En un clima tensado por la insurrección empresarial y social de la hostelería, que no entiende las razones de la Junta para aplicar un toque de queda encubierto de dos horas y media (18:00 a 20:30) cuando se esperaba un trato similar al comercio, la Junta de Andalucía quiere que el Parlamento condene la coacción fiscal y financiera que aplica el gobierno de Pedro Sánchez a la comunidad andaluza con la ya famosa "armonización fiscal" que no es otra cosa que una "recentralización" y una concesión a los separatismos.
En este caso, va a ser el PP andaluz el que enarbole una proposición no de Ley en el Pleno del Parlamento del jueves próximo. En ella pide la defensa de la autonomía de Andalucía en una parte de la ordenación fiscal, como es la bajada de determinados impuestos lo que aumenta la competitividad de la región en cuanto a la obtención de recursos y facilidades de localización de empresas.
Sabido es que el gobierno de Pedro Sánchez, dependiente de Podemos y los separatismos vasco y catalán, quiere terminar con esa autonomía, muy acentuada en Madrid y algo menos en Andalucía, que es considerada por los separatistas, que guardan silencio sobre los fueros vasco y navarro, como una competencia fiscal desleal. De hecho, los separatistas y podemitas quieren acabar con políticas autonómicas fiscales que perjudican la hegemonía de sus regiones.
En vez de proceder a la armonización fiscal requerida aprobando las mismas rebajas fiscales, tratan de que ninguna región española pueda ser autónoma a la hora de fijar el nivel de impuestos que deben pagarse, pervirtiendo de ese modo el concepto de autonomía fiscal que rige en los diferentes Estatutos de Autonomía.
El PP andaluz quiere que sea formalmente el Parlamento andaluz, aprobando una proposición no de ley, el que invite a la Junta de Andalucía y los partidos que la sustentan, PP, Ciudadanos y Vox, a defender la autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas recogidos en la Constitución, en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y en el Estatuto de Autonomía.
En la proposición de la que informa Europa Press se pide el apoyo de la Cámara a todas las actuaciones de la Junta en materia fiscal que han pretendido rebajar la presión fiscal en Andalucía. Entre ellas cabe destacar la bajada del tramo autonómico del IRPF, la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en un 99 por ciento, la bajada en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales, o las bonificaciones fiscales para familias numerosas.
Quiere asimismo que el Pleno del Parlamento andaluz exija lealtad institucional al Ejecutivo central de modo que el Consejo de Política Fiscal y Financiera consensúe con las comunidades cualquier medida fiscal que pretenda imponer el Ministerio de Hacienda, por la coordinación de la regulación de los impuestos ecológicos.
Curiosamente, el PP andaluz quiere que unas declaraciones del expresidente Felipe González sean respaldadas por el Parlamento de Andalucía. González dijo que "ni ERC ni Bildu están interesados en un proyecto que fortalezca a España como espacio público compartido", que "no son interlocutores válidos" y que "representan el intento de romper la cohesión y la solidaridad entre españoles". Con ello, intenta presionar al PSOE andaluz que dirige Susana Díaz y que se vuelva al diálogo autonómico multilateral postergado por el bilateralismo de hecho con Cataluña y País Vasco.
También quiere que el Parlamento andaluz "repruebe la política recentralizadora de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como su falta de predisposición a reformar el lesivo" modelo de financiación autonómica actualmente vigente.
Respecto a los fondos necesarios para la reconstrucción regional tras la crisis de la covid 19 el PP-A considera en su proposición no de ley que se califique como "muy lesivo para los intereses de los andaluces la distribución realizada por el Ministerio de Hacienda del Fondo Covid para el ejercicio 2020, habida cuenta que Andalucía recibirá 2.199 millones de euros, lo que supone una asignación por cada andaluz de 261 euros", muy "lejos de la media española, que se sitúa en 340 euros por habitante".