La propiedad privada está bajo ataque en España. Las okupaciones ilegales de vivienda se han disparado en los últimos años, pero la reacción del gobierno no solo no ha protegido a los dueños de los inmuebles, sino que se ha movido entre la triste pasividad del PSOE y el lamentable apoyo a estas malas prácticas por parte de Podemos.
El think tank académico Europa Ciudadana ha estudiado esta cuestión en un informe que acaba de salir a la luz. Desde la entidad subrayan que "el derecho de la vivienda se ha convertido en un estandarte importante de una multiplicidad de movimientos políticos, sociales y culturales a nivel mundial, no sólo europeo. En este sentido, se invoca este derecho con reiteración e insistencia, de forma que se enarbola ya no sólo como reivindicación socioeconómica, sino que también se utiliza como elemento ideológico, de forma que se ha impregnado de una connotación política indudable, y que —como toda soflama o estandarte que pasa a ser de curso corriente— suscita en la opinión pública reacciones diversas y, en ocasiones, contradictorias e incluso antagónicas".
"Es imposible separar el derecho a la vivienda del derecho a la propiedad. Podría afirmarse que el conjunto de la legislación civil, registral e hipotecaria está referida a la tutela de la manifestación primigenia de la propiedad (…). Por esta razón, el derecho fundamental a la vivienda es muy relativo, y conviene deslindarlo y separarlo de matices demagógicos y populistas, en la medida en que su articulación como derecho fundamental de primer nivel, es decir, con una garantía reforzada para su tutela y salvaguarda, fue excluido por el constituyente, y tampoco se ha plasmado en una legislación efectiva, ni en España ni en la mayoría de los países de nuestro entorno. Esto es así, porque las consecuencias de su reconocimiento como derecho fundamental —a pesar de que explícitamente se recoge en algunos programas de formaciones políticas concretas e identificables— serían muy gravosas, no tan sólo para las arcas públicas, sino también en relación con la salvaguarda de la seguridad jurídica y del propio Estado de derecho", explica el autor del informe, el profesor de Derecho Constitucional y Derecho Comunitario de la Universidad Complutense José Carlos Cano Montejano.
Según explica, "en las actuales circunstancias, las situaciones de la ocupación ilegal de viviendas están provocando una gran desazón, no sólo entre los propietarios de viviendas, sino también respecto de esos ciudadanos que intentan cumplir con las obligaciones derivadas de sus particulares perspectivas y convicciones respecto de la vivienda, ya sea como arrendatarios o adquirentes hipotecarios, que les eleva a la posición jurídica singular de poder invocar su derecho al disfrute legítimo de un inmueble, al que pueden calificar legítimamente, y conforme a derecho, de su auténtico hogar".
Al menos seis meses de espera
"La realidad es que, en España, un proceso judicial por desahucio difícilmente desciende de los seis meses de duración, ya que aunque el procedimiento es sencillo, es necesario que la sentencia recaída adquiera firmeza —es decir, no sea susceptible de ulterior recurso—, para que se pueda proceder al efectivo lanzamiento, y siempre que la estrategia de defensa del precarista no haya sido compleja, algo que puede ocurrir en numerosas ocasiones, ya que en ese caso puede aumentar sustancialmente la duración de la resolución del procedimiento", recuerda Europa Ciudadana.
Los datos que aporta el think tank son demoledores: "Se puede constatar un progresivo y continuo incremento en el número de denuncias presentadas en España por ocupación ilegal de inmuebles: en 2015 fueron 10.376, en 2016 se elevaron a 9.998, en 2017 alcanzaron las 10.619, en 2018 fueron 12.214, y en 2019 se llegó a la cantidad de 14.621, siendo que en el primer semestre de 2020 se han presentado 7.450; es decir, en el plazo de cinco años se han incrementado prácticamente en un 50% este tipo de acciones civiles frente a la ocupación de viviendas. También es digno de reseñar la distribución territorial de las mismas, en la medida en que casi la mitad del total de demandas presentadas durante este primer semestre del 2020 lo fueron en Cataluña —3.611—, seguida por las que se interpusieron en Andalucía —1.183—, Madrid —657— y Canarias —566—, de manera que en estas cuatro Comunidades Autónomas se localiza algo más del 80% de todos los desahucios promovidos a nivel nacional en este primer semestre del 2020".
"Es muy ilustrativa también la comparativa entre el año 2015 y el 2019 por territorios: en Cataluña el incremento de demandas por desahucio en este plazo temporal prácticamente se ha duplicado —pasando de 3.950 a 6.688 demandas—, siendo la Comunidad Autónoma donde el aumento ha sido más llamativo, aunque la tónica general es de su crecimiento en prácticamente todas las CCAA Por provincias, Barcelona es la que más ocupaciones registra sumando 17.465 casos en los últimos seis años, lo que representa una tasa de denuncias por cada 10.000 viviendas de 66,90, por detrás están Tarragona, con una tasa de 52,8, Gerona con 49,19, y Sevilla con 41,82. Sin embargo, si se toma en cuenta el número total de viviendas respecto del total de ocupación ilegal, las provincias más afectadas serían Toledo, Islas Baleares, Barcelona y Granada, respectivamente. Todos estos datos ponen de manifiesto de forma unívoca el alcance y la gravedad del fenómeno de la ocupación de viviendas en nuestro país, y que se plasma no sólo en el incremento progresivo y continuo en las demandas de desahucio, sino también en el aumento y crecimiento de la ocupación subyacente, que es donde -en nuestra opinión- radica fundamentalmente el problema, ya que no se debe perder la perspectiva en el enjuiciamiento de la cuestión: la judicialización manifiesta el problema, pero la cuestión relevante es el ambiente proclive a una cierta permisividad en parte de la opinión pública y política respecto del fenómeno de la ocupación", concluye el estudio.
La alternativa holandesa
¿Qué alternativas cabe explorar? Europa Ciudadana subraya que la respuesta holandesa a la presión social en materia de vivienda ha consistido en responder a la escasez con medidas favorecedoras de la oferta: "Aprovechamiento de todos los espacios posibles para convertirlos en vivienda (incluyendo molinos de viento, construcciones abandonadas, lugares de almacenamiento de agua, etc.), transformación de zonas industriales y portuarias que han caído en desuso (tras la compleja tramitación administrativa para asignarles una nueva calificación urbanística), alteración en el uso de determinados edificios, como oficinas o zonas comerciales vacías, para su paso a función residencial, uso temporal de edificios vacíos…".