La causa principal de la inflación rectamente entendida es el abuso del crédito, especialmente el que cometen las administraciones públicas cuando cierran los presupuestos con déficit. Pueden producirse subidas de precios puntuales por otros motivos, como el incremento en los precios de las materias primas, malas cosechas, problemas de abastecimiento, etc.; así como también por causa de restricciones a la competencia, que dan lugar a incrementos de precios cuando se impide que otras empresas entren en el mercado para satisfacer los incrementos de la demanda. Sin embargo, por un abuso del lenguaje, a toda subida del IPC se le llama hoy inflación.
Las cifras del Presupuesto en España están prácticamente equilibradas, por lo que no cabe esperar grandes reducciones de la tasa de inflación por esta vía. En cuanto al encarecimiento de las materias primas, poco podemos hacer, ya que no podemos influir en la fijación de los precios. Tan sólo nos queda el camino de las reformas estructurales, esto es, eliminar las trabas que las regulaciones imponen a la competencia, tanto a nivel nacional como europeo; así como vigilar la calidad de los créditos que concede el sistema bancario (que los plazos de amortización no sean demasiado largos, y que los rendimientos de los proyectos de inversión que se financian no sean demasiado bajos).
La llamada política fiscal, que todos los economistas de filiación keynesiano y orientación socialista recomiendan, sólo puede justificarse cuando existe déficit presupuestario y no es posible a corto plazo (ya sea por motivos políticos o de otra índole) reducir los gastos del Estado, o bien cuando, como en EE.UU., se recauda más de lo que se necesita. Además, este tipo de política está inspirada en una teoría económica falaz, la keynesiana, que más o menos predica la simpleza de que si hay inflación, es porque los consumidores consumen demasiado, y si hay deflación, porque consumen demasiado poco; aunque curiosamente, la solución que se nos propone es siempre la misma: si hay deflación, que el Estado gaste más, si hay inflación, que el Estado cobre más impuestos. Esto es, si sale cara, me lo quedo yo, si sale cruz, me lo da usted.
Proponer una subida de impuestos –o al menos oponerse a que éstos se bajen cuando el presupuesto está equilibrado y la economía en auge— con la excusa del "recalentamiento", equivale a poner en manos del Estado una proporción mayor de la renta nacional, es decir, equivale a darle más poder al Estado. Nótese que no digo "más dinero", sino "una proporción mayor", porque a estas alturas a casi nadie (salvo a los socialistas y comunistas recalcitrantes) se le escapa que más impuestos no equivale precisamente a más recaudación.
Pero aunque así fuera, si de lo que se trata es de gastar menos para evitar el "recalentamiento" ¿por qué darle el dinero al Estado? ¿Es que acaso el Estado lo va a guardar en una caja, lo va a ahorrar... o más bien se pondrá él a gastarlo? Si se trata de no consumir, para no "recalentar" ¿por qué no dar un trato fiscal más favorable al ahorro y los rendimientos del capital?
Lo que en realidad ocultan estas iniciativas es una transferencia de poder desde el ciudadano hacia el burócrata. Esta es la tentación permanente de los que ejercen el poder, y cualquier excusa es buena para avanzar por esta vía. Por eso los burócratas europeos, con Solbes a la cabeza, no pueden soportar que cunda el ejemplo español en Irlanda, Alemania y Francia. Eso significa menos poder para ellos.
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