El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes una batería de medidas que ha bautizado como "sociales" para paliar la grave crisis económica que azota a España debido a la pandemia. La mayoría de estas medidas son prórrogas de las ya existentes. Hay pocas novedades.
Una de las principales ha sido la ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo, una medida acordada con los agentes sociales que tendrá un coste cercano a los 5.000 millones de euros para las arcas públicas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha subrayado que la nueva prórroga de los ERTE mantiene básicamente el mismo esquema de protección a empresas y trabajadores vigente hasta el 31 de enero. No obstante, la norma simplifica los trámites para extenderlos en el tiempo, de forma que no se necesitarán nuevas autorizaciones administrativas.
Según el Gobierno, en la nueva prórroga se utilizan criterios objetivos "más generosos" para determinar los sectores considerados como ultraprotegidos, lo que ha dado lugar a la incorporación de nuevos CNAE, protegiendo a casi 50.000 trabajadores más. Así, se han incluido en este listado aquellas empresas cuya CNAE entre finales de abril y finales de diciembre no han recuperado la actividad en porcentaje inferior al 70% y con un porcentaje de afiliados cubiertos por ERTE mayor del 15%.
De la lista de 42 CNAE considerados 'ultraprotegidos' aprobada en la anterior prórroga ahora entran tres nuevos sectores y salen otros tres. Las nuevas actividades que se incorporan son campings y aparcamientos de caravanas, alquiler de medios de navegación, y actividades de mantenimiento físico. Salen, por contra, fabricación de alfombras, estirado en frío y fabricación de instrumentos musicales..
La prórroga mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo en su actual redacción, así como la prohibición a las empresas que hagan ERTE de despedir, interrumpir contratos temporales, repartir dividendos y realizar horas extraordinarias y externalizar actividad. Actualmente, hay 704.000 personas en ERTE en España.
Autónomos
Por otro lado, han aprobado la prórroga hasta el 31 de mayo de las ayudas vigentes para trabajadores autónomos acordada con sus asociaciones (ATA, UPTA y Uatae), aunque con algunas modificaciones.
La protección a este colectivo se seguirá articulando en torno a cuatro ayudas: la prestación por suspensión de actividad; la prestación compatible con la actividad cuando haya caída de ingresos; prestación extraordinaria para quienes no puedan acceder a las dos ayudas anteriores, y prestación para autónomos de temporada.
Pensiones
También, el Consejo de Ministros ha formalizado mediante la aprobación de un decreto ley la subida de las pensiones del 0,9% para 2021 ya prevista en la ley de Presupuestos (del 1,8% para las pensiones no contributivas), que ha tenido un coste de 1.454 millones de euros.
Escrivá ha explicado que éste será el último año que se lleve a cabo la revalorización de las pensiones sin una regla estable. Al respecto ha dicho que se está ultimando un acuerdo con los agentes sociales para establecer un mecanismo permanente de revalorización, que se llevará "muy próximamente" al Parlamento y que reflejará el mandato del Pacto de Toledo para mantener el poder adquisitivo de las pensiones conforme al IPC real.
Respecto a la subida de 2021, ha explicado que se han revalorizado el 0,9% un total de 9.811.126 pensiones contributivas, con un coste de 1.261 millones, y que han subido el 1,8% un total de 446.021 pensiones, con un coste de 46 millones. A esas pensiones se suman las 664.274 del régimen de las clases pasivas (empleados públicos), que también han aumentado el 0,9%, con un coste de 147 millones.
Alquileres
Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de los contratos de alquiler y la moratoria de las rentas de alquiler de vivienda en los aplazamientos o reestructuraciones de deuda para arrendatarios de grandes tenedores de vivienda hasta el final del estado de alarma (9 de mayo), en virtud del acuerdo alcanzado entre Unidas Podemos y PSOE en el seno del Gobierno de coalición.
Concretamente, la prórroga de los contratos de alquiler podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. Según adelantaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Fomento, esta medida solventa la "anomalía transitoria" de aquel inquilino que ve finalizado su contrato de arrendamiento y en un contexto de movilidad condicionada o reducida, y de actividad y rentas arrendaticias en el sector del alquiler afectadas por la crisis, debiera buscar activamente otra vivienda para arrendar.
En España el arrendador del 85% de las viviendas en alquiler es una persona física, y su vulnerabilidad, en su caso, ha de ser protegida en paralelo a la del arrendatario, garantizando el equilibrio entre ambas partes", subrayan desde Fomento.
En cuanto a la moratoria de la deuda arrendaticia, se regula una aplicación automática de la misma en caso de grandes tenedores, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos (excluyendo garajes y trasteros) o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, y empresas o entidades públicas de vivienda, hasta la finalización actual del estado de alarma.
De esta forma, se aplaza temporal y extraordinariamente el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.