas no hay funcionarios? Toda la razón. Los 5,4 millones de trabajadores de entre 50 y 60 años ya incluyen a 1 millón de funcionarios de esa edad, según la EPA, por lo que, en realidad, estamos hablando de 7 millones de afectados. Eso sí, a ese millón de funcionarios le van a afectar las dos medidas.

Las cotizaciones de los autónomos

El tercer colectivo en discordia son los autónomos, y el enfado también lo generó Escrivá en la misma comparecencia donde anunció que pensaba "dar respuesta de forma relativamente inmediata" a los planes del PSOE de obligar a los autónomos a cotizar por sus ingresos reales. Teniendo en cuenta que el 80% de los trabajadores por cuenta propia cotiza por la base mínima, el sablazo fiscal puede ser masivo. Es cierto que, con este sistema, puede que algún autónomo vea reducida su cuota, pero serán los menos. "Habrá trabajadores autónomos que paguen más y otros que paguen menos", reconoció ayer Calviño sin precisar cuál será la proporción de damnificados. La ministra también aseguró que este colectivo ha sido uno de los "más atendidos" por el Gobierno durante la pandemia.

No piensan lo mismo en la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), que llevan quejándose de las medidas del Gobierno desde la declaración del estado de alarma. Tampoco le sentaron nada bien las declaraciones de Escrivá a su presidente, Lorenzo Amor, que no tardó en pedirle explicaciones por Twitter de forma "urgente". Amor ya ha dicho que "una propuesta que venga a subir la cotización a los autónomos no la vamos a apoyar".

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El pasado mes de agosto, había 3,2 millones de afiliados al régimen de autónomos y, de ellos, 938.000 tenía entre 50 y 59 años. Por tanto, hay casi un millón de autónomos que deberían estar el doble de enfadados con el Ejecutivo —por las cotizaciones y por las prejubilaciones—. Así, si a las 7 millones de personas anteriores —trabajadores y funcionarios— le sumamos los 2,2 millones de autónomos que faltan, vemos que el Gobierno ha conseguido poner en jaque a 9,2 millones personas en tiempo récord. El tiempo dirá se prosperan las medidas o si sólo estaban tanteando el terreno.

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