Los trabajadores de SINTEL han puesto de manifiesto una verdad conocida desde hace mucho tiempo por quienes se toman la molestia de leer un poco de Historia. El Estado es implacable cuando se enfrenta a individuos aislados. Pero cuando se enfrenta a un colectivo organizado, se transforma en un tigre de papel, independientemente de lo justo o razonable que sean las reivindicaciones de ese colectivo.
La principal misión de un Estado de Derecho es garantizar el imperio de la ley y la igualdad ante ella de todos los ciudadanos. Esta es la única justificación que le legitima para ostentar el monopolio de la violencia y la coacción. Existen muchos trabajadores en España, aparte de los de SINTEL, que han perdido sus empleos y se han quedado sin cobrar sus salarios, porque las empresas para las que trabajaban han quebrado. Pero como se trata de empresas pequeñas o medianas, su capacidad para montar espectáculos intimidatorios –creadores de malas conciencias en los que administran dineros y derechos ajenos– es muy limitada. No se les otorga la categoría de "colectivo" –título que, al parecer, faculta a un grupo de personas para vulnerar flagrantemente la ley cortando carreteras u ocupando por la fuerza la vía pública como acto de "protesta"– porque no son suficientemente numerosos ni han obtenido la "cobertura" sindical necesaria.
Una de las causas de la quiebra de SINTEL fue precisamente la fuerte implantación sindical que en ella existía. Los sindicatos no podían permitir que uno de sus buques insignia naufragara sin más, por eso se volcaron en este caso. Nada hay que decir en lo tocante a los salarios adeudados. Es evidente que todo acreedor, cuando se declara una quiebra, intente hacer lo posible (y a veces lo imposible) por cobrar lo que se le debe, siempre y cuando lo cobre del patrimonio del acreedor y no vulnere derechos de terceros.
Conseguir el cobro de los salarios por medios distintos a los de la jurisdicción ordinaria (créditos bancarios que gestionarán las centrales sindicales... ¿quién los pagará?) ya es en sí una vulneración de la igualdad ante la ley; pero lo más grave es que el ejecutivo haya cedido a la presión intimidatoria, transfiriéndola a empresas como Telefónica, ACS y Dragados –contratistas y suministradores que trabajan para la Administración– para que "recoloquen" a estos trabajadores en sus nóminas. El resto de los mortales, si queremos trabajar para estas grandes empresas, tenemos que sufrir un proceso de selección en función de las necesidades de la empresa, no de las nuestras. Es lo justo y lo razonable... siempre que, claro está, se trate de individuos aislados y no de colectivos, quienes, al parecer, gozan de un estatuto jurídico diferente; vamos, como en la Edad Media. Por esto mismo, los trabajadores de SINTEL que no puedan absorber las citadas empresas, gozarán del subsidio de desempleo por un tiempo superior al resto de la plebe, así como de ventajosos planes de jubilación anticipada.
En fin, los gobiernos son como los matones cobardes de patio de colegio. Exhiben todo su poder intimidatorio cuando saben que nadie va a atacarles, y se esconden precipitadamente cuando se pone a prueba su fuerza. Y es que algunas cosas no cambian cuando se pasa de la infancia a la edad adulta, tan sólo sustituimos el pantalón corto por el largo.
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