Durante el segundo trimestre del año, coincidiendo con los peores momentos de la primera ola de contagios por covid-19, numerosos analistas denunciaron la opacidad de las estadísticas oficiales. Con el paso del tiempo resultó evidente que la cifra real de contagiados era hasta diez veces mayor de lo que inicialmente se pensaba, mientras que el número de fallecidos estimado de forma independiente duplica los datos comunicados por el gobierno.
Si los estudios de seroprevalencia arrojaron luz sobre la primera cuestión, lo segundo se explica por el seguimiento de las cifras de mortalidad. En la medida en que la información mortuoria reveló un exceso de muertes en el entorno de los 50.000 decesos, la cifra de 30.000 muertes compartida por el Ministerio de Sanidad terminó siendo ignorada por la mayoría de expertos.
Pero las cifras referidas a la mortalidad no solo tienen utilidad en términos absolutos, sino que también se antojan especialmente relevantes cuando se estudian en términos relativos, es decir, relacionando las muertes observadas con el tamaño de la población. De esta forma podemos comprobar qué regiones españolas han sufrido una mayor o menor letalidad durante este año tan complicado.
Evidentemente, este enfoque incorpora a los muertos por covid-19, pero también al resto de fallecidos. Sin embargo, algunos de los principales expertos internacionales en epidemiología y salud pública, como Jayanta Bhattacharya o Martin Kulldorff, han explicado en Libre Mercado que la clave para medir el desempeño de un sistema sanitario no está tanto en medir solamente la mortalidad asociada específicamente a los afectados por el coronavirus, sino en juzgar todos los fallecimientos en su conjunto.
Si tomamos los datos de los tres primeros trimestres de 2020, el Instituto Nacional de Estadística revela que el número de fallecidos asciende a 367.352 personas. Comparando este dato con el último padrón de población (47.026.208 personas a comienzos de año), encontramos que las muertes observadas equivalen a perder el 0,781% de los habitantes del país.
Cuando comparamos las muertes registradas entre enero y septiembre de 2020 con las del mismo periodo de 2019, podemos ver que el aumento de los decesos asciende a 54.811 fallecimientos. Huelga decir que las desviaciones habituales en este indicador tienden a ser mucho más suaves, moviéndose hacia arriba o hacia abajo por un factor de unos pocos miles de fallecimientos. Por lo tanto, la mayoría de las casi 55.000 muertes adicionales que se han dado en los tres primeros trimestres de 2020 pueden ligarse esencialmente al covid-19 y, en segundo lugar, al colapso de la atención sanitaria motivado por la pandemia.
Por comunidades autónomas, el exceso de mortalidad (EM) con respecto al pasado año es mayor en Castilla-La Mancha que en ningún otro territorio, puesto que asciende a 5.508 personas para una población que, a comienzos de año, llegaba a 2.032.863, un escenario equivalente con un exceso de mortalidad por habitante del 0,271%. En la esquina opuesta aparece Baleares, con un 0,024%. Madrid estaría en el segundo puesto de esta medición, con un 0,239%, seguido de Castilla y León (0,218%) y Cataluña (0,166%).
Por otro lado, si en vez de tomar como referencia el exceso de mortalidad analizamos el conjunto de la mortalidad registrada entre enero y septiembre, encontramos que la comunidad con mayor número de fallecimientos per cápita es Castilla y León, con un ratio equivalente al 1,121% de la población. En el extremo opuesto figura Baleares, con un 0,552%. Tomando este enfoque, Madrid está por debajo del promedio nacional (0,774% vs 0,781%), mientras que Cataluña se sitúa levemente por encima (0,796% vs 0,781%).
Por otro lado, el estudio del número de hospitalizados en relación a los positivos confirmados arroja el siguiente cuadro, con Castilla y León en cabeza.
