La izquierda nunca ha sido muy ducha en obtener buenos resultados en economía. Sus logros económicos suelen ser, con honrosas excepciones, inversamente proporcionales a sus éxitos propagandísticos. Es verdad que hay socialdemócratas brillantes, cuyo único problema es que suelen confiar en exceso en el gasto público sin ver del todo los efectos negativos que conlleva la expulsión del sector privado por esa sustitución que se produce por el sector público y en la merma de la actividad derivada del incremento de impuestos.
Ahora bien, esos socialdemócratas brillantes, que los hay, y creo que la vicepresidenta económica es uno de ellos, pueden obtener resultados que no sean eficientes, pero tampoco que generen un descalabro insalvable. Sin embargo, la izquierda actual, una vez que ha anulado a la vicepresidenta Calviño e incluso me atrevo a decir que a la ministra de Hacienda, que, pese a que es muy dogmática, tiene muchos años de experiencia en gestión y sabe que hay ciertas cosas que no se pueden hacer para no poner en peligro la economía, es una izquierda tremendamente irresponsable, y en el ámbito económico se ve claramente.
Lo que ha hecho con el proyecto de PGE es una huida hacia delante, donde suple la falta de crecimiento con promesas de gasto de todo tipo sin pensar en la losa de deuda que genera, porque realmente la interpretan como una deuda perpetua, que, por cierto, era la forma de financiarse que tenía el Gobierno en el régimen de Franco, con lo que aplicando los socialistas y comunistas su propia ley de rencor, deberían desterrar esa práctica, que eso sí que no era positivo.
Gasto, déficit y deuda y, sobre todo, una apuesta decidida por una economía subsidiada. La izquierda siempre ha tratado de trazar una red clientelar de voto, como supuso la instalación del PER en Andalucía en época socialista, pero ahora ya la actual izquierda no tiene medida.
Con el ingreso mínimo vital, el Gobierno de coalición entre el PSOE y los comunistas de Podemos ha decidido avanzar hacia un estado asistencial, ineficiente y que haga dependiente a los ciudadanos del poder público, pero no queda ahí la cosa.
Una economía subsidiada, clientelar e insostenible
En el proyecto de PGE ha decidido subir un 0,9% el salario de los empleados públicos, al tiempo que aumenta el número de oferta de empleo público y, con todo ello, sube un 4% la previsión de gasto de capítulo I (gasto de personal).
Paralelamente, también propone incrementar las pensiones un 0,9%, volviendo a ligarlas a la inflación, alejando la aplicación del factor de sostenibilidad. El conjunto de reformas acordadas en el Pacto de Toledo es insuficiente para lograr la sostenibilidad del sistema, pero esa sostenibilidad caerá antes con subidas ligadas a los precios. Esta subida de las pensiones no beneficia a los pensionistas, sino que los perjudica, porque ante el aumento de la pensión en el corto plazo se contrapone la elevación de riesgo que aparece con la presión sobe la deuda de la Seguridad Social, riesgo que puede terminar desembocando en un recorte de las pensiones.
Adicionalmente, con la coyuntura económica que atravesamos en esta crisis, donde se reduce también la parte estructural, al disminuir el crecimiento potencial de la economía, las prestaciones por desempleo constituyen otra losa sobre el gasto público. Si se malgasta el dinero en otras funciones habrá menos fondos para pensiones, para prestaciones por desempleo e incluso para los empleados públicos, con lo que mal servicio hace el Gobierno con su política expansiva del gasto.
¿Qué es lo que está provocando con ello? Una sociedad subsidiada. De esta manera, por ejemplo, según la última EPA vemos que en el último año ha descendido el empleo en el sector privado en 805.900 empleos y ha aumentado el empleo público en 108.500 puestos de trabajo.
Ese incremento de empleados públicos, más el que se prevé en el proyecto de PGE, tensa la sostenibilidad de las cuentas públicas, pues con el propio envejecimiento de la población el aumento de gasto en pensiones está garantizado. Si a ello le unimos las prestaciones por desempleo, entonces la presión sobre el gasto público se intensifica. De esa manera, ahora mismo tenemos 3.337.100 empleados públicos, según la EPA; 8.861.002 pensionistas, según el ministerio de la Seguridad Social; y 2.942.301 prestaciones por desempleo, según el ministerio de Trabajo. Si a ello le unimos las prestaciones por ingreso mínimo vital, escasas todavía por la lentitud en el reconocimiento de las mismas y llega a más de 800.000 familias, tal y como prevé el Gobierno, la insostenibilidad se acrecienta.
El lugar al que nos llevan estos datos es a que la economía avanza inexorablemente hacia la conversión en una economía subsidiada, clientelar e insostenible. Así, frente a los 15.839.800 ocupados que hay en el sector privado, nos encontramos con que esa cifra de trabajadores sostiene a un número similar de personas pagadas con fondos públicos, que son 15.140.403. Eso es, sencillamente, insostenible en el tiempo.
Esta gestión contraproducente sólo puede conducirnos a acentuar la destrucción del tejido productivo y, con ello, de millones de puestos de trabajo, dejando a trabajadores y empresarios sin cobertura alguna, y a destruir, así, la prosperidad labrada por los españoles, convirtiendo a nuestra sociedad en un ente pobre y subvencionado, incapaz de prosperar. Es el paso de una economía sostenible a una economía sostenida artificialmente. Es la distancia que media entre la prosperidad y la pobreza, respectivamente. Es la apuesta de la izquierda radical actual por una economía subsidiada en lugar de por una economía productiva. Es el camino más directo hacia el empobrecimiento de todos los españoles.