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EDITORIAL

Gobierno okupa

Urge una reforma legal que proteja al propietario y castigue con contundencia a unos delincuentes tremendamente antisociales.

EDITORIAL
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"Grandes tenedores", "alternativa habitacional", "situación de vulnerabilidad": el Ejecutivo social-comunista se saca de la manga todo tipo de eufemismos para justificar su enésimo ataque a la propiedad privada. El pasado martes, en un Consejo de Ministros aparentemente inofensivo, se inventaron un nuevo concepto. Alberto Garzón salía a escena para aprobar la figura del "consumidor vulnerable", sandez tan inútil como su Ministerio de Consumo pero que no parecía excesivamente peligrosa. Nada más lejos de la realidad.

Un día después, en el BOE, la ocurrencia de Garzón se publicaba acompañada de una modificación del real decreto aprobado en diciembre que prohibía los desahucios hasta el fin del estado de alarma. Con este cambio, el Gobierno ha decidido avalar por la puerta de atrás la okupación de viviendas hasta que termine la pandemia. Hasta ahora se podían seguir ejecutando desahucios si había delito de okupación. Sin embargo, la nueva norma requiere que estos enemigos de la propiedad privada sean violentos para poder echarlos. Si para llevar a cabo el asalto a la vivienda no se ha producido "intimidación o violencia sobre las personas", no es que Sánchez e Iglesias no piensen castigar a los autores de un delito tan execrable: es que les acaban de dar su bendición.

El simple hecho de distinguir entre okupas violentos y pacíficos no deja de ser una burda artimaña. Toda okupación es violenta en sí misma porque destruye el derecho principal de las sociedades libres y prósperas: propiedad privada. Aun así, no deja de ser un escándalo que el Gobierno no considere violento dar una patada en la puerta de una casa ajena para invadirla. Si la vivienda está vacía –aunque sea de un particular– y el indeseable que se ha apoderado de ella es considerado "vulnerable" por los servicios sociales, podrá instalarse en ella sin temor a ser incomodado por el propietario. La carta blanca que acaban de expedir a los okupas convierte al Gobierno en cómplice de unas conductas profundamente egoístas y especialmente corrosivas de la convivencia, en las que incurrirán cada más vez parásitos que pretenden vivir del prójimo.

"Yo en los juzgados me encuentro de todo, pero trabajadores del McDonald's que han perdido su trabajo y son okupas no te encuentras; te encuentras al típico quinqui que no paga porque no quiere", relataba hace unos días un abogado especialista en derecho inmobiliario a Libre Mercado, revelando una cruda realidad de la todos teníamos ya fundadas sospechas. Por muy "extraordinario y temporal" que sea el carácter de la norma, el Gobierno ha cruzado una línea peligrosísima. Y el coronavirus no le servirá de excusa cuando se dispare todavía más la okupación, porque este tipo de delitos alcanzaron un nuevo récord histórico en 2019, con 14.621 denuncias, coincidiendo con la llegada al poder de PSOE y Podemos. Urge una reforma legal que proteja al propietario –más del 80% son particulares– y castigue con contundencia a unos delincuentes tremendamente antisociales.

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