Si alguien no se ha dado cuenta de lo que mandan Bruselas, la Unión Europea y sus representantes, que se lo digan a Irlanda. Este país trata de resistir a las sugerencias, insinuaciones y sugerencias de los ministros de Economía y Finanzas para que modifique unos presupuestos que a los restantes estados parecen desleales, inadecuados e inconvenientes. Unos presupuestos que rebajan los impuestos cuando se viene registrando un alto riesgo de recalentamiento inflacionista de la economía nacional, y que, por lo tanto, rompen los esquemas que se deben aplicar en la Unión. Naturalmente, la soberanía irlandesa está en serios aprietos: les gustaría hacer lo que su Gobierno y su Parlamento han aprobado. Pero también ha aceptado unas reglas de juego que significan cesión de soberanía, cuyo cumplimiento ahora se le exige por los países socios de la Unión.
A España le sucede algo parecido con su acción de oro vigente en las empresas que fueron públicas y han sido privatizadas, por ejemplo, Iberia. El Gobierno español se resiste a que una empresa estatal extranjera (francesa, o portuguesa, u holandesa, por ejemplo) pretenda quedarse con su Endesa, su Telefónica o su Iberia. Pero, la normativa europea y sus criterios terminarán por imponerse y aplicarse. Son las reglas de un juego, que se llama liberalización globalizadora, que se aplica con firmeza por los comisarios de la Unión. Por algo se llaman comisarios, un término poco feliz y afortunado para los liberales españoles.
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