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Las nefastas consecuencias de la subida encubierta del Impuesto de Sociedades del Gobierno

La experiencia de EEUU desaconseja el deterioro del trato fiscal de las rentas obtenidas en el extranjero por empresas españolas.

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La experiencia de EEUU desaconseja el deterioro del trato fiscal de las rentas obtenidas en el extranjero por empresas españolas.
Sánchez limita la exención de los beneficios obtenidos en el extranjero | EFE

En el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo curso 2021, el gobierno de Pedro Sánchez ha incluido un modificación del artículo 21 de la Ley del Impuesto de Sociedades que, en caso de ser aprobada, limitará la exención por dividendos y plusvalías obtenidos en el extranjero, creando un problema de doble imposición.

En la actualidad, los dividendos y plusvalías obtenidas en el extranjero pueden ser repatriados a España sin necesidad de pagar ningún recargo tributario. Obviamente, estas rentas pagan los impuestos pertinentes en el país en el que se han generado. Por lo tanto, la exención vigente permite remitir esos dividendos y plusvalías a la matriz española sin que esta operación suponga ningún pago adicional ante el fisco de nuestro país.

Según un informe del Instituto de Estudios Económicos, reducir la exención del 100% al 95% tiene el efecto de elevar al menos 1,25 puntos el tipo abonado por las empresas españolas con actividad en el extranjero. Esta retención se multiplicaría por cada nivel de filial operativa. Se trata, pues, de una subida encubierta del Impuesto de Sociedades que genera una clara desventaja competitiva para nuestro sector privado.

El IEE destaca que "el incremento de la carga fiscal sobre dividendos y plusvalías obtenidos en el extranjero constituye una medida cuya única justificación es el incremento de la recaudación, pero su resultado es un aumento del componente fiscal del coste de capital, además de un problema de doble tributación en un contexto económico enormemente complejo y globalizado que, además, lidia con la crisis originada por el covid-19".

Así, desde el think tank que preside Íñigo Fernández de Mesa destacan que este tipo de modificación del Impuesto de Sociedades "supone una barrera a la internacionalización de las empresas, al crear una barrera fiscal a la actividad en el extranjero" y "distorsiona la retribución al accionista, creando una motivación fiscal a favor de retrasar la distribución de rentas obtenidas en el extranjero, a la espera de una nueva modificación tributaria que corrija esta medida".

No será de extrañar, pues, que muchas empresas españolas con actividad en el extranjero opten por canalizar sus dividendos y plusvalías hacia filiales foráneas ubicadas en países que no apliquen una doble imposición sobre tales rentas, evitando así que esos fondos vuelvan a suelo español y tengan un impacto directo en la actividad de las empresas matrices. Sánchez crea, pues, el incentivo perfecto para que los "paraísos fiscales" se conviertan en el depósito de esos fondos que, en caso de ser enviados a España, pagarían impuestos por partida doble.

De igual manera, tampoco debería sorprendernos que las empresas españolas aumenten su endeudamiento privado, puesto que puede resultarles más rentable emitir bonos que repatrian fondos obtenidos en el extranjero que, de acuerdo con los planes del gobierno de Sánchez e Iglesias, van a quedar gravados fiscalmente en el momento de su repatriación, a pesar de haber cumplido ya con las leyes tributarias del país en que han sido generados.

El caso de EEUU

La experiencia estadounidense es muy clara al respecto y demuestra que este tipo de recargo fiscal penaliza la operativa empresarial internacional. Durante años, mantener un escenario de no exención de estas rentas ha tenido el efecto de "cebar" la canalización de rentas globales hacia filiales con sede en jurisdicciones de impuestos bajos o incluso "paraísos fiscales".

Esta distorsión solo empezó a solventarse a partir de la reforma tributaria impulsada por Donald Trump y aprobada por el Congreso en 2017. Los estudios de la Reserva Federal estiman que las empresas estadounidenses acumulaban 1 billón de dólares en filiales extranjeras.

La mejora del tratamiento aplicado a la repatriación de estos fondos permitió que, solo en 2018, el sector privado del país norteamericano retornase 777.000 millones de dólares, que equivalen al 78% del total de fondos acumulados en el extranjero. Muchos de estos recursos permanecían a la espera en matrices con sede en jurisdicciones de impuestos bajos o directamente en "paraísos fiscales". Estos países sirvieron como "hub" para mantener estos fondos a la espera de una modificación tributaria como la que terminó sacando adelante el actual gobierno estadounidense.

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