Impuestos a los centros comerciales, impuestos a las redes de telefonía, impuestos a la caza, impuestos a los activos de las empresas, impuestos a las viviendas vacías… A los gobiernos autonómicos no les falta creatividad a la hora de encontrar nuevas fórmulas recaudatorias. Así lo atestigua un demoledor informe que cifra en más de 80 el número de tributos aplicados por las distintas regiones españolas.
Según el estudio, elaborado anualmente por el Consejo General de Economistas y el Registro de Asesores Fiscales y del que se hizo eco recientemente el diario Expansión, el territorio con más tributos propios es Cataluña, donde se aplican diecinueve impuestos regionales que se deben sumar a los gravámenes nacionales y locales. No es de extrañar, pues, que el último Índice Autonómico de Competitividad Fiscal haya situado a Cataluña en la posición de cola del ranking de la fiscalidad regional.
En el extremo opuesto a Cataluña figura la Comunidad de Madrid, que solamente aplica tres gravámenes propios. Se trata del Impuesto sobre la Instalación de Máquinas en Establecimientos de Hostelería Autorizados, del Impuesto sobre Depósito de Residuos y de un Recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas.
Poca recaudación, pero muy concentrada
Se da la paradoja de que, a pesar de la proliferación de estos gravámenes, la recaudación total generada por los mismos es relativamente reducida y apenas asciende a 2.344 millones de euros, según datos de 2018, el último ejercicio con datos disponibles. En algunos casos, el coste de administración y gestión de tales figuras impositivas llega a superar los ingresos obtenidos.
Poniendo esos 2.344 millones en perspectiva, encontramos que apenas suponen un porcentaje minúsculo de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas: el 2,1%. En cambio, puesto que la incidencia de estos impuestos está muy concentrada, de modo que los sectores afectados sufren esta carga de forma desproporcionada, con el consecuente golpe a su actividad económica.
De todas las innovaciones fiscales creadas por las autonomías, la que exhibió un mayor poderío recaudatorio en 2018 fue la tasa sobre las estancias turística aplicada por Baleares. Dicho gravamen subió su aportación a las arcas públicas a un ritmo interanual del 46%. En el extremo opuesto estaría Galicia, que redujo un 24% lo recaudado por tributos propios tras reducir su canon del agua.