Si hay algo que pueda asegurarse del presidente de la Junta de Extremadura es que nunca dejará de sorprendernos con sus esperpentos populistas, fuertemente enraizados en el fértil humus de su ignorancia acerca de las más elementales leyes económicas; aspecto este, por otra parte, característico del socialismo guerrista que él representa.
Quiere castigar el excelentísimo señor Ibarra a la banca "insolidaria", que capta los ahorros de los extremeños para invertirlos en otros puntos de la geografía nacional. Según sus palabras "un sector que tiene muchos recursos que recauda en Extremadura, que sirven para enriquecer o mejorar la situación de sus accionistas, pero no lo invierte en Extremadura. Son los bancos". La normativa que pretende implementar, persigue "gravar fiscalmente la captación del ahorro extremeño y su falta de reinversión en proyectos productivos mediante créditos". No obstante, y si los bancos muestran una actitud "solidaria" como la de las Cajas de Ahorro, realizando obras sociales, el importe de estas obras se les descontará de esa futura tasa.
Si el señor Ibarra cree que en Extremadura existen proyectos de inversión rentables que no consiguen financiación, lo que debería hacer es dar ejemplo invirtiendo en ellos su propio patrimonio personal. Si considera que los accionistas de los bancos se están enriqueciendo gracias al ahorro extremeño, debería aconsejar a sus administrados que comprasen acciones de la banca. Pero si lo que pretende realmente el señor Ibarra es obtener ingresos extra para poder llevar a término su programa político a costa de los accionistas de la banca, debería preguntarse en qué se diferencia su actitud de la de un extorsionador.
El gran economista discípulo de Ludwig von Mises, Murray N. Rothbard, comparaba al Estado con una mafia autorizada por ley. Se puede estar o no de acuerdo con él, pero hay una cosa clara: si el Estado quiere diferenciarse de los salteadores de caminos y de los mafiosos debe respetar ciertos límites. Y estos límites son precisamente la seguridad jurídica y el respeto por la propiedad privada.
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