El Gobierno puso en marcha la orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que es el inicio de un largo proceso para elaborar la ley más importante que hay cada año y que con Sánchez no ha salido adelante nunca, bien porque no la ha presentado, bien porque el único ejercicio que lo presentó se la devolvieron tras ser aprobada la enmienda a la totalidad presentada.
En estos momentos, Sánchez pide apoyo para sacar adelante los presupuestos; en su desesperación, ha llegado a decir que sin presupuestos no llegará el importe del fondo no reembolsable de la Unión Europea, lo cual no es verdad y ha sido desmentido por la propia UE. Ahora que el Gobierno empieza la elaboración para tratar de presentarlos, insiste en trazar un itinerario presupuestario de expansión del gasto y una gran subida de impuestos. Ambos elementos, perjudicarán más todavía a la economía española, porque la endeudará más por el incremento de gasto y hará que su actividad económica caiga más -y con ello el empleo y la recaudación- debido al incremento de impuestos. Sin embargo, lo que quiere Sánchez es un cheque en blanco para que se apliquen estas políticas, que no son las que necesita España.
Sánchez repite, una y otra vez, que hay que reforzar los servicios públicos, con lo que quiere decir que hay que incrementar las dotaciones presupuestarias de los mismos, que elevará el gasto exponencialmente. Precisamente, la manera más rápida de debilitar dichos servicios públicos es hacer un presupuesto de gasto tremendamente expansivo, porque hará insostenible la deuda por los elevados niveles de déficit que acumulará y más pronto que tarde eso le llevará a tener que hacer fuertes recortes, tal y como le sucedió a Zapatero en mayo de 2019, tras haber dilapidado 13.000 millones de euros en sus dos planes E. Su propuesta de destino de los fondos procedentes de la UE asusta en el sentido de que parece más un nuevo plan E, ya comentado antes, que una iniciativa viable para emplearla de manera productiva, que, además, aumentará el gasto estructural para futuros ejercicios, cuando ya no haya fondos europeos.
Una idea de por dónde va a ir ese incremento de gasto en los presupuestos de Sánchez nos la da la actualización del programa de estabilidad, donde el gasto público se eleva en 54.765 millones de euros, pasando de 521.649 millones en 2019 a 576.714 millones en 2020.
Mientras, los ingresos se hundirán en 25.711 millones de euros, según dicho documento, pero probablemente lo harán más por dos motivos: la economía caerá más de lo previsto en dicho informe y, además, la subida de impuestos la perjudicará adicionalmente.
Esa subida de impuestos prevista no es otra que la que ya recogían en su fallido proyecto de presupuestos, que les fue devuelto en febrero de 2019. No sólo piensan aumentar el IRPF en varios puntos, que desincentivará a los trabajadores, especialmente a la parte de los mismos que más sostiene la recaudación, sino que, además, impondrá un tipo mínimo del 15% en el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades, por no hablar de la tasa para transacciones financieras, que perjudicará a la financiación en los mercados, o las ya anteriormente anunciadas tasas digitales. Como última perla de subida impositiva nos encontraremos con un mayor gravamen a las SOCIMIS en la parte de beneficio no repartido, que dificultará la existencia de este tipo de sociedades, de manera que el mercado inmobiliario puede perder parte de su dinamismo, con las consecuencias en cascada que tendría sobre toda la economía.
Además, todas estas subidas no conseguirán incrementar la recaudación. Así, también la Comisión Europea ya puso en duda que vaya a conseguir los efectos recaudatorios que persigue, dudando, por tanto, de que vaya a paliar ni siquiera en parte el desfase presupuestario por mayor incremento de gasto. Lo que sucederá en el medio plazo es que la actividad y el empleo caerán y, con ellos, la recaudación, aumentando déficit y deuda.
De esa manera, la sostenibilidad de las cuentas públicas comienza a ser una preocupación cada vez más intensa dentro del análisis económico nacional, no sólo por el tremendo incremento de déficit que se producirá este ejercicio, sino porque se alcanza sobre la base de una subida desmedida del gasto, al tiempo que la economía se contraerá, y lo hará tanto más como perjudiciales sean las medidas adoptadas, como una subida de impuestos.
En este sentido, Sánchez no deja de repetir que la subida de impuestos será una política que aplicará -él lo llama justicia fiscal- porque el gasto debe ser incrementado, todo lo contrario de lo que recomiendan todas las instituciones, empezando por el Banco de España, la Comisión Europea o la AIReF.
En este sentido, ¿qué pretende hacer el Gobierno con el gasto? Subirlo exponencialmente. De hecho, si repasamos las cifras que envió a Bruselas, podemos observar con preocupación que el gasto público se eleva en 54.765 millones de euros, pasando de 521.649 millones en 2019 a 576.714 millones en 2020.
Eso hace que el peso del gasto público supere el 50% del tamaño de la economía nacional, al llegar al 51,54% sobre el PIB en 2020, casi diez puntos más que en 2019, donde representaba -y ya era un peso muy elevado- el 41,92% del PIB.
De hecho, esta estimación de incremento del gasto del Gobierno puede ser relativamente optimista y seguramente se quedará corta, como ya han señalado algunos organismos, como la Unión Europea, que desde hace tiempo considera que las estimaciones de gastos e ingresos del Ejecutivo español tienden al optimismo, aun incluso dentro de la gravedad que suponen unas cifras como éstas.
Este elemento es tanto más preocupante cuando ya en 2019 -año no afectado por las consecuencias del coronavirus- se aceleraba el gasto con las medidas que el Gobierno de Sánchez fue adoptado. Recordemos que en los reales decretos de los viernes previos a las elecciones de abril, acordó medidas por importe de gastos estructural de casi 10.000 millones de euros. Eso hace que con ser importante el incremento de impuestos y muy elevado el nivel de impuestos pagados, el gasto creciese casi un punto más que los ingresos en 2019.
Esa diferencia en la evolución entre ingresos y gastos se agrava en lo previsto por el propio Gobierno para este año, ya que considera que el gasto aumentará en los 54.765 millones de euros ya citados anteriormente mientras los ingresos caerán en 25.711 millones de euros.
Esto dificulta más la sostenibilidad de las cuentas públicas, pues el propio Gobierno prevé, y vuelve a ser optimista, que el déficit será del 10,34% del PIB y la deuda alcanzará el 115,5% del PIB, cifra casi alcanzada en junio, con un 115,22% del PIB. La mayoría de instituciones considera que el déficit podrá ser cercano al 15% y que por el efecto de caída del PIB, que estiman que estará por encima del 9,2% previsto por el Gobierno, el efecto en deuda puede elevar a ésta entre tres y diez puntos sobre lo previsto por el Ejecutivo, dependiendo de la intensidad final del incremento del déficit y de la caída del PIB.
Hay que reducir gasto
Pues bien, ante este desequilibrio la solución no puede ser la que propone el Gobierno, que siempre insiste en más y más gasto, al tiempo que quiere incrementar el nivel de carga impositiva hasta niveles que podrían llegar a ser confiscatorios. Es un error.
España no necesita más gasto, sino gestionar de manera eficiente el que tiene e incluso reducir el que no sirve de nada, para así, precisamente, mantener el grueso de los servicios esenciales. El problema sanitario no ha sido por falta de gasto, sino por mala gestión al no anticiparse con medidas tempranas que hubiesen evitado el colapso de la sanidad y que habría permitido no tener que adoptar medidas económicas tan duras como las que hemos sufrido. Y España no necesita más impuestos, sino mantenerlos sin subir y bajarlos en cuanto sea posible; es más, el de Sociedades debería bajarlo de inmediato para atraer inversiones con las que generar actividad, empleo y, con ello, recaudación.
No puede ser que siempre que hay un problema económico el Gobierno mire sólo hacia el lado de los ingresos. El Ejecutivo, y toda la sociedad, debería mirar hacia el lado del gasto y preguntarse si podemos permitirnos el nivel de gasto que tenemos. Toda familia, empresa y persona hace eso en su día a día; por tanto, como sociedad debemos hacernos la misma pregunta, extensible principalmente a quien administra los recursos públicos, que es la Administración. Es obvio que estamos en unos niveles de gasto que no podemos sufragar. Eso no quiere decir que haya que perder el grueso de actuaciones de gasto, sino que hay que circunscribirlas a las que son más necesarias, con una gestión eficiente que permita aprovechar mejor los recursos. A la sociedad le debe quedar claro que ese “gasto, gasto y gasto” se traduce por “impuestos, impuestos e impuestos”, y que, además de ser confiscatoria, una subida de impuestos empobrecería a ciudadanos y empresas, sin conseguir, además, su objetivo recaudatorio.
Por ello, para poder garantizar el equilibrio de las cuentas públicas e ir disminuyendo la enorme deuda que va a haber a finales de este ejercicio (entre el 115% y 125% del Producto Interior Bruto, dependiendo de la evolución final tanto del PIB como del déficit) hay que reducir gasto. Si no se hace así, la recuperación será muy lenta y el drama social será muy intenso en forma de pérdida de puestos de trabajo.
Por eso, unos presupuestos así no se pueden apoyar. Lo que España necesita son unos buenos presupuestos ortodoxos, de ajuste de gasto público, reducción del impuesto de sociedades para atraer inversiones y eliminación de trabas en forma de reformas. Ese tipo de presupuestos son los que se podrían aprobar y no el cheque en blanco que pide Sánchez, que sólo sería perjudicial para la economía española y el mercado laboral.