Casi 1.000 millones de euros, eso es lo que ha costado a los españoles el teatro que ha montado el Gobierno a cuenta del IVA de las mascarillas. PSOE y Podemos se han negado durante meses a rebajar la fiscalidad de este producto sanitario que, desde marzo, se ha convertido en esencial y hasta obligatorio como consecuencia de la pandemia.
La sorpresa saltó este miércoles cuando, tras rechazarlo en varias ocasiones, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el IVA de las mascarillas bajará del actual tipo general del 21% al superreducido del 4%, al tiempo que se reducirá su precio máximo de venta.
Esta medida choca frontalmente con lo afirmado hasta la fecha, ya que el Gobierno se escudaba en que la normativa comunitaria relativa al IVA prohibía dicha rebaja. El radical cambio de postura se produce después de que el Gobierno trasladara una consulta formal a Bruselas y la Comisión confirmara el pasado martes "por escrito" que, si bien la directiva no permite aplicar tipos reducidos de IVA a las mascarillas de venta al público, no impondrá ningún tipo de sanción debido a la situación excepcional derivada del coronavirus.
Sin embargo, el Gobierno ya conocía la posición oficial de las autoridades comunitarias desde hace meses. En concreto, fue el pasado 3 de abril cuando la Comisión comunicó a los estados miembros que no sancionaría a los países que decidieran rebajar el IVA de las mascarillas, coincidiendo con la eliminación temporal de las tasas aduaneras y de IVA en la importación de productos sanitarios procedentes de terceros países, lo cual motivó numerosas reducciones a nivel europeo. Esta decisión comunitaria fue confirmada posteriormente el 5 de mayo, de modo que no había ninguna duda al respecto.
Desde entonces, España se convirtió en uno de los países de la UE con mayor tributación sobre las mascarillas al seguir aplicando el tipo general del IVA. En Portugal, por ejemplo, el tipo es del 6%, en Francia del 5,5% y en Alemania del 5%, mientras que en Italia, Bélgica y Países Bajos es del 0%.
El Gobierno de Pedro Sánchez, por el contrario, se negó durante meses a aprobar rebaja alguna, a sabiendas de que era posible. El coste de dicho retraso para el bolsillo de los contribuyentes se aproxima a los 1.000 millones de euros, tomando como base los cálculos del propio Ejecutivo, que estima en 1.568 millones de euros la pérdida de recaudación anual por bajar el IVA del 21% al 4%.
Dicho de otro modo, los españoles se habrían ahorrado casi 1.000 millones de euros, unos 54 euros por familia, si el Gobierno de PSOE y Podemos hubieran rebajado el IVA de las mascarillas el pasado 3 de abril y no el próximo martes 17 de noviembre, cuando, finalmente, lo aprueben en Consejo de Ministros.