Ahora la culpa es de Securitas. Es el nuevo malo de la película. Si hay más noticias sobre okupas, sobre propietarios que no pueden echar a los que invadieron su vivienda o sobre pueblos en los que hay patrullas ciudadanas por las noches para evitar nuevos asaltos, no es porque el fenómeno sea realmente preocupante. O porque España sea un país en el que la legislación (y parte de las administraciones) ampare a los que entran en un inmueble ajeno sin permiso. Es porque las empresas de seguridad se gastan mucho dinero en anuncios y los medios les siguen el juego generando una alarma social injustificada.
Esto no es una caricatura. Es parte de un argumentario bastante habitual en las últimas semanas en la prensa, en las tertulias y entre los líderes de los partidos de izquierda de nuestro país: aquí, por ejemplo, Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, recomienda a sus seguidores un hilo sobre las okupaciones en el que se asegura que estamos ante "una operación mediática", destinada a "señalar como culpable a quien ve vulnerado su derecho a la vivienda", "inocular el miedo" y ayudar a "empresas de seguridad y grupos parapoliciales de ultraderecha". El propio vicepresidente Iglesias aseguraba hace unos días en el Congreso que "el problema de la vivienda en España no es la okupación; es el precio de los alquileres, la especulación y que los fondos buitre son el principal casero". También se han publicado numerosos artículos sobre el tema y muchos de ellos con el mismo enfoque: estamos ante un alarmismo exagerado y que no se corresponde con la magnitud del problema. Como aquí, por poner otro ejemplo, cuando El País habla de la "dudosa alarma sobre los okupas".
Dejando a un lado el "argumento Securitas" (éste es curioso, porque se atribuye la capacidad para cambiar la línea editorial de los medios a una empresa que, aunque es un anunciante importante, tiene una cuota del 0,8% del total del mercado privado de publicidad en España según datos de InfoAdex para 2019; y si añadimos al sector público tendría un porcentaje muy inferior), hay tres grandes mantras que se repiten a menudo:
- El número de okupaciones es muy bajo en relación al número total de viviendas o al número de viviendas vacías
- La mayoría de las viviendas okupadas son viviendas vacías propiedad de la banca o fondos buitre, con lo que al pequeño propietario no le afecta este problema
- Los casos de primera o segunda vivienda okupadas son muy pocos y, en esas situaciones, la Policía sí puede actuar, porque no hablamos de un delito de usurpación, sino de allanamiento de morada. Y ese delito sí es flagrante, por lo que no habría posibilidad de que el okupa demorase la entrada de la Policía con argucias o trucos jurídicos (por ejemplo, un contrato de alquiler falso)
La realidad
Como casi siempre en estos casos, en estos argumentos hay algo de verdad, pero ocultan otra parte de esa realidad tan importante que sin un poco de contexto es imposible analizar el problema de forma correcta.
1. "El número real de okupaciones es muy bajo en comparación al número total de viviendas"
Esto es cierto... para los okupas y para casi cualquier delito. El número total de asesinatos y robos es muy bajo con el número de ciudadanos. O el número total de fraudes contables es muy bajo si lo comparamos con el de empresas en activo. O, mucho más políticamente incorrecto: imaginemos qué dirían muchos de estos analistas si alguien dijera, en un debate sobre violencia de género, "el número total de condenados por matar a su pareja es muy bajo si lo comparamos con el número de parejas y ex-parejas que hay en España".
Uno de los problemas relacionados con la okupación es que no existen datos fiables al respecto. Todos los medios, blogs o analistas, alarmistas y no alarmistas, citamos el número de denuncias por ocupación de viviendas que publica cada año el Ministerio del Interior (aquí en Hay Derecho, en Newtral, en La Marea, en Libre Mercado): lo que nos dicen estos datos es que las denuncias han pasado de 10.376 en 2015 a 14.621 en 2019 (un 40% más, aunque sólo un 25-30% del total afecta a particulares).
Pero también todos reconocemos que esta cifra no es fiable, algo que también ocurre con otros delitos. Ni todos los propietarios denuncian (sobre todo los bancos) ni todos estos conflictos se solucionan por la vía penal tras una denuncia: hay muchos casos que se solucionan por la presión del propietario o de los vecinos, por la amenaza de denuncia, por las empresas anti-okupa o por la denuncia por vía civil, que no siempre se recoge en las estadísticas. En 2017, el Instituto Cerdá publicó un informe en el que se hablaba de 87.000 viviendas ocupadas en España, una cifra que habría crecido y que ahora rondaría las 100.000 viviendas. Aquí, en un artículo en Verne (sección de El País), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) acepta que el número real ronda las 80.000-90.000 viviendas. Así que podemos intuir que por ahí van los tiros: entre 80.000 y 100.000 viviendas ocupadas en todo el país. ¿Mucho o poco? Pues depende de lo que cada uno considere grave (y no olvidemos nunca lo que decíamos antes: qué pasaría y qué dirían si se hicieran esta comparación denuncias/total de la población para otros delitos).
En cualquier caso, vamos a echarle un vistazo a las cifras. Los últimos datos sobre viviendas son antiguos (Censo de población y viviendas del INE de 2011). En ese año, había 25,2 millones de viviendas en España, de las que 3,4 millones estaban vacías. O lo que es lo mismo: los 100.000 inmuebles okupadas (si aceptamos esta cifra) apenas suponen el 0,3% del total de las viviendas vacías.
Pero ese 0,3% puede ser muy engañoso, por muchos motivos. En primer lugar, porque las viviendas vacías y las okupadas no suelen estar en el mismo lugar. Si miramos el porcentaje de viviendas vacías respecto del total de viviendas, las regiones con menor incidencia son las más ricas y con más densidad de población: País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. Enfrente, las regiones con más viviendas vacías (en términos relativos) son Galicia, La Rioja, Murcia y Castilla-La Mancha.
Lo que queremos decir es que el hecho de que haya cientos de miles de pequeños pueblos en España deshabitados, en los que se acumulan millones de casas vacías, desvirtúa la estadística sobre okupación. Porque no es en esos pueblos donde proliferan estos delitos, sino en las grandes ciudades o en la periferia de las mismas (cada vez más, en pueblos y urbanizaciones cercanas a estas grandes ciudades). Los que reclaman una "solución habitacional" para los okupas y hablan de "millones de casas vacías", o aseguran que España es uno de los países europeos con más vivienda sin habitar, deberían explicar que lo que quieren los okupas no es una casa en un pueblo abandonado de Soria, sino un piso en las cercanías de Madrid o Barcelona. Y ahí, casas vacías, ya hay menos. Desde luego, las okupaciones en estas provincias no suponen el 0,3% de las viviendas deshabitadas.
También es verdad que quizás los políticos o periodistas que minimizan el problema no vivan precisamente en los barrios más afectados por la okupación. Es más fácil decir estas cosas cuando tu casa o tu barrio no está en riesgo de sufrir esta situación.
2. La mayoría de las viviendas okupadas son viviendas vacías propiedad de la banca o fondos buitre.
Esto es cierto. Y también engañoso.
En primer lugar, por algo que también tiene que ver con lo que apuntábamos antes sobre la incidencia de este tipo de delitos: las okupaciones no afectan sólo al propietario del piso asaltado, sino a todos los inmuebles cercanos.
Cuando vemos esas noticias sobre pueblos que se echan a la calle contra los okupas o comunidades de vecinos desesperadas por el problema (por ejemplo, aquí en Libre Mercado el ejemplo de Pezuela de las Torres, en Madrid) debemos ser conscientes de que esos vecinos no entran en la estadística. Ellos no pueden poner una denuncia por allanamiento o por usurpación. No son sus casas las afectadas directamente. Y, al mismo tiempo, por supuesto que sufren las consecuencias de la okupación.
En una comunidad de vecinos con 50 pisos, una vivienda ocupada es, estadísticamente, un 2%. Pero la realidad es que el 100% de los 50 inmuebles se ve afectado. Ninguno de los 890 vecinos de Pezuela de las Torres tiene su casa okupada ni aparece en las cifras del Ministerio del Interior, pero todos ellos salen a protestar cada noche. ¿Por cuánto habría que multiplicar ese número de 100.000 viviendas ocupadas para contabilizar el número real de viviendas afectadas en España? ¿Por 2? ¿Por 50? ¿Cuántas ocupaciones son conflictivas y cuántas no? Es imposible saberlo. Habría que analizar caso a caso. Pero es importante tener en cuenta que la alarma social que genera el delito no se debe sólo a la posibilidad de que alguien entre en la casa en la que vives: eso ya sabemos que no es muy probable; lo que nos da pánico no es sólo eso, sino también que entren en la casa vacía del vecino o, todavía peor, en la vivienda propiedad del banco al otro lado del descansillo.
Porque la okupación es un delito que en muchas ocasiones lleva otros aparejados. Y porque alguien que no sólo no es propietario, sino que ni siquiera tiene un título legítimo para habitar en una vivienda (por ejemplo, como inquilino) es muy poco probable que la cuide de forma responsable. Es el efecto Detroit y los que están cerca saben perfectamente que eso no es un mito urbano y que en el momento en el que comienza la degradación de un barrio o un pueblo, pararla es muy complicada.
Además, hay otra derivada importante: cómo afecta ser propietario en un barrio-pueblo con okupas. Pues afecta mucho. ¿Qué descuento debe aplicar un propietario con una casa a la venta que tiene en su comunidad 2-3 pisos okupados? También en estos casos, que tu vivienda no sea la afectada directamente te preocupa tirando a poco.
En este sentido, que la mayoría de las viviendas okupadas sean propiedad de los bancos (y lo son) no sólo no reduce la angustia de los vecinos, sino que la incrementa. Todos sabemos (también los okupas y las mafias, y por eso actúan así) que un propietario particular defenderá su inmueble con más ganas, determinación, continuidad... que el trabajador de una sucursal. De hecho, en estos momentos, en España, uno de los problemas es que el propietario (si es un banco o si es la Sareb) o no denuncia o tarda mucho en hacerlo. Y entonces la Policía no puede hacer demasiado. Así, los vecinos ven como su barrio se degrada, pero están casi inermes.
3. Los casos de primera o segunda vivienda okupadas son muy pocos y, en esas situaciones, la Policía sí puede actuar, porque no hablamos de un delito de usurpación, sino de allanamiento de morada.
De nuevo, son necesarios muchos matices. Por ejemplo, hace unos días se viralizó este hilo en Twitter en el que un usuario explicaba por qué es tan poco habitual que haya una okupación de una primera o segunda vivienda (básicamente, por lo que decíamos antes: estaríamos ante un allanamiento de morada y la Policía actuaría de forma inmediata). El perfil es anónimo, aunque la persona detrás del mismo asegura ser juez. En cualquier caso, lo que decía tenía bastante sentido. Además, lo cogemos como ejemplo porque fue muy comentado por algunas figuras relativamente conocidas de la izquierda mediática y de las redes sociales.
El problema es la distancia que hay entre teoría y práctica. Por un lado, es evidente que los okupas tienden a no meterse en primeras viviendas: saben la diferencia entre allanamiento y usurpación, saben que quien viva ahí no se quedará sentado esperando a que se marchen tranquilamente, y saben, por último, que probar que es tu casa (si vives ahí) será sencillo y el juez dictará una orden inmediata.
Con la segunda vivienda, todo esto ya no es tan fácil. Si no pillas a los asaltantes en el momento de entrar en casa (o poco después) y estos han conseguido esa "apariencia de legalidad" de la que habla este usuario de Twitter (por ejemplo, con un contrato de alquiler falso), puede llevarte unos cuantos meses desalojarlos, porque la Policía y el juez tienen que andar con pies de plomo. En estos conflictos, hay dos opciones: si el propietario y el que está dentro de la vivienda alegan tener derecho a la misma (uno como propietario y el otro presentando un contrato de alquiler que no está claro si es válido o alegando que lleva allí mucho tiempo), la clave reside en quién tiene la presunción de veracidad o cómo se ejecutan las medidas cautelares mientras dura el juicio. Si la balanza cautelar se inclina a favor del propietario, como pasa en muchos otros países europeos, la Policía desaloja; luego, el inquilino le puede llevar a juicio; y, si gana, será resarcido. Con este esquema, es muy poco probable que alguien eche de su casa a quien tiene derecho a estar allí, porque sabe que terminará siendo castigado. En España, el problema reside en que es el propietario el que tiene que demostrar que ese título o el derecho que reclama el okupa no es válido (aparte de las penas, muy bajas, a las que se enfrenten los que sean condenados por usurpación y no por allanamiento). Y los okupas sí tienen en este caso un incentivo a usar todos los trucos legales del mundo: también saben que terminarán siendo sancionados, pero en este caso a cambio vivirán gratis (o casi) en esa vivienda, algo que les puede compensar si la pena no es muy elevada.
Y ya no digamos si no es primera o segunda vivienda, sino un piso destinado a alquiler o que el propietario mantiene vacío por cualquier causa: en todos estos casos, lo normal es que el proceso se alargue mucho, con el enorme dolor de cabeza que eso trae aparejado. Porque ésa es otra cuestión clave: el problema de este delito no es tanto el momento en el que se inicia... sino los meses de angustia que acarrea. Por eso genera más alarma: incluso aunque sepas que hay pocas posibilidades de que te afecte directamente, sabes que, si te toca la china, será un infierno. No nos engañemos, si el Gobierno y la fiscal general del Estado han aprobado instrucciones destinadas a facilitar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es porque hay algo que falla en todo esto.
Por último, otra cuestión importante: aquellos casos que comienzan de forma legal y luego derivan en un delito. Por ejemplo, un inquilino que firma un contrato de alquiler y luego se niega a pagar la cuota. Aquí el problema es todavía más peliagudo (y es peor aún para bancos y fondos). Es verdad que hablamos de una situación en la que el perfil no es el del okupa que da la patada en la puerta, pero no por ello las consecuencias de la sensación de inseguridad son menos graves y los daños a la vivienda pueden ser más duraderos. Además, será muy complicado que funcione el mercado de la vivienda en alquiler si los propietarios (ya sean estos particulares o fondos de inversión) tienen el miedo en el cuerpo ante este tipo de situaciones. Paralizar los desahucios ahora llevará a que muchos (sobre todo familias de bajos ingresos) vean empeorar en el futuro las posibilidades de acceder a una vivienda. Nadie construirá promociones para alquilar y muchos propietarios que se lo habrían planteado en condiciones normales optarán por la venta ante el miedo a este tipo de situaciones.
La vivienda no es el único mercado en el que la falta de protección de la propiedad privada (también si el propietario es un banco) ha generado distorsiones. Pero probablemente sí es uno de los sectores en los que este tipo de medidas han sido más habituales y en los que los problemas se han reiterado de forma más parecida. El economista sueco Assar Lindbeck afirmó en una ocasión, tras hacer un estudio sobre esta materia, que "los controles de los precios del alquiler parecen constituir la técnica más eficiente de entre todas las conocidas para destrozar una ciudad… con excepción del bombardeo". Quizás habría añadido la complacencia con la okupación, si se hubiera imaginado que esto podía pasar en un país europeo.