El gobierno catalán ha salido al paso del malestar y las críticas del sector de la hostelería con un decreto ley que obliga a los propietarios de los locales que ocupan bares y restaurantes a rebajar la renta hasta un 50% en caso de cierre temporal parcial o total del negocio por culpa de la pandemia de coronavirus. La medida ha sido calificada de "histórica" por parte del "Gremi de Restauració", que había pedido una rebaja de hasta el 75%.
La Generalidad ha elaborado un decreto ley en el que indica que si no hay un acuerdo entre propietario y arrendatario, la rebaja deberá ser de la mitad de la renta en caso de que el negocio esté cerrado de manera total. En el caso de cierres parciales o de establecimientos que vendan comida para llevar o a domicilio, la rebaja será proporcional a la reducción de la actividad registrada.
El propósito de la administración autonómica, según consta en el decreto ley, es aplicar un inédito "principio de solidaridad" mediante el que propietario del local y propietario del negocio se repartan las cargas y los costes en caso de cese de actividad. Además de bares y restaurantes, la medida incluye comercios así como teatros, gimnasios, peluquerías, centros de estética, casas de apuestas y hoteles.
La consejera de presidencia y portavoz de la Generalidad, Meritxell Budó, ha explicado en rueda de prensa que el decreto trata de reducir el impacto de las restricciones en la actividad hostelera y evitar que muchas familias y personas se queden sin ingresos.
El decreto abunda en la teoría de que arrendadores y arrendatarios deberán llegar a una acuerdo, pero en caso contrario y para evitar que recurran a los tribunales, se establece una rebaja obligatoria del 50% en caso de cierre total y proporcional en el caso de cierre parcial. El texto invoca además el "rebus sic stantibus" (estando así las cosas) como principio inspirador de la medida.
Fuentes del gobierno catalán han admitido que el texto legislativo puede ser recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno. También han asegurado que tratarán de ayudar también a quienes no sean considerados grandes tenedores de locales comerciales y dependen de esos alquileres para su propia subsistencia.
Bronca entre Tremosa y Budó
El anuncio ha venido precedido por una fuerte bronca entre la consejera portavoz, la antedicha Meritxell Budó, y el consejero de Empresa, Ramon Tremosa, quien ha publicado en Twitter los principales puntos del decreto ley antes de la rueda de prensa. Budó y Tremosa forman parte de Junts per Catalunya (JxCat). Tremosa se habría sentido molesto porque Budó no le ha requerido para coprotagonizar la comparecencia ante los medios y ha decidido dar publicidad al decreto antes de tiempo. Las presiones de Budó le han obligado a retirar los tuits en los que anunciaba las principales medidas.