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La prohibición de la caza en los parques nacionales da otro golpe a la España rural

La medida supone un gasto extra de 320 millones de euros que el Gobierno tendrá que abonar a los propietarios de las tierras.

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La medida supone un gasto extra de 320 millones de euros que el Gobierno tendrá que abonar a los propietarios de las tierras.
Un cazador en Castilla y León | Agencia ICAL

El pasado 5 de diciembre entró en vigor la nueva normativa que prohíbe la caza en aquellas fincas situadas dentro de los parques nacionales como el de Doñana, Cabañeros, Monfragüe, Sierra Nevada y Picos de Europa. La medida ya se recogía en la Ley de Parques Nacionales del año 2014, pero la misma norma dio de plazo seis años para adecuar la situación. Según el Organismo Autónomo Parques Nacionales se firmaron hasta 36 acuerdos, principalmente con los Ayuntamientos de las localidades afectadas. Al mismo tiempo, se requirió a los propietarios de las fincas formalizar acuerdos antes de llegar a la expropiación forzosa de los bienes y derechos.

Sin embargo, esta prohibición de la caza comercial y deportiva supone un gasto extra de 320 millones de euros que el Gobierno tendrá que abonar a los propietarios de las tierras en forma de indemnización, tal y como adelanta la Fundación Artemisan. Quizá lo más grave de la situación la sufrirán aquellos hosteleros y comerciantes que se beneficiaban del impacto económico generado por las cacerías en las localidades afectadas. No hay que olvidar que la caza genera 6.475 millones de euros al PIB de España y supone el mantenimiento de más de 189.000 empleos.

Los pueblos pequeños que se beneficiaban del trasiego de cazadores han lamentado esta medida. "Lo que más nos aportaba es el movimiento del personal, porque venían a comer y dormir en el pueblo", explica Javier Camarena, veterinario y vicealcalde de Horcajo de los Montes, a El Confidencial. El alcalde también explica que los guardas de estas fincas de caza corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo tras la prohibición de las actividades cinegéticas. La pérdida de estos puestos de trabajo supone que estas localidades queden aun más vacías y la supervivencia de la escuela y los negocios locales corran un mayor riesgo.

Por el momento, varios ayuntamientos y propietarios afectados están tratando de combatir esta normativa, que ya está en vigor con el respaldo de los grupos ecologistas. Por su parte, el Partido Popular ha presentado proposición de ley para dar una prorroga de tres años para que se pueda seguir cazando en estas fincas.

Aunque la caza deportiva y comercial han quedado prohibidas, no lo ha hecho el control de especies. Por tanto, y debido a la superpoblación de algunas especies en estas localidades, miles de ciervos serán sacrificados cada año para evitar que el problema siga creciendo, causando daños a los agricultores y generando accidentes de tráfico.

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