D. Cristóbal Montoro ha declarado que el Gobierno español estaría de acuerdo con la "armonización" fiscal del tabaco en la Unión Europea, ya que el tabaco presenta unas "características especiales" al causar "perjuicios sociales muy amplios", por lo que "su consumo debe tener un gravamen relativamente alto". A renglón seguido añade que "la fiscalidad sobre el consumo de alcohol, de tabaco o de bienes y servicios perjudiciales para el medio ambiente no tiene una finalidad exclusivamente recaudatoria, sino también la disuasión de esa práctica de consumo". No obstante, consuela a los atribulados fumadores diciendo que el Gobierno es partidario de la gradualidad en el incremento en el impuesto “no sólo por la inflación, sino para no perjudicar en exceso la capacidad económica de los individuos”.
Es cierto que el tabaco presenta “características especiales”, porque se trata de un bien con una demanda muy inelástica, exactamente igual que el alcohol y los “bienes y servicios perjudiciales para el medio ambiente” –el Sr. Montoro se refiere seguramente a los carburantes. En otro caso no llevarían aparejado un impuesto especial, diga lo que diga el Sr. ministro sobre las intenciones “no sólo recaudatorias”. ¿Se imaginan uds. un impuesto especial sobre los huevos de gallina? La lógica ministerial también lo justificaría, porque su alto contenido en colesterol también causa “perjuicios sociales muy amplios”. Sin embargo, la demanda de huevos de gallina no es tan inelástica como la del tabaco, el alcohol o los carburantes, porque los huevos de gallina tienen mejores sustitutivos. Por eso aquí, la rastrera y mendaz excusa de la salud o el medio ambiente no sale a relucir, aunque será mejor no dar ideas.
Sin embargo, aun suponiendo que la finalidad del impuesto sea meramente disuasoria y no recaudatoria, ¿quién es el Gobierno para decidir, recurriendo al monopolio legal de la coacción y la violencia, qué hábitos de consumo deben ser incentivados o desincentivados? ¿Por qué un gobierno democrático tiene que inmiscuirse en asuntos tan privados? ¿No es una incoherencia tener derecho al voto y no tener pleno derecho a elegir lo que se consume, aun a costa de la propia salud? ¿Y no es ya el colmo del recochineo y del cinismo la “gradualidad” en el incremento del gravamen, para que el “sablazo” se note menos en el bolsillo del consumidor y no repercuta en el IPC?.
La mayor diferencia entre un ladrón y un recaudador de impuestos es la cínica pretensión benéfico-moral de este último. La ventaja del ladrón es que no nos humilla ni insulta nuestra inteligencia diciéndonos que nos roba por nuestro bien.
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