Aunque el artículo 31.1 de la Constitución española establece que el sistema tributario "en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio", lo cierto es que en nuestro país no existe tope legal que impida al Estado seguir detrayendo patrimonio del contribuyente. En otros países, sin embargo, sí.
Por ejemplo, en Alemania o en Francia un tributo se considera confiscatorio cuando impone una carga de más del 50% en la propiedad o en la renta a gravar. Quizá es por eso que en España ese 50% lleva implícita la barrera de la confiscatoriedad. O quizá es que por encima de ese umbral ya es difícil negar los excesos de Hacienda...
Con la llegada de 2021 y la entrada en vigor de los nuevos PGE, el Gobierno ha elevado la fiscalidad de los principales impuestos españoles. Entre la larga lista del sablazo de este año se encuentra una subida de dos puntos del IRPF para las rentas superiores a 300.000 euros. Este golpe a los más ricos del país ha elevado el tipo máximo del gravamen estatal hasta el 24,50%, que unido al gravamen autonómico ha disparado la fiscalidad del impuesto estrella de Hacienda hasta el 50% en muchas regiones. Es más, incluso ha superado esa barrera en los territorios que más presión fiscal ejercen sobre los más acaudalados.
Según los datos que ha facilitado el Registro de Economistas Asesores Fiscales a Libre Mercado, y con los últimos Presupuestos autonómicos actualizados, el IRPF máximo ha roto el umbral del 50% de la renta en Canarias, La Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana, que lidera el ranking. En otras regiones, como Asturias, Cantabria o Cataluña el Estado se queda exactamente con la mitad de la renta a partir de los 300.000 euros que ganan los contribuyentes.
Región por región
De la tarifa mínima a la máxima: así queda el panorama impositivo en cada región después de sumar la subida de Sánchez e Iglesias a la parte autonómica:
- Comunidad Valenciana: 19,5 – 54%
- Navarra: 13 – 52%
- La Rioja: 18,5 – 51,5%
- Canarias: 18,5 – 50,5%
- Asturias: 19,5 – 50%
- Cataluña: 21,5 – 50%
- Cantabria: 19 – 50%
- Aragón: 19,5 – 49,5%
- Extremadura: 19 – 49,5%
- Baleares: 19 – 49,5%
- País Vasco: 23 – 49%
- Andalucía: 19 – 48,2%
- Murcia: 19,3 – 47,6%
- Castilla La-Mancha: 19 – 47%
- Galicia: 19 – 47%
- Castilla y León: 19 – 46%
- Comunidad de Madrid: 18,5 – 45,5%
De las cifras anteriores se pueden extraer varias lecturas. Una primera es que Navarra es la que menos grava a las rentas bajas, con el 13%, pero es la segunda que más castiga a los más pudientes, con el 52%.
Dejando a un lado el particular sistema foral navarro, Madrid es la que menos grava tanto a las rentas más bajas, como a las más altas. Eso sí, acusar de paraíso fiscal a una región que aplica el 45,5% del IRPF a los más acaudalados de su territorio es más que cuestionable. Canarias también está entre las regiones que menos ingresos cobra a sus contribuyentes más humildes, pero es de las que más fiscalidad aplica a los más ricos.
Cataluña es un infierno fiscal para los que menos ganan y también está entre los que más penalizan a las rentas más altas. La palma se la lleva Valencia, que aplica el 54% a los ciudadanos que osen superar esos los 300.000 euros. En general, los tipos máximos del IRPF de todas las autonomías asestan una mordida importante al IRPF de los más ricos.
PSOE y Podemos pactaron elevar también la fiscalidad a las rentas de más de 130.000 euros, pero, en plena crisis del coronavirus no se atrevieron a llevarlo a cabo. El Gobierno justificó el golpe fiscal a las rentas de más de 300.000 euros en "dotar de mayor progresividad al impuesto", aunque también reconoció que solo afectaría al 0,07% de los contribuyentes, sencillamente, porque en España no hay tantos ricos como pretenden hacernos creer.