La nefasta gestión del Gobierno social-comunista ha convertido a España en uno de los países que peor están gestionado la pandemia de covid-19 y que más van a hundirse económicamente, de ahí que en plena segunda oleada los principales organismos internacionales siguen corrigiendo a la baja sus previsiones sobre nuestro país.
No cabe duda de que entre los más castigados por la incompetencia del Gobierno se encuentran los trabajadores autónomos, víctimas de un injusto desamparo en la primera fase de la pandemia y cuya situación dista mucho de mejorar con el nuevo cerrojazo que preparan el Ejecutivo de Sánchez y los distintos Gobiernos regionales.
La Asociación de Trabajo Autónomo (ATA) ha protestado contra la imposición del nuevo estado de alarma asegurando que “se avecina un desastre para autónomos, empresas y trabajadores si no se acompaña de un plan urgente de medidas económicas”. A este respecto, ATA reclama una rebaja de las cotizaciones sociales, una congelación de la abusiva presión fiscal, la reducción del IVA a los sectores más castigados por la paralización económica y la introducción de determinadas deducciones fiscales que estimulen la inversión.
El decálogo propuesto por estos autónomos vale, de hecho, para un contexto de normalidad, puesto que busca fundamentalmente aliviar las cargas de un sector que representa el 15% del PIB e integra a más de tres millones de trabajadores. Con mucha más razón cabe exigir al Gobierno su aplicación en unos momentos en los que ya no se trata de fomentar el crecimiento de estos pequeños negocios, sino de posibilitar su mera supervivencia.