Maite, la okupa que vivió de Airbnb y ha arruinado la vida de un propietario, consigue quedarse

Maite Mendivil se ha salido con la suya, una vez más. Esta okupa lleva sin pagar al dueño de la vivienda desde el año 2016. Desde esta fecha vive gratis, negándose a pagar los 300 euros de alquiler de un ático con una gran terraza en Las Ramblas de Barcelona. Un precio irrisorio, dado que el inmueble es de renta antigua, si se compara con las cantidades que se exigen por un ático de esas características en el centro de la capital catalana.

Y no contenta con no abonar nada al propietario, Maite ha llegado a hacer negocio con la casa usurpada. La okupa se dio de alta en el portal de alquiler vacacional Airbnb y se presentaba como Tetxu. En el anuncio figuraba que habían pasado al menos 46 huéspedes, tal y como ha comprobado el diario Metrópoli Abierta. La morosa se presentaba como una persona afable, amistosa y con gatos.

En 2016, el arrendador se dirigió al juzgado a denunciar la injusta situación que sufría. Él no era un fondo de inversión ni un banco, era una víctima de usurpación que necesitaba que le devolvieran su casa o, al menos, que le abonaran la deuda. Es entonces cuando empieza su verdadero calvario.

El Sindicato d’Habitatge del Raval, una de las filiales pro-okupa del Sindicato de Inquilinos en España, entra en acción. Pasean a Maite por los medios de comunicación como una pobre víctima de los fondos buitres. Falsean el relato y escrachean al que haga falta para impedir el desalojo. Y así, los abogados de las plataformas de extrema izquierda consiguen ganar tiempo en junio de 2017, cuando un juez dictó la primera orden de desalojo de la vivienda.

Entretanto, el propietario se levanta con pintadas amenazantes en su casa, insultos y el despacho de abogados que llevaba su caso es objetivo de los acosadores del Sindicato d’Habitatge del Raval, sindicato que, por cierto, apoya Pablo Iglesias y con el que han colaborado diputados de Podemos en desahucios saltándose la ley y enfrentándose a la policía. Dicho acoso ya ha sido denunciado por CGCAFE, los Administradores de Fincas Colegiados que defienden los derechos de consumidores y usuarios en materia de vivienda.

El arrendador defraudado tiene que pasar un año más de padecimiento hasta que le llega a la okupa, en noviembre de 2018, la segunda sentencia de desahucio, esta vez firme. Pero el realojo de la usurpadora, por parte del Ayuntamiento de Barcelona y sus servicios sociales, no llega. El consistorio de Ada Colau se lava las manos en el asunto.

Empieza la violencia

Finalmente, este pasado 1 de octubre, la orden de lanzamiento que se iba a ejecutar ha sido truncada por los grupos que apoyan a los usurpadores. Hasta la vivienda ocupada se presentaron los antidisturbios de los Mossos, preparados para el desalojo inminente de Maite.

Los agentes fueron recibidos violentamente por centenares de pro-okupas, grupos de extrema izquierda del Sindicato d’Habitatge del Raval, que ya habían montado un dispositivo antidesahucio.

Pintadas, bombas de humo, pancartas, insultos, empujones y lanzamiento de objetos desde la terraza y desde la misma calle consiguieron fueron los actos que llevaron a cabo los defensores de los delincuentes. Y se salieron con la suya.

Después de varias horas, los furgones de los mossos abandonaron la zona y los violentos radicales celebraron el triunfo de la ilegalidad en las calles. Por supuesto, en ningún momento hubo distanciamiento ni se respetó las normas sanitarias decretadas por la crisis del coronavirus.

En mitad de la tensión, dos concejales de Colau, la edil de Vivienda, Lucía Martín, y el edil de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, se personaron en la vivienda ocupada. Después de dos años sin escuchar las peticiones de la morosa y usurpadora, se han comprometido a pagar parte de la deuda de la okupa, un total de 6.000 euros, en menos de una semana y le han ofrecido un inmueble en en el distrito de Ciutat Vella, todo ello pagado con el dinero de los contribuyentes, claro. Pero, hasta que llegue ese momento, la okupa tranquilamente continuará en la vivienda usurpada hasta que le den un casa gratis.