"El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 rebaja de 8.000 euros a 2.000 euros los límites anuales de aportación a sistemas de previsión social individuales y también a los del cónyuge. Esto afectará negativamente al conjunto de la ciudadanía y, en especial, a los trabajadores autónomos".
Así lo afirma una coalición de dieciocho asociaciones empresariales y profesionales, entre las que figuran patronales como CEOE y CEPYME, grupos sectoriales como la Asociación Española de Banca, think tanks como el Instituto de Estudios Económicos o federaciones como ATA, principal organismo representativo de los trabajadores autónomos. Se trata, pues, de un manifiesto sin precedentes, que agrupa a distintas organizaciones con el objetivo de frenar los planes del Ejecutivo de coalición entre PSOE y Podemos.
Según destacan las entidades en su comunicado, el total de españoles afectados por esta medida supera los 7,5 millones de personas, puesto que tal es el número de partícipes en planes de pensiones individuales. Por otro lado, hay casi 1 millón de trabajadores que cuentan con planes de previsión asegurados. No hablamos, pues, de una pequeña élite económica, sino de un grupo muy grande de ciudadanos que se van a ver directamente perjudicados.
El manifiesto destaca que el ahorro individual para la jubilación es muy necesario por tres grandes razones:
- "La primera de ellas es la estructura del mercado laboral español. El establecimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social, relegando a los sistemas individuales que tendrían un límite notoriamente inferior, es discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española. Afectaría especialmente a las más de 3,2 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social; así como a los empleados de las pymes, en las que el ahorro colectivo apenas está presente. Se debe posibilitar a toda esta población ocupada que queda fuera de la previsión social empresarial que pueda acceder a sistemas de previsión individuales en las mismas condiciones y requisitos que cualquier otro trabajador. El sistema individual seguirá siendo necesario e imprescindible para todos aquellos que, como los autónomos o los trabajadores de las pymes, no puedan acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas".
- "El segundo motivo por el que la reforma que propone el Gobierno puede tener efectos indeseados es la cuantía insuficiente de ahorro que se podría acumular dentro del sistema individual bajo los nuevos parámetros. A razón de 2.000 euros por año, un trabajador que no tuviera acceso a un plan de empleo podría acumular 80.000 euros si ahorra sistemáticamente durante 40 años de trayectoria profesional, más la rentabilidad que obtuviera este dinero. Si se prorratea este importe durante los 20 años de esperanza de vida que restan una vez alcanzada la edad de jubilación, el resultado es una cuantía media mensual insuficiente para complementar la pensión pública".
- "Un tercer elemento que hay que tener presente es la irregularidad de los ingresos del trabajo. Las crisis económicas son fenómenos cíclicos y se materializan varias veces a lo largo de la vida laboral de las personas, como demuestra la experiencia de las primeras dos décadas del siglo XXI. Por este motivo, debe permitirse a los trabajadores, especialmente aquellos que trabajan por cuenta propia, recuperar su capacidad de ahorro para la jubilación en los años en los que tienen estabilidad en sus ingresos. Los limites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral".
Las entidades firmantes del documento destacan que la experiencia internacional debe ser una referencia en la que debe mirarse España. Así, subrayan que "en prácticamente todos los países de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) existen estímulos fiscales al ahorro y se conceden incentivos fiscales adicionales para la promoción y desarrollo de sistemas de previsión social, tanto empresariales como individuales. La reducción drástica de la fiscalidad de los sistemas individuales en España contravendría la clara tendencia internacional y europea de estimularlos".
Por otro lado, el manifiesto también recuerda que, desde el punto de vista de la Hacienda Pública, la fiscalidad de los sistemas de previsión social supone "un mero diferimiento de la tributación. Es decir, su tratamiento fiscal no genera beneficios. La reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las aportaciones se compensa más adelante con la tributación como rendimiento de trabajo de las prestaciones. Por lo tanto, toda medida destinada a reducir ahora las deducciones fiscales por aportaciones a instrumentos individuales de previsión social complementaria derivará en una reducción de los ingresos fiscales del Estado en el medio y largo plazo".
Una histórica toma de posición
La lista completa de firmantes del manifiesto incluye a las siguientes entidades:
- ADECOSE (Asociación Española de Corredurías de Seguros y Reaseguros),
- AEB (Asociación Española de Banca),
- AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales),
- AMAEF (Asociación para la Mediación Aseguradora de Entidades Financieras),
- ASCRI (la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión),
- ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos),
- CECA (asociación bancaria de las cajas de ahorros y los bancos creados por ellas),
- CEOE (patronal empresarial española, que integra a más de 3 millones de empresas y autónomos a través de 4.500 asociaciones de base),
- CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa),
- Confederación Española de Mutualidades,
- Consejo General de Colegios de Mediadores,
- FECOR (Federación de Asociaciones de Corredores y Corredurías de España),
- Instituto de Actuarios Españoles,
- Instituto de Estudios Económicos,
- INVERCO (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Inversión),
- OCOPEN (Organización de Consultores de Pensiones),
- UNACC (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito),
- UNESPA (Unión Española de Aseguradoras y Reaseguradoras).
Se trata, pues, de una histórica toma de posición, que aglutina a casi una veintena de importantísimas asociaciones y entidades del sector privado y refrenda una censura generalizada a los planes del gobierno de España, cuyo castigo fiscal a las aportaciones a los planes de pensiones avanza en la dirección opuesta a las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales, que abogan por mejorar el tratamiento tributario del ahorro e incluir otro tipo de productos bajo dicho paraguas.