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Jesús Gómez Ruiz

Zufiaur y la conspiración del “gran capital”

En las páginas del diario “Cinco Días” del día 2 de enero, el eximio sindicalista y miembro del Comité Económico y Social Europeo, José María Zufiaur, denuncia una "auténtica cruzada ultraliberal" dirigida por el Banco Mundial, el FMI y la OCDE, cuyo objeto es "crear inseguridad respecto a los sistemas públicos de pensiones, para así incrementar los fondos de pensiones privados".

Para el señor Zufiaur, la propuesta de privatización de las pensiones formulada por el Servicio de Estudios del Banco de España no es más que un reflejo de esa conspiración de las fuerzas del mal que quiere destruir el Edén del sistema de "protección social", el único legado del régimen franquista que la izquierda y los sindicatos no se han dignado denigrar. Afirma --sin demostrarlo-- que los fondos de pensiones privados no aportan ninguna ventaja objetiva sobre el sistema de reparto. Como las afirmaciones gratuítas suelen ser poco convincentes, seguidamente extrae de la manga el sobado y mugriento as que siempre guardan los colectivistas y los enemigos de la libertad individual para cuando se ven acorralados en el plano argumental: puesto que con un sistema privado habría gente que no ahorraría lo suficiente, las calles se nos llenarían de parados, enfermos, accidentados, pobres, etc., por lo que es de todo punto necesario colectivizar los ahorros de toda la gente para "garantizar" que nadie se quede en la calle. Naturalmente, los criterios de cotización y reparto los dicta el Estado, a instancias de los "agentes sociales", porque el individuo es un completo irresponsable en la materia, y no actuaría de forma "solidaria" si no es a la fuerza.

Por desgracia, este tipo de retórica --que no argumentación-- tiene el efecto de una consigna hipnótica: inmediatamente paraliza y somete a quienes han sido educados en la negación de los propios intereses en aras del bien colectivo (¡como si ambas cosas fueran incompatibles!), esto es, quienes han sido educados en la máxima marxista "de cada uno según su capacidad, a cada uno, según sus necesidades".

Pero quienes no compartimos la fe ni la escatología marxista --más propia de un hormiguero que de una sociedad de seres humanos-- no podemos dejar de preguntar cuáles son las supuestas ventajas que ofrece un sistema de reparto sobre un sistema de capitalización. El sistema de reparto que practica la Seguridad Social no es más que el vulgar timo de la pirámide revestido del majestuoso manto estatal. Para que funcione, necesita una amplia base de cotizantes (primos), sólo posible con una población cuyo crecimiento vegetativo sea elevado --no es el caso español.. Además, se priva al cotizante de la disposición de sus cotizaciones hasta que le llegue la hora de la jubilación. Sus herederos, si muere antes de jubilarse, no cobrarán ni un duro.
Pero no crean que políticos y "expertos" dan su brazo a torcer. Según ellos, la solución está en la inmigración, esto es, en reclutar nuevos "primos" del extranjero para que la estafa no estalle. Según parece, es preferible afrontar los serios problemas de integración social y de convivencia que plantea una inmigración masiva, antes que reconocer que el sistema de reparto, además de ser una estafa, está abocado a la quiebra.

Demostrar estos extremos es bien sencillo: con más de siete millones de pensionistas y perceptores del seguro de desempleo y 15 millones de cotizantes, la proporción de subsidiados por trabajador activo viene a ser de 2 a 1. Si las cuotas a la Seguridad Social apenas bastan para hacer frente a las prestaciones del sistema en un momento en que la economía está en pleno auge y la población mayor de 65 años no es muy elevada, ¿qué sucederá cuando vengan las vacas flacas y la población haya envejecido como consecuencia de las bajas tasas de natalidad? Que tendrán que disminuir sustancialmente las prestaciones, porque si no se quiere recurrir al déficit y la hiperinflación, nadie querrá entregar la mitad de su sueldo a cambio de una promesa.

Un cotizante cuyo sueldo líquido en nómina sea de unas 90.000 pesetas al mes (poco más del salario mínimo interprofesional, el ejemplo que seguramente el señor Zufiaur presentaría), debe producir por valor de unas 125.000 ptas. Es decir, la diferencia entre lo que produce el trabajador y el líquido a percibir es de unas 35.000 ptas., luego al trabajador se le retiene casi el 30% de lo que sería su sueldo. Al ver estas cifras, alguien podrá pensar que la teoría de la explotación de Marx era correcta... y estaría en lo cierto si fuera el empresario quien se embolsase esas 35.000 pesetas. Pero no es el empresario quien se las queda, sino el Estado, a través de las cuotas a la Seguridad Social (no se practican apenas retenciones por IRPF a un sueldo tan bajo), a razón de unas 6000 pesetas por cuenta del trabajador y unas 29.000 por cuenta --se dice-- de la empresa.

Si se entregaran al trabajador esas 35.000 pesetas y éste las capitalizara a interés compuesto a un 5% de interés anual, en 30 años se encontraría con un capital de más de 32 millones de pesetas. No cabe duda de que si invirtiera en bolsa las cuotas, suponiendo una rentabilidad media anual del 10% (en los últimos 15 años, el valor medio de una inversión en bolsa se ha multiplicado por 10, o lo que es lo mismo, la rentabilidad media a interés compuesto ha sido del 16,6%), el trabajador dispondría en 30 años de unos 80 millones de pesetas. No es probable que la Seguridad Social entregue en prestaciones a este hipotético trabajador más de 25 millones de pesetas, suponiendo que viva hasta los 80 años después de la jubilación y que cobre unas 75.000 ptas. al mes de pensión (un millón anual en pensiones y 10 millones en cuidados médicos a lo largo de su vida). Si extrapolamos estas cifras al salario medio español (unas 200.000 ptas. al mes), los resultados son aún más escandalosos. Y es que hay una gran diferencia entre el consumo de capital --léase "protección social"-- y la utilización provechosa de éste.

La única conspiración mundial, señor Zufiaur, es la de los enemigos de la libertad y del ámbito privado de decisión, que necesitan pobres para afirmar su dominio, y si es preciso, los fabrican confiscándoles el fruto de su trabajo.

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