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El Gobierno también prohibirá pagar más de 1.000 euros en efectivo entre particulares y profesionales

Inicialmente, el proyecto de ley planteaba reducir dicho límite a 1.000 euros, pero sólo en el caso de las operaciones entre profesionales.

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Inicialmente, el proyecto de ley planteaba reducir dicho límite a 1.000 euros, pero sólo en el caso de las operaciones entre profesionales.
Nueva medida de Hacienda | Alamy

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado diversas enmiendas al Proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude que elaboró el Gobierno de coalición y que se encuentra actualmente en tramitación en la Cámara Baja, entre las que se encuentra una para prohibir los pagos en efectivo superiores a 1.000 euros también cuando sean de particulares a profesionales.

En concreto, la enmienda suprime el límite de 2.500 euros fijado en el Proyecto de ley para el supuesto de que el pagador sea una persona física y no actúe en calidad de empresario o profesional. Este límite de 2.500 euros es el vigente desde que en 2012 lo introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, y que también se viene aplicando a los pagos entre profesionales.

Inicialmente, con el objetivo de combatir la economía sumergida, el proyecto de ley impulsado por el Ministerio dirigido actualmente por María Jesús Montero planteaba reducir dicho límite a 1.000 euros, pero sólo en el caso de las operaciones entre profesionales, permitiendo seguir aplicando el límite de 2.500 cuando se trate de pagos de particulares. Sin embargo, ahora los partidos que conforman el Ejecutivo de coalición plantean rebajar el límite a 1.000 euros para los pagos en efectivo en los que "alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional", lo que afectaría a los pagos de particulares a profesionales.

Por otro lado, la enmienda establece, al igual que el Proyecto de ley, que el límite en el importe para poder pagar en efectivo será "de 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional", reduciéndolo desde los 15.000 euros actuales.

En cuanto a la sanción a quien incumpla estos límites, consistirá, según la enmienda, en una multa proporcional del 25% de la base de la sanción, que será la cuantía pagada en efectivo.

Otros grupos parlamentarios han presentado también enmiendas sobre los pagos efectivos en la misma línea que PSOE y Unidas Podemos para aplicar a los particulares el límite de 1.000 euros, como el Grupo Plural y ERC, que también abogan por rebajar a 5.000 euros el límite en el caso de las personas físicas con domicilio fiscal fuera de España, algo que también defiende Ciudadanos en una enmienda.

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