La Unión Europea quiere "armonizar" todos los regímenes fiscales de los países miembros. Armonizar significa que los ciudadanos que disfrutaban de regímenes fiscales más llevaderos -como los luxemburgueses- tendrán que "ponerse al nivel" de la media europea. Para este fin, los burócratas europeos también quieren acabar con el secreto bancario, no sólo en Europa, sino también ¡en el resto del mundo!.
Los fines que se persiguen, naturalmente, son "justos y elevados". Con la armonización se persigue la igualdad internacional en la carga fiscal, y con la eliminación del secreto bancario se pretende acorralar a los blanqueadores de dinero negro.
Pero antes de lanzarnos a aplaudir unas medidas, en apariencia tan justas y equilibradas, deberíamos reflexionar un poco. ¿Con qué criterio se va a fijar esa carga fiscal "óptima"? ¿Se consultará acaso a los ciudadanos de los países más afectados si desean soportar una carga fiscal mayor? En los países que tengan que incrementar su presión fiscal, ¿a qué se dedicarán los ingresos extra, si es que los hay? Y a los países que tengan que reducirla ¿se les permitirá incurrir en elevados déficit presupuestarios o se les obligará a ajustar sus presupuestos?
Por otra parte, ¿es acaso deseable que todos los países de la Unión Europea tengan la misma fiscalidad? Desde el punto de vista del contribuyente, persona física o empresa, no. La diferencia de regímenes fiscales permite "votar con los pies" y fijar la residencia o actividad productiva allí donde el fisco tenga un instinto predatorio menos desarrollado. El resultado de la competencia fiscal sería unos impuestos más bajos en toda Europa, siempre y cuando no existan restricciones a la libertad de movimientos, de personas y de capital. Pero desde el punto de vista del gobernante sí que es deseable una fiscalidad homogénea. Si su vecino fija impuestos más bajos, él pierde clientela, al igual que los señores feudales despóticos perdían vasallos en favor de otros señores más benignos. Luego, en beneficio común -de los gobernantes-, conviene ponerse de acuerdo con los vecinos para fijar condiciones más severas a los vasallos y evitar la competencia.
Pero si esto es así, ¿por qué no se aplica la legislación europea sobre competencia a las Haciendas nacionales? ¿No es una conspiración para restringir el grado de competencia lo que intentan hacer los burócratas europeos? ¿Están ellos acaso por encima de la Ley? Parece ser que sí.
Con la excusa de perseguir a defraudadores al fisco (gente que se resiste a entregar partes sustanciales de su producción o su riqueza a cambio de prácticamente nada) y traficantes de drogas (otro problema creado por los estados, al prohibir sustancias que, cuando eran legales, no planteaban ningún "problema social") pretenden eliminar las barreras que la proverbial prudencia y discreción de la práctica bancaria impuso a las miradas indiscretas y a los abusos de los poderosos: el secreto bancario. Dudo mucho que los suizos sean tan tontos como para ceder en este asunto, del que depende su prosperidad. Si bien es verdad que los bancos suizos albergan el producto de las rapiñas de tipos como Castro y Milosevic, también es verdad que sirven de refugio a aquellos ciudadanos que no quieren ver cómo los políticos rapaces de sus países de origen devoran sus patrimonios.
Como siempre, los políticos y burócratas insisten en que para combatir el crimen necesitan más poder, y se indignan cuando alguien pone en duda que ese poder vaya a tener siempre un uso legítimo. Tan legítimo como el que Borrell le dio esgrimiéndolo como arma intimidatoria ante Lola Flores y tantos otros; o como el que le dieron sus subordinados de la "Hacienda paralela" en Barcelona.
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