En 2010, dos años después del estallido de la crisis económica y bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se proyectó el centro penitenciario Levante II, en el que hasta la fecha se han invertido 14,5 millones de euros. Casi 11 años después del proyecto, la cárcel de Siete Aguas, como así se llama, no ha abierto sus puertas y no parece que vaya a hacerlo, al menos en el corto o medio plazo. Tampoco se conoce si estas instalaciones serán usadas para poder darle otro uso a este gran edificio a medio hacer. En total, se pretendía que este centro albergase a 1.194 presos y tuviera un presupuesto de 89 millones de euros.
Sin embargo, en 2012 la construcción quedó paralizada y ahora mismo el edificio es una mole de hormigón a medio terminar. El problema, tal y como cuenta Las Provincias, es que la seguridad se sigue pagando para evitar que el edificio sea okupado ilegalmente, atacado por los grafiteros o saqueado para llevarse las tuberías y demás materiales de valor que están al aire libre. Para evitar esto, se gastó en seguridad entre 2012 y 2017 unos 600.000 euros, o lo que es lo mismo 14.000 euros al mes. Según el diario provincial, solo en 2020 hubo que paralizar cerca de una decena de ataques contra el edificio tanto por parte de okupas como de ladrones.
El problema de este edificio está en su futuro, que no está nada claro. En 2019 se empezó a hablar de darle una segunda vida y una nueva utilidad creando un hospital psiquiátrico penitenciario. En estos momentos, parece que se está trabajando en esta segunda posibilidad, la de construir un hospital para enfermos mentales y dejar atrás la que iba a ser la segunda cárcel de Valencia. Sin embargo, la situación penitenciaria en la capital del Turia sigue siendo alarmante, ya que en la cárcel de Picassent existe un exceso de 600 presos. Precisamente, la prisión de Siete Aguas iba a ser destinada a aliviar la presión que existe sobre la mencionada cárcel.