Hans von Spakovsky (Huntsville, 1959) es abogado y sirvió durante años en la Comisión Electoral Federal de Estados Unidos. Como analista de la Fundación Heritage lleva años impulsando iniciativas para reformar el sistema electoral de su país, abogando por normas que ofrezcan más garantías y reduzcan el margen de fraude en los comicios. Entre los años 2017 y 2018, Spakovsky ha sido asesor de la Casa Blanca, en el marco de la Comisión Presidencial para la Integridad Electoral nombrada por el presidente Donald Trump. Libre Mercado se entrevista con él para valorar las polémicas elecciones presidenciales del pasado 3-N.
Desde España vemos con cierta incredulidad lo que está sucediendo. ¿Cómo es posible que se produzca semejante lío en una elección de máxima relevancia, más aún siendo Estados Unidos una democracia de referencia en todo el mundo?
No hay excusas. Esta elección es un caos. Los estadounidenses somos los primeros que asistimos con tristeza a todo lo que está sucediendo. Llevo décadas trabajando para mejorar los procesos electorales porque esto es precisamente lo que quisiera erradicar del sistema: la falta de garantías en torno a nuestras votaciones.
Bueno, entremos en materia. ¿Por qué hay sospechas en torno al voto por correo?
En Estados Unidos, la mayoría de la gente vota en persona, aunque existe la posibilidad de enviar su voto por correo, cosa que también sucede en España y en muchos otros países. Para pedir esos votos hay que enviar un escrito firmado y debidamente identificado, a continuación se comprueban los datos de los votantes y se les remiten las papeletas. A continuación, el votante tiene dos opciones, o bien entregar el sobre en persona o bien remitir su voto a una dirección oficial, donde las autoridades electorales deben procesarlo.
Hasta ahí todo parece razonablemente normal. ¿Qué ha pasado, entonces, para que las presidenciales acaben envueltas en todas estas polémicas?
Los demócratas han promovido masivamente el voto por correo. La covid-19 también ha influido. El resultado es que se han tramitado alrededor de 100 millones de votos por esta vía. Estos sufragios están sujetos a un posible fraude porque su procesamiento y conteo no se está desarrollando como debería, en opinión del equipo legal de la campaña de Donald Trump.
O sea, que el problema está en la supervisión de los votos recibidos.
Efectivamente, ese proceso corre a cargo de las autoridades electorales, que están controladas por el Partido Demócrata en todos los condados que ahora son clave para estos comicios. Si a eso se le suma el historial de malas prácticas que se ha documentado en dichos Estados, es evidente que hay dudas razonables sobre el proceso y lo normal es que se exijan garantías.
Pero entiendo que el problema es anterior, es decir, los problemas a la hora de verificar los votos son el punto culminante de un proceso que empezaría con la introducción de sufragios indebidos.
Así es. Las malas prácticas en este campo son distintas y diversas: se envían votos en nombre de personas fallecidas, de inmigrantes que no tienen derecho a voto, de votantes no registrados, de gente que no reside en el Estado… En la Fundación Heritage hemos documentado miles de casos de fraude electoral observados en los últimos años y esa información también ha sido elevada a la Casa Blanca, que puso en marcha una Comisión Presidencial de la que formé parte y que investigó estos asuntos.
Bien, supongamos que se han introducido esas bolsas de votos indebidos. A priori, los observadores electorales deberían detectar ese fraude e impedir que se incluya en los resultados, ¿no?
Efectivamente. Hay que abrir el sobre, verificar que el voto se envió a tiempo, comprobar que el votante está censado, asegurar que se han colocado los sellos oficiales… Si el voto supera esa criba, pues se tramita el voto y listo. Es fundamental, entonces, que exista un proceso de verificación y supervisión, es decir, que los observadores electorales puedan hacer su trabajo.
A priori, como en todos los países, son las autoridades las que tienen que hacerlo, pero al mismo tiempo se contempla la presencia de observadores que revisan los votos sobre el terreno y que pueden frenar el recuento cada vez que se aprecie alguna anomalía. La campaña de Donald Trump está denunciando que en Pensilvania, en Michigan y en Georgia, principalmente, no se ha permitido que los observadores republicanos estén presentes en el recuento. A veces se les autoriza a entrar en el recinto pero se les mantiene a 10 o 15 metros en vez de justo al lado de la mesa. Además, se les impide revisar la documentación. En la práctica, nadie está controlando los votos y, por lo tanto, el margen para el fraude es notable.
Esto ya depende de los tribunales, entonces, pero ¿hasta qué punto pueden prosperar estas denuncias?
La campaña de Donald Trump ha presentado litigios en Pensilvania, en Michigan y en Georgia. Reclaman, en efecto, la presencia de los observadores en el proceso y denuncian la imposibilidad de verificar el proceso en ausencia de ese control. Por otro lado, también cuestionan que las autoridades electorales hayan cambiado las normas electorales sobre la marcha, puesto que tal poder corresponde a los legisladores estatales. Evidentemente, las primeras apelaciones fueron elevadas a las autoridades electorales, pero como estas autoridades han sido nombradas por el Partido Demócrata, la mayoría se ha lavado las manos. En consecuencia, se han presentado denuncias a nivel estatal e incluso es probable que Trump acuda a la Corte Suprema.
Los demócratas afirman que el voto por correo ha sido abrumadoramente izquierdista y que todos esos sufragios fueron para Joe Biden, aunque estadísticamente se ha informado de circunstancias que son difíciles de creer.
Claro, por ejemplo hay discrepancias entre el número de votos procesados y el porcentaje de escrutinio que se comunica, en otros casos vemos que se añaden de golpe casi 140.000 votos y que ninguno de ellos se asigna a Donald Trump…
Pero, ¿se mojarán los jueces? Hace veinte años no quisieron entrar al fondo de la cuestión y, en gran medida, se lavaron las manos.
Incluso aunque Donald Trump pueda demostrar que se ha violado el proceso, es difícil que se revierta la situación, porque el historial nos dice que, por lo general, los jueces tienden a desentenderse en este tipo de casos, como bien decías. Hay aparentemente algunas informaciones que apuntan que en Pensilvania sí se habrían separado los votos presenciales de los votos por correo, lo que a priori permitiría separar el grano de la paja, pero todo eso está ahora mismo en los tribunales.
Entonces, ¿cree que Donald Trump terminará dejando la Casa Blanca?
Creo que Joe Biden será elegido presidente y que Donald Trump va a tenerlo muy complicado, porque todo este sistema debió haber sido desmontado antes de las elecciones. Ahora mismo, diría que solo tiene un 20% de posibilidades de hacer valer sus argumentos, porque tiene todo en contra. Cosa distinta sería si las autoridades electorales fuesen independientes, si se hubiesen adoptado mejoras en los procesos electorales...
Antes comentó que su equipo de trabajo en la Fundación Heritage ha recopilado miles de casos de fraude electoral en Estados Unidos.
Hemos construido una base de datos pionera en este campo. Recogemos todo tipo de circunstancias: condenas en firme por este tipo de delitos, episodios en que se terminaron repitiendo los procesos electorales por estas malas prácticas, sentencias judiciales contra redes organizadas que se coordinan para canalizar miles de votos fraudulentos…
En Estados Unidos no existe un DNI como tal y tampoco hay reglas claras de identificación de los votantes. Son escenarios que tienen su explicación pero que, ante una elección, tienen inconvenientes obvios. ¿En qué territorios se observa un mayor predominio de prácticas fraudulentas?
California, por ejemplo, tiene un historial lamentable a la hora de hacer valer la legalidad y asegurar la integridad de las elecciones, en la medida en que no se verifica correctamente quién vota. En Nueva York ocurre lo mismo, se vota sin identificación alguna, dices tu nombre y, si está en una lista, es suficiente. Se han detectado redes criminales que han llegado a operar durante quince años en algunos casos.
Ambos territorios son feudos electorales de la izquierda. ¿Esto va de partidos?
Nuestra base de datos deja claro que el fraude ocurre a ambos lados del espectro político, aunque sí hay una mayoría de casos ligados al Partido Demócrata. En cualquier caso, esto sucede también en las primarias de los partidos, de modo que también vemos republicanos "robando" votos a otros republicanos o demócratas "robando" votos a otros demócratas.
La elección, en cualquier caso, no se decide en California o Nueva York, sino en Pensilvania o Michigan. ¿Qué nos dice la historia reciente?
Pensilvania y Michigan son conocidos como dos de los territorios con mayor incidencia de corrupción electoral. En Filadelfia, por ejemplo, han salido a la luz distintos escándalos de fraude en los meses y semanas anteriores a las elecciones, desde los sobornos a la falsificación de sufragios. En Detroit pasa lo mismo, de hecho su historial es aún peor.
Si Trump termina perdiendo, ¿quedará algo del "trumpismo"?
Las políticas de Donald Trump han atraído a votantes de rentas bajas, han seducido a ciudadanos hispanos o negros que tradicionalmente solo consideraban votar al Partido Demócrata… Creo que ha ampliado la base electoral del Partido Republicano y eso debería preocuparle a la izquierda, que ha visto cómo Trump articulaba un nuevo conservadurismo capaz de arrancarles muchas de sus banderas.
Y, bajo ese supuesto, ¿qué figuras tienen futuro dentro del republicanismo?
Se habla mucho de que Mike Pence, Tom Cotton o Nikki Hayley son algunas de las caras que hay que tener en cuenta de cara al futuro, pero obviamente aún es muy pronto para pensar en 2024 y, en cualquier caso, lo primero que hay que hacer es resolver esta elección.
Grover Norquist nos comentaba que el saldo total de las distintas elecciones celebradas el 3-N es positivo para la derecha, ¿es así?
Al final hemos visto que lo que iba a ser una "marea" azul ha terminado siendo una "marea" roja, porque los republicanos han mantenido el Senado, han ganado posiciones en la Cámara, han aumentado el número de gobernadores y de legisladores en los parlamentos estatales… Por lo tanto, el saldo general es positivo.