Han estado en todas, pero no se acuerdan de ninguna. El nacionalismo catalán emplea para la financiación autonómica una llamativa técnica: denunciar aquello que ellos mismos negociaron, pactaron y celebraron. Sería algo así como un arquitecto que criticase la estética del edificio que diseñó. El último, Gabriel Rufián, que acusa a Madrid de "dumping fiscal" y ha condicionado su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2021 a terminar con esa situación anómala. La solución, a partir de febrero, llegará dentro de un paquete de reforma de la financiación autonómica para acabar con la supuesta injusticia. Otra negociación más en la que tendrá una influencia decisiva el independentismo. Porque la pregunta no es si ERC participará o no en el diseño del nuevo modelo. Eso se da por supuesto. La pregunta es cuánto tiempo tardará ERC en denunciar el maltrato a Cataluña que supone el texto que ellos mismos pactaron.
Lo que no está claro es si Rufián y el resto de los actuales líderes del independentismo catalán han analizado, siquiera por encima, las derivadas de sus denuncias. Porque si es cierto que Cataluña está infrafinanciada, que Madrid se aprovecha del efecto capitalidad, que las reglas fiscales son injustas y permiten todo tipo de tropelías al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso... si todo esto es cierto, sólo hay dos opciones: sus compañeros de ERC (por no hablar de sus antecesores en el Gobierno catalán durante los años de Jordi Pujol) son o unos traidores al pueblo catalán o unos ineptos. No hay más opciones.
En el primer supuesto —traidores—, la explicación podría ser que vendieron a su región por un plato de lentejas, por unos puestos en el Gobierno catalán o para congraciarse con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. No parece un precio que debieran haber aceptado unos patriotas tan celosos del amor que profesan por su tierra. Pero si es verdad que pactaron esa financiación autonómica que tanto mal le está haciendo a Cataluña... ¿A cambio de qué sería? Porque no es que aceptaran a regañadientes algo que se les imponía desde arriba, es que lo acordaron, anunciaron y celebraron.
Esto es importante y no debemos olvidarlo: el actual modelo de financiación autonómica parte de una negociación bilateral entre la Moncloa y ERC en 2009. Eran los años del tripartito, del nuevo Estatut, de José Montilla y Josep-Lluís Carod-Rovira. Y los republicanos dieron muestras sobradas de su alegría, tanto por el pacto como por lo que suponía, por haber sacado todo lo que querían, por haber doblado la mano del Gobierno.
Por ejemplo, así lo anunciaba El Mundo, el 16 de julio de 2009:
Aprobado el nuevo modelo de financiación con la abstención de las comunidades del PP.
Cataluña, Andalucía y Baleares son las más efusivas tras la aprobación.
Muy diferente es la postura de Cataluña [diferente a la de Madrid, que mostró su malestar]. El conseller de Economía, Antoni Castells [miembro del PSC, pero que actuaba y hablaba en nombre del Gobierno tripartito], ha defendido en su intervención en el CPFF que el nuevo sistema no sólo es bueno para Cataluña, sino que también lo es para el conjunto de España. Castells ha celebrado que "por fin se haya podido llegar a este momento", tras un "largo" y "difícil" proceso de negociaciones, y ha valorado el acuerdo porque, con él, se cumple estrictamente el Estatuto de Cataluña y por el hecho de que se produzca un cambio de modelo y no un mero retoque de sistemas anteriores.
Ahora el Gobierno remitirá a las Cortes la reforma de la ley de financiación de las comunidades autónomas, que deberá ser refrendada por el Parlamento, donde no se esperan sorpresas, dado que además del apoyo del PSOE, contará con el voto favorable de, como mínimo, ERC e IU-ICV.
Pueden buscar otros periódicos. Todos coincidían en aquel momento en el mismo enfoque: el acuerdo fue alcanzado tras una negociación bilateral Gobierno-ERC. Y este partido se colgó una doble medalla: por haber sido clave en esa negociación y por haber arrancado toda suerte de concesiones al Gobierno central.
Quizás, pueda pensar Rufián, el problema es que les engañaron. Entonces vamos a la segunda opción: eran unos ineptos. Tenían la llave de la gobernabilidad, eran los socios preferentes del Gobierno de Zapatero y se fijaron como objetivo prioritario un nuevo sistema de financiación que garantizase para Cataluña más ingresos y menos aportaciones a la caja común.
En esa posición tan ventajosa, ¿pactaron un sistema terrible para Cataluña? Pues, si no fueron unos traidores dispuestos a vender a su tierra para hacerse una foto, sólo queda otra explicación: una mezcla de ingenuidad e incapacidad técnica que bordea la inutilidad más absoluta. Lo tenían todo a mano para buscar una financiación autonómica y una política fiscal favorable a Cataluña y no sólo no lo consiguieron, sino que, a tenor de las palabras de Rufián y del resto de líderes independentistas actuales, hicieron justo lo contrario: se lo pusieron a huevo a Madrid para que siguiera extrayendo recursos de su región. Y ahora, encima, ¡quieren volver a pactar con el mismo PSOE que les engañó en 2009!
Es cierto, hay otra tercera opción: las dos primeras alternativas son falsas, porque ERC (y antes que ellos, Jordi Pujol) sabía perfectamente lo que negociaba y sabía que el sistema de financiación era bueno para Cataluña y malo para Madrid. ¿El problema? Que la gestión de los sucesivos gobiernos nacionalistas desde 1980 ha sido muy mediocre y eso ha permitido que Madrid, a pesar de contar con unas reglas del juego que le perjudicaban, haya adelantado por la derecha a su región en casi todas las métricas económicas.
El problema es que esta tercera opción tampoco deja en buen lugar a Rufián y a sus compañeros. Sí como negociadores en Madrid (saben sacar a los gobiernos españoles todo tipo de privilegios), pero no como gestores en Barcelona: la región más rica en los primeros años de democracia ahora languidece lejísimos, en prácticamente todos los indicadores, de la autonomía madrileña.
También es verdad que esta última alternativa es la que encaja más con los datos conocidos. Viendo las cifras publicadas por los expertos (sobre todo, por Ángel de la Fuente, en Fedea, que es quien más se ha ocupado de este asunto), no sólo no puede decirse que Cataluña sale perjudicada respecto de Madrid, sino más bien al contrario: aporta menos a la caja común, tanto en términos absolutos como per cápita.
Al ser dos de las regiones del régimen común con una renta per cápita superior a la media, es lógico que sus impuestos por habitante también lo sean; como, además, son regiones con una elevada densidad de población (el coste del servicio público por habitante es menor), el resultado en ambos casos es deficitario. Es lo mismo que ocurriría en Cataluña si comparásemos lo que aporta Barcelona frente a las otras tres provincias. En realidad, es lo mismo que ocurre en todos los países del mundo: las regiones ricas pagan más impuestos y, a menudo, el coste per cápita de los servicios que reciben es menor porque ese coste se divide entre más población.
Pero, dicho todo esto, si algo llama la atención del caso español es la desproporción entre lo que aporta Madrid (el 68% de lo que ponen las tres regiones con saldo negativo) y lo que pone el resto. Sí, también Cataluña. Los consejeros de Economía madrileños siempre han denunciado que esta circunstancia se debe a un sistema de financiación mal diseñado (aquí, por ejemplo, una columna de José María Rotellar al respecto), pero también por el crecimiento económico (aquí, otra columna del mismo autor) que provoca que los madrileños tengan más empleo, sueldos más elevados y... como es inevitable, paguen más impuestos (en ocasiones, incluso, con tipos más bajos).