Los gestores administrativos llevan casi un año sin dar abasto por la cantidad de trámites burocráticos y administrativos derivados de la pandemia en los que se han visto envueltos sus clientes, que no son otros, que la gran mayoría de las empresas de España.
Podría decirse que los ERTE han sido la cruz de las gestorías, tanto por la oleada de expedientes a los que se han tenido que enfrentar, como por lo poco habitual que era hasta marzo operar con ese instrumento laboral. En todo este tiempo, desde el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos no han dudado en señalar todas las piedras en el camino que se iban encontrando día tras día. El colapso en el SEPE y algunas de las medidas del Ministerio de Trabajo les dieron motivos suficientes.
Tampoco hay que olvidar la polémica generada por el descuadre de cifras de ERTE impagados que hubo entre Yolanda Díaz y los gestores. Por ejemplo, el pasado mes de mayo, estos mismos destapaban que los ERTE sin cobrar eran el triple de lo que decía el Gobierno. Ayer martes, la patronal de las gestorías afirmó que sigue habiendo todavía 300.000 personas que no están ingresando la prestación pública que les corresponde, mientras que el Ministerio de Trabajo asegura que no le "consta" ningún impago.
"Si eso no es usurero, es casi usurero"
El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos daba este dato en un acto con los medios en el que presentó sus "25 propuestas para superar la crisis" que azota a España debido al coronavirus. Estas medidas se dividen en tres bloques: digital, laboral y fiscal.
Las medidas fiscales ocuparon más de la mitad de las propuestas. Y no es de extrañar, ya que ha sido la materia más olvidada por el Ejecutivo en estos meses. Entre las ideas principales destacan la de "diferir el pago de impuestos y cotizaciones sociales de las pymes, que lo requieran, hasta finales de 2021, sin intereses". Para el presidente del Consejo General, Fernando Santiago, "Hacienda roza los limites de la usura" cuando cobra un 3,75% de intereses de demora "en una época de intereses negativos" y en plena crisis. "Si eso no es usurero, es casi usurero. Este porcentaje no debe superar el 1,35%", propuso.
Plantean reducir el tipo del IVA a los sectores más perjudicados por la hibernación, como el sector hostelero, el hotelero y el transporte. Asimismo, creen que el Ejecutivo no debe incrementar la fiscalidad sobre combustibles (uno de los costes importantes para gran parte de sectores). Piden bajar el IVA de la energía y que queden exentas de impuestos todas las ayudas que se están aprobando para paliar los efectos negativos de la covid-19.
En este sentido, alertan de que, en 2021, Hacienda va a dar un gran susto a los afectados por un ERTE con la declaración de la renta. "Va a ser otra hecatombe porque el SEPE no ha aplicado en 2020 las retenciones y puede ser un desastre", vaticinó Santiago. Según sus cálculos, un trabajador con un sueldo de 22.000 euros brutos y 9 meses en ERTE tendría que pagar este año 1.400 euros a Hacienda por la declaración. "Eso, en un señor que está seco, que igual no ha cobrado todavía ni el ERTE, es horrible", apunta. Por eso, piden que los ERTE no sean considerados como dos pagadores.
También, proponen analizar bonificaciones y deducciones para personas y negocios afectados por la pandemia, como por ejemplo, en el impuesto de Sucesiones y Donaciones hasta un 99% a nivel Estatal para aquellas personas especialmente afectadas por la pandemia, con independencia de que la donación provenga o no de ascendientes, descendientes o cónyuges (que es donde existe la bonificación actualmente en algunas comunidades).
"Si un padre le da 20.000 euros a un hijo y a su pareja porque lo están pasando mal por la crisis, en Madrid, los 10.000 euros del hijo tributarían en 7 euros, pero los de la pareja, en 700 euros. Y eso en Madrid, en otras CCAA más. Tener que pagar un impuesto por una donación a alguien que no tiene para comer es vergonzoso", consideró.
25 propuestas para salir de la crisis
En materia laboral piden crear una Plataforma Especial en la cual todas las empresas suban sus datos sobre el ERTE al que se hayan acogido, para que cada organismo (SEPE, TGSS, Inspección, etc…) acceda a ella sin necesidad de que la empresa deba enviar la misma información a varios organismos, como sucede ahora. "No nos vale el vuelva usted mañana cuando estás hablando de prestaciones tan delicadas como los ERTE", apuntó Santiago. La descoordinación entre las distintas administraciones ha provocado muchos de los retrasos en el pago del instrumento laboral más utilizado durante la pandemia.
También piden juzgados de refuerzo para los ERTE, trámites más sencillos en todo el proceso y no derogar la reforma laboral ni subir el SMI. El motivo es que todavía hay 704.000 afectados en situación de ERTE, de los cuales "una cuantía muy importante acabarán siendo parados", vaticinaron, y a eso hay que sumarle "los 600.000 parados que hay desde hace un año". Aunque las estadísticas del Ministerio de Trabajo no lo considere así, "para nosotros los ERTE son parados porque cobran del erario público y no pueden trabajar aunque quieran", consideró Santiago.
Por último, claman por mejorar la digitalización de la Administración, que todavía sigue contando con muchas plataformas arcaicas y que son complicadas de usar. "Los recursos telemáticos caen en el ostracismo por las dificultados para acceder a ellos", aseguró el presidente del Consejo General.