El gobierno estudia la posibilidad de revisar diversas figuras fiscales en sus Presupuestos para 2021, introduciendo distintas medidas recaudatorias entre las que destaca la reducción o eliminación de los beneficios por aportación a planes de pensiones, la creación de nuevos impuestos especiales o la subida del IVA a la educación o la sanidad privada.
Este último punto resulta especialmente llamativo, porque la gran mayoría de países europeos mantiene este tipo de servicios fuera de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de nuestro país, tanto la educación como la sanidad han estado exentos de pagar dicho tributo desde su aprobación en el año 1985.
El problema de subir el IVA a la educación y la sanidad es que, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, esta medida no solo no propiciaría necesariamente una mejora del saldo fiscal, sino que podría contribuir a su deterioro, puesto que un encarecimiento del precio de estos servicios empujaría a muchos de sus usuarios a los servicios públicos, con el consecuente aumento del gasto público.
Los números que ha repasado la AIReF en uno de sus informes señalan que la exención fiscal aplicada a la sanidad tiene un impacto de 1.763 millones de euros sobre la recaudación tributaria.
Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal recuerda que no basta con hacer ese cálculo, sino que "también hay que calcular el coste que supondría para el sector público asumir la provisión de aquellos servicios que pasan del sector privado al público como consecuencia de la eliminación de la exención".
El procedimiento para llegar a ese dato de coste "implica tres pasos: primero, estimar, en la medida de lo posible, el consumo de servicios sanitarios financiados privadamente; segundo, estimar, el posible aumento de la demanda de servicios públicos derivado de la eliminación de la exención, mediante la aplicación de distintas elasticidades de demanda y suponiendo distintas traslaciones del impuesto a los precios; por último, estimar el coste que podría suponer al sector público satisfacer esa demanda adicional".
Haciendo este cálculo, la AIReF encuentra que el desplazamiento de usuarios hacia los servicios públicos tendría un impacto de 1.365 millones en un escenario de elasticidad intermedia, pero podría llegar a 2.145 millones en el supuesto de que esa elasticidad sea más elevada. Por lo tanto, aunque Hacienda podría obtener 1.763 millones por esta vía, el ministerio de Sanidad podría tener que elevar su gasto hasta en 2.145 millones, lo que aumentaría el déficit público en 382 millones de euros. Y, en caso de darse el supuesto intermedio de elasticidad, la mejora del saldo fiscal sería un 78% menor de lo proyectado.
Con la educación sucede algo parecido. El incremento de la recaudación derivado de una subida del IVA en dicho segmento ascendería a 1.694 millones, de acuerdo con las estimaciones de la AIReF:
De nuevo, es preciso plantear distintos niveles de elasticidad para la demanda de tal servicio en un escenario de subida de precio. Dicho cálculo muestra que el aumento del gasto podría ascender a 2.161 millones de euros, en el caso de una elasticidad más alta. Este escenario ensancharía el déficit en 467 millones. Por otro lado, si la elasticidad observada alcanzase niveles más moderados, el aumento de gasto sería de 1.350 millones, de modo que la mejora del saldo fiscal sería un 80% más baja de lo planteado.