El Ministerio de Hacienda ha decidido suspender la regla de gasto de la ley de estabilidad presupuestaria para el año 2020 y 2021 para que los ayuntamientos puedan disponer de su superávit de los años 2018-2019, tal y como ha confirmado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en declaraciones a La Sexta.
"La regla de gasto se suspende para el año 2020, estamos trabajando para el año 2021. Estoy convencida de que también estará suspendida para el año 2021, evidentemente tendremos que acomodarla en la norma que mejor convenga", ha explicado.
Esa regla, incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 impulsada por el anterior Ejecutivo del PP, restringía a los ayuntamientos el uso del superávit presupuestario, ya que solo permite a los consistorios destinar sus superávits para amortizar deuda o depósitos bancarios.
El Gobierno ha decidido adoptar esta medida después de que el Congreso tumbara el pasado jueves el decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales.
Tras el fracaso del decreto del Ejecutivo, Montero ha explicado que su intención es plantear esta propuesta a los grupos parlamentarios para impulsar un nuevo decreto ley que sustituya al derogado la semana pasada en la Cámara baja.
Un nuevo texto
El nuevo texto tendrá, según Hacienda, un impacto que superará los 3.000 millones de euros y en él se incluirán las medidas que "aparentemente" generaron un mayor consenso entre los alcaldes.
De este modo, se recuperarán las medidas de liquidez y alivio financiero más necesarias y urgentes para los ayuntamientos, habilitando las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación local, que suponen casi 1.500 millones.
El nuevo texto apuesta por suspender la regla de gasto en 2020 -algo ya previsto en el anterior decreto-, prorrogar para 2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones y ofrecer mejores condiciones financieras a los ayuntamientos con problemas, entre otras.
Asimismo, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018, con un impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros. Por otro lado, también se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.
Es por ello, que el nuevo decreto no adoptará medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos al ser un punto que ha evidenciado una falta de consenso por parte de los diferentes grupos políticos en el Congreso.
Precisamente la Junta de Portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se reúne este lunes para buscar soluciones a la falta de liquidez de los consistorios y después de que todos los partidos, salvo el PSOE y Unidas Podemos rechazaran la primera propuesta planteada por el Gobierno.