Millones de trabajadores sin cobrar a tiempo la prestación, reventa de citas, agresiones en las oficinas de empleo... El colapso y el caos que la avalancha de ERTE ha provocado en el SEPE nos ha dejado estampas sobrecogedoras y hasta surrealistas en los últimos meses. De estas últimas, una de las más llamativas sucedió a principios de la pandemia, cuando a falta de conocer la dirección del domicilio de muchos de los afectados por este instrumento laboral, en el SEPE se les ocurrió adjudicarles la calle Covid-19 en su base de datos.
Este viernes, la Cadena Ser se hacía eco de este despropósito administrativo. Anteriormente, otros medios, como OkDiario, habían publicado hasta el testimonio de alguno de los beneficiarios por el ERTE que, teóricamente, residían en la pandémica calle, tal como les hacía saber el SEPE. El coordinador nacional del sindicato de funcionarios CSIF en el SEPE, Manuel Galdeano, confirma a Libre Mercado los hechos, aunque critica el carácter noticioso del asunto. "No es ninguna novedad, llevamos con ese tema desde marzo... así que no entiendo muy bien que sea noticia ahora", señala.
"Se puso calle Covid-19 por dos motivos: uno, porque así identificábamos a los que estaban en ERTE por la covid y, dos, porque prácticamente casi ninguno de los perceptores de esta prestación estaban inscritos como demandantes de empleo (requisito imprescindible para gestionar la prestación de cada uno de ellos) y no teníamos sus direcciones actualizadas", explica. Galdeano asegura estar cansado de que "sólo se hable del SEPE para los colapsos, cuando llevamos trabajando sin parar desde marzo haciendo horas extra y los fines de semana. Lo que ocurre es que no tenemos efectivos para sacar la enorme carga de trabajo que hay", denuncia.
Lo cierto es que, para tramitar los ERTE, desde el SEPE se le pedía a la empresa una fotocopia del DNI del empleado, donde viene su dirección, más otro tipo de datos, como, por ejemplo, la cuenta del banco. "No todas las direcciones de los DNI están actualizadas", justifica Galdeano, que insiste en que "con la saturación que teníamos sólo pensábamos en pagar y pagar". El portavoz del CSIF dice que "no se mandó ninguna carta a la calle Covid porque la calle Covid no existe. Eso era un trámite de gestión interno" con el que también se informaba a sus destinatarios. Desde el Ministerio de Trabajo aseguran a este periódico que desconocen cuántas de estas direcciones se rellenaron con la calle Covid-19 y en qué fecha.
El caos de los ERTE
Desde marzo, la gestión de los ERTE en España ha sido desastrosa. Las oficinas de empleo se desbordaron por aluvión de negocios que tuvieron que paralizar su actividad, tras la declaración del estado de alarma. Muchos, no pudieron prestar sus servicios a través del teletrabajo, por lo que se vieron obligados a cerrar a cal y canto. Ante esta situación y con cero ingresos, tuvieron que declarar un ERTE para sus empleados. Las oficinas de asesores y gestores denunciaban que no daban abasto con tanto trámite. "Estamos sin dormir", relataba una abogada laboralista a Libre Mercado. A finales de abril, los ERTE alcanzaban su pico máximo, con casi 4 millones de afectados, pero eran muchos los que no habían visto ni un euro de la prestación.
En mayo, el Gobierno se resistía a reconocer la realidad de los dramáticos testimonios de los ciudadanos que llevaban varios meses sin cobrar. Según los datos de Yolanda Díaz, sólo había 300.000 trabajadores que no habían recibido el dinero, mientras los gestores administrativos, los que están en el día a día de las empresas, destapaban que se les adeudaba a 900.000, el triple.
Otro tipo de errores se fueron sucediendo durante meses: ERTE pagados de más, ERTE invisibles… Hasta que se normalizaron los procesos y cobró prácticamente el 100%, según el Gobierno. Todavía continúan en ERTE 707.673 trabajadores en España y octubre amenaza otra vez con ser un caótico mes en el SEPE. El motivo es que las empresas han tenido que volver a realizar de nuevo todo el papeleo si querían beneficiarse de más exoneraciones a la Seguridad Social. Ya hay afectados que vuelven a denunciar impagos.