En 2012, tras ser reelegido como presidente de Estados Unidos, Barack Obama declaró que la desigualdad económica era el principal reto de nuestro tiempo. Bajo su mandato, no obstante, la inequidad salarial y de riqueza no solo no fue a menos, sino que creció con fuerza. Si a esto le sumamos los millonarios acuerdos que ha suscrito Obama tras dejar el poder, no sorprende que el discurso igualitario del ex presidente despierte cada vez más recelo entre las bases de su partido.
Joe Biden acompañó a Obama durante todo su gobierno y mantuvo el mismo discurso en materia de desigualdad. Ahora, cuatro años después de su despedida como "número 2" de aquella Administración, el veterano político tiene todo a favor para ser el nuevo presidente del país norteamericano, si bien la ofensiva legal que está librando Donald Trump hace que aún sea pronto para dar por definitiva su victoria en los pasados comicios.
En cualquier caso, Biden ya se ha puesto manos a la obra y ha creado la "Oficina del Presidente Electo de Estados Unidos", algo así como un gabinete en la sombra con el que pretende coordinar la transición hacia un eventual mandato presidencial. En el marco de esta iniciativa, Biden ya está tomando posición en torno a diversos asuntos de actualidad, dejando entrever cuál sería su curso de acción en caso de ser investido presidente.
Uno de los temas que más debate está generando en el terreno económico es la posibilidad de que una eventual Administración del político demócrata opte por declarar una moratoria en el pago de la deuda asumida por aquellos estadounidenses que han pagado con financiación bancaria su paso por la universidad.
La iniciativa ya estuvo encima de la mesa en los años de gobierno de Barack Obama, pero no llegó a ser aprobada. Ahora, una coalición de 236 grupos de izquierda, entre los que figuran think tanks, ONG o sindicatos, pide a Biden que mueva ficha y cumpla con un "perdón" equivalente a 10.000 dólares. Otras figuras clave del Partido Demócrata, como los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, quieren que el monto sea aún mayor. Ambos pertenecen al ala más radical de la izquierda estadounidense y suenan como posibles integrantes de un gobierno de Joe Biden.
Como era de esperar, esta propuesta genera entusiasmo entre sus posibles beneficiarios, pero despierta un enorme recelo en otros ámbitos. No en vano, solo uno de cada tres estadounidenses ha completado estudios terciarios y, entre ellos, solo la mitad tiene algún tipo de deuda universitaria pendiente.
Si analizamos cuál es el importe medio del saldo vivo de crédito pendiente de pago, encontramos que apenas ronda los 17.000 dólares. Entre aquellos que han finalizado estudios de postgrado, este monto es de 45.000 dólares. Por comparación, el salario mediano para un licenciado universitario es de 100.000 dólares anuales, mientras que la formación de Máster eleva esta cifra a 117.000 dólares por curso, llegando a 142.000 dólares entre quienes han completado un Doctorado.
Se trata, pues, de porcentajes claramente asumibles por parte de estos ciudadanos y, tal y como ya se ha establecido, no hay que olvidar que estas obligaciones se corresponden apenas con la mitad de este segmento de la población, puesto que solo uno de cada dos estudiantes con formación terciaria se ha endeudado para pagar sus estudios.
Obviamente, en la medida en que los ingresos de estos ciudadanos son mucho mayores que el del resto de los estadounidenses, la propuesta que está estudiando el equipo de Biden tiene evidentes implicaciones en materia distributiva. Y es que, frente al ingreso mediano de 48.000 dólares que tienen los hogares cuyos integrantes no cuentan con estudios universitarios, las rentas que perciben los beneficiarios potenciales de esta medida son mucho más elevadas.
Es importante tener en cuenta, además, que dentro de ese 50% de universitarios que se endeuda, el 70% liquida su deuda entre los diez años. Por otro lado, también vale la pena señalar que los escenarios de mayor estrés financiero asociados a este tipo de endeudamiento suelen estar ligados a personas que no completaron sus estudios universitarios, para quienes las renegociaciones permiten vincular la deuda al nivel de renta obtenido en el mercado de trabajo, aliviando así las cargas financieras resultantes.
Así las cosas, tanto desde la derecha como desde algunos segmentos de la izquierda se está empezando a criticar la posibilidad de decretar una moratoria en este tipo de deuda, al entender que se trataría de una medida regresiva que beneficia a las rentas altas a base de encarecer el coste futuro de la financiación bancaria y, por esta vía, complicar el acceso a la formación superior a personas con menos ingresos. De hecho, si la moratoria se financia con dinero público, los trabajadores de rentas medias y bajas estarán subsidiando este perdón dedicado a los asalariados con mejor situación del mercado laboral.